MADRID. El Gobierno español considera que las declaraciones ante la Justicia de los parlamentarios secesionistas catalanes supone un regreso de todos ellos a la legalidad constitucional.
El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, mostró ayer esa convicción, en la misma jornada en la que abandonó una prisión madrileña la presidenta del Parlamento regional catalán, Carmen Forcadell, después de abonar una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares).
La medida de prisión eludible con fianza fue adoptada en la noche del jueves por un juez del Tribunal Supremo español contra Forcadell y otros cuatro diputados pertenecientes a la Mesa de la Cámara autonómica, donde el 27 de octubre fue aprobada una declaración unilateral de independencia, anulada por el Constitucional con posterioridad.
En el transcurso del interrogatorio, los parlamentarios secesionistas dijeron que esa declaración tuvo un valor únicamente simbólico, en absoluto jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas adoptadas ese mismo día de octubre por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Entre ellas figuraban el cese del Gabinete catalán y la disolución del Parlamento regional, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía – prisión incondicional – Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
Mientras los cuatro diputados disponen de una semana para abonar una fianza de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) y evitar la cárcel, Forcadell no pudo reunir anoche la cantidad requerida, mucho mayor, y entró en prisión, aunque a primera hora de la tarde de ayer en
España cumplió la exigencia y dejó la cárcel.
El juez Pablo Llarena, además de la fianza, le impuso la obligación de entregar su pasaporte en el Supremo, cosa que ya ha hecho su abogado y la obligación de comparecer de manera regular ante un juzgado.
A través de la red Twitter, Forcadell dijo que volvió a Barcelona “con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente, tras garantizar la liberad de expresión en el Parlamento”.
En cuanto a las declaraciones que los cinco hicieron en el Tribunal Supremo, suponen la constatación de que “la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad” en Cataluña, según el ministro Méndez de Vigo,
Esa misma idea ha sido subrayada por fuerzas defensoras de la vigencia de la Constitución, mientras los partidos secesionistas optaron por el silencio, mientras preparan las listas y los ejes de la campaña para los comicios regionales del 21 de diciembre.
Forcadell comparte abogado con el destituido vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, que está en prisión junto a otro siete exconsejeros desde la semana pasada, acusados de rebelión y sedición, los mismo delitos que la fiscalía atribuye a los parlamentarios secesionistas.
Los exintegrantes del Gabinete catalán están siendo procesados por la Audiencia Nacional, ya que – a diferencia de los diputados -carecen de protección jurídica especial, por lo que el abogado, Andreu Van den Eynde, pidió hoy al juez Llarena que asuma toda la causa en el Supremo
El letrado quiere esa medida para evitar una posible “disparidad de criterios inaceptable” entre ambos tribunales, que han adoptado decisiones distintas para los mismos delitos.
La fianza de Forcadell la ha pagado la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), que la acusada dirigió en el pasado y que este sábado, junto a otras entidades independentistas, ha convocado una manifestación en Barcelona.
La marcha tiene por objeto pedir la libertad de los exconsejeros del Ejecutivo catalán encarcelados, así como la de los líderes de dos asociaciones secesionistas, en prisión incondicional desde hace algunas semanas por sedición.