Santo Domingo, R.D.-Diferentes sectores naci0nales han señalado ambivalencias que contiene la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha sido motivo de controversias.

Por esa razón, en menos ocho meses, desde que el presidente Luis Abinader la conviertiera en la primera ley correspondiente a este año, el pleno del Tribunal Constitucional ha conocido, dejado en estado de fallo, al menos nueve impugnaciones a ese texto legislativo.

De los principales artículos de esa ley que han sido atacados en esas impugnaciones, el número nueve detalla las atribuciones que tiene la DNI, como “investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público; contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial”.

Además, señala que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones; aunque estas se harán según lo establecido en este artículo, se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.

Según los dispositivos querellantes, esas disposiciones de la nueva ley del DNI violan varios artículos de la Constitución, siendo uno de los más nombrados el número 40, específicamente en su numeral 15 el cual indica que a nadie “se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.

los querellantes

Entre los querellantes ante el Tribunal Constitucional figuran la Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumejid Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocie, Mercedes Núñez, Carmen Orozco Martínez y Edward Ureña Ureña

También, los opositores Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo y Generación de Servidores.

Van a someter una modificación

Este miércoles se dio a conocer que la comisión que estudia la Ley 01-24 llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a cinco de los 39 artículos que componen ese texto legislativo.

Según el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, Persio Maldonado, se presentarán cambios a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de esa ley, buscando la corrección de “ambigüedades” que habían sido identificadas por varios sectores de la sociedad civil.

cdp pide a abinader sopesar vigencia de la ley

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, pidió al presidente Luis Abinader que al recibir los cambios sugeridos a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la evalúe con mucho cuidado porque esta debe estar acorde a la realidad y no puede afectar la libertad de expresión de los ciudadanos ni el derecho a la reserva de las fuentes de los comunicadores.

«Nosotros consideramos que el presidente de la República, ya que se le ha entregado en el día de ayer, esa documentación debe sopesar esas propuestas que se han hecho y consensuado con diferentes sectores», manifestó Henríquez.

El presidente del gremio periodístico subrayó que esa entidad aboga para que se respete la libertad de prensa de cada periodista dominicano, ya que es la única garantía que tienen estos profesionales para defender la democracia, difundir sus pensamientos y hacer más sólida la libertad de prensa y expresión.

«Hay algunos articulados de esta ley que deben estar bien específicos. No podemos dejar en una ley nada a la interpretación», dijo Henríquez.

Asimismo, apuntó que de esta manera se logrará mantener al pueblo bien informado con los datos confiables que puedan suministrar los periodistas durante su ejercicio en distintos medios nacionales y en las redes.

Aurelio Henríquez hizo referencia a la necesidad de revisar la ley 1-24 al ser cuestionado por Listín Diario sobre lo acordado por la Sociedad Dominicana de Diarios y el gobierno, que convinieron revisar varios artículos cuestionados por las ambigüedades que presentan.

En ese encuentro, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad de Diarios informó que se llegó a un acuerdo para someter al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio de esa ley, que satisfaga las inquietudes de los diferentes sectores de la sociedad.

El presidente del Colegio de Periodistas ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la que dio a conocer un convenio entre el gremio de los comunicadores y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), con el que buscan beneficiar a periodistas, comunicadores y técnicos de los medios de comunicación.

un convenio

Esta alianza establece que el UTEL otorgará una beca integral por cada 20 matrículas y le dará la oportunidad a profesionales de la comunicación que estén efectivas y activas de los beneficiarios al convenio, para que puedan cursar licenciaturas, maestrías y doctorados bajo la modalidad virtual.

Alessandra Díaz, líder de relaciones y cooperación internacional, indicó que tienen disponibles más de 20 licenciaturas, más de 20 maestrías y cuatro doctorados.

«Vamos ampliar el convenio que tenemos con ellos para brindarles más facilidades, mayores oportunidades para que los que son miembros del CDP accedan ahora no solo a las capacitaciones continuas, sino también a los programas profesionales», expresó Díaz.

Santo Domingo, R.D.-Expertos en derecho constitucional difieren sobre la necesidad de hacer el referéndum para poder reformar la Constitución de la República presentada por el presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional.

Unos juristas entienden que debe celebrarse un referéndum, mientras que otro grupo de expertos entienden que no es necesaria la realización del referéndum para tales fines.

Los profesionales del derecho constitucional hablaron en esos términos durante el panel “Análisis de la Reforma Constitucional”, celebrado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Servio Tulio Castaño Guzmán, director ejecutivo de la Finjus, quien fungió de moderador del panel, calificó el debate de interesante, técnico- jurídico fundamentalmente, pero que al final la clase política es la que tomará la decisión en la Asamblea Nacional.

