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Gobierno español celebra el regreso a la ley de los secesionistas catalanes
EFE
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
MADRID. El Gobierno español considera que las declaraciones ante la Justicia de los parlamentarios secesionistas catalanes supone un regreso de todos ellos a la legalidad constitucional.
El ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, mostró ayer esa convicción, en la misma jornada en la que abandonó una prisión madrileña la presidenta del Parlamento regional catalán, Carmen Forcadell, después de abonar una fianza de 150.000 euros (unos 174.000 dólares).
La medida de prisión eludible con fianza fue adoptada en la noche del jueves por un juez del Tribunal Supremo español contra Forcadell y otros cuatro diputados pertenecientes a la Mesa de la Cámara autonómica, donde el 27 de octubre fue