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Gobierno enfrentado a un gran dilema con ley de naturalización
SANTO DOMINGO. El gobierno se encuentra en un gran dilema: buscar una Ley Especial de Naturalización, que logre satisfacer a la opinión pública nacional, las exigencias del gobierno haitiano, e incluso las demandas de organismos internacionales. Además, debe ser una iniciativa legal que respete el carácter irrevocable de la sentencia No. 168-13, dictada por el Tribunal Constitucional, que sienta los parámetros para otorgar la nacionalidad.
Las expectativas del país ahora se concentran en la Casa de Gobierno, de donde debe salir en los próximos días una propuesta legislativa que recoja el compromiso asumido en la declaración conjunta rubricada por República Dominicana y Haití el pasado martes.
Un elemento a tomar en cuenta es la actitud que frente a la ley adopten los legisladores, pues desde el Congreso Nacional se han levantado muchas voces en apoyo irrestricto, sin mediatizaciones, a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Ayer, el gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que dará a conocer en los próximos días cuál será la solución legal que presentará en el Congreso Nacional para los casos de inmigrantes que no estarían contemplados en el Plan de Regularización de extranjeros ilegales.
«Les informaremos lo que va a hacer el gobierno en ese sentido. ¿Está bien? No tengo una respuesta hoy», respondió el funcionario a los periodistas.
Recordó que se trata de «una nueva legislación… estamos discutiendo, estamos evaluando, y en los próximos días les informaremos».
Sin embargo, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, afirmó que no necesariamente sería una Ley de Naturalización, ni tampoco una Ley de Amnistía, pero no quiso ofrecer más detalles.
Además de reunir los requisitos señalados, la propuesta legal del gobierno deberá cumplir con el rol de «salvaguardar los derechos de los haitianos y sus descendientes», como se comprometió el martes en el encuentro de Juana Méndez.
Plan por Decreto
El gobierno, mediante el Decreto 327-13, emitido el pasado 29 de noviembre, instituyó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en el país.
El pasado 2 de diciembre, Montalvo prometió que «en las próximas semanas» el gobierno sometería al Congreso Nacional una Ley Especial de Naturalización, para quienes nacieron y demuestren arraigo en la República Dominicana.
El decreto establece que las personas que por razones legales no aplican para el Plan de Regularización, podrían optar por la naturalización.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.