En el panel se planteó que la fórmula que presentó el presidente Luis Abinader, sobre la reforma constitucional, fue sugerida por el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), doctor Milton Ray Guevara y que sus opiniones pesan mucho incluso para los juristas expertos en la materia que participaron en el referido panel.

Mientras que el jurista Julio Cury sostiene que si la enmienda toca de alguna forma las materias que prevé el artículo 227 constitucional obligatoriamente habría que celebrar referéndum.

Entiende que la regla del procedimiento no forma parte de un procedimiento, sino del proceso, al refrendar un artículo publicado por el experto constitucionalista Nasset Perdomo, el pasado miércoles en el periódico El Día.

En tanto que el jurista Cristóbal Rodríguez entiende que existen unos procedimientos en el marco de los cuales debe producirse la norma y desplegar la competencia.

Sostuvo que cuando se presentó la propuesta de reforma constitucional sugiere llevar a la cláusula del artículo 268, sobre la regla de dos periodo y nunca más, lo que hace en los hechos es crear dos norma relativa a los límites del alcance de la potestad de la competencia de reforma.

Señaló que esta no puede ser objeto de reforma, porque el órgano con competencia ordinaria para hacerlo no la puede reformar, y por tanto no se puede iniciar el proceso y por tanto no se puede activar la regla del procedimiento.

A juicio de Nassef Perdomo el artículo 272 de la legislación constitucional, poner un «candado» a la Constitución requeriría un referéndum para su ratificación.

«El establecimiento de un «bloqueo» constitucional (independientemente de la cuestión) es una modificación en el procedimiento de reforma porque establece nuevas reglas especiales para modificar un punto de la Carta Magna. Por lo tanto, para colocar el » lock», es necesario un referéndum», enfatizó el jurista.

Señaló que dicho artículo establece las circunstancias en que la reforma constitucional debe ser aprobada mediante referéndum y que uno de estos casos es el caso en el cual se modifica el procedimiento de reforma.

Mientras que Olivo Rodríguez Huerta sostiene que el referéndum que exige la Constitución cuando determinadas cuestiones están incluidas en la Constitución, es autónomo, previsto en el artículo 210 de la Carta Magna en materia de consulta popular.

El jurista afirmó que el referéndum necesario para una reforma constitucional efectiva tiene reglas específicas en el artículo 272 de la Constitución francesa. , estipula en sus párrafos, el plazo dentro del cual debe convocar la Comisión Central Electoral.

Rodríguez Huerta afirma además que ese es el régimen mínimo de participación para que pueda desarrollarse y surtir efecto, en términos de aprobación o desaprobación.

Santo Domingo, R.D.-Los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) manifestaron a la comisión bicameral que estudia la propuesta de reforma constitucional que para unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, como propone el Poder Ejecutivo, se necesitaría fortalecer los recursos tecnológicos utilizados en los procesos electorales.

El Pleno del organismo reveló que la celebración conjunta de los comicios requeriría un aumento en el número de colegios electorales, por lo que sería necesario implementar el sistema de voto automatizado o adquirir más equipos de escrutinio automatizado, (como el sistema de conteo de los votos utilizado en mayo), para completar con éxito el proceso.

Este jueves, la JCE presentó las implicaciones y necesidades de celebrar las elecciones en conjunto ante la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que propone reformar la Constitución.

La unificación de las elecciones representaría que se desarrollen nueve procesos de escrutinio, por lo que eso demoraría el mecanismo de cómputo de los resultados. En esa línea, se planteó la necesidad de eliminar el sistema del voto preferencial para los niveles de regidurías y vocalías.

El primer boletín de un proceso comicial conjunto sería (en base a la proyección del departamento de informática de la JCE) a partir de la 1:00 de la mañana, con cerca del 25 % de los centros computados.

Entre las necesidades de la administración electoral se encuentra la reducción de electores por colegio de 600 a 300, la instalación de casi 30,000 colegios electorales y ampliar el horario de votación (de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde).

La unificación también requiere una serie de modificaciones al marco jurídico que rige el sistema electoral dominicano que incluyen, además de la Constitución, la Ley 20-23 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.

Pleno hará informe

Senador Julito Fulcar.

Al finalizar la presentación de las implicaciones técnicas y logísticas para la unificación de las elecciones, Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral apoderada del proyecto, aseguró que en las próximas semanas tendrían una decisión. «A partir del lunes la comisión va a entrar en un proceso de discusiones internas y en una semana o un poco más vamos a tomar ya la decisión de redactar el informe final», dijo el senador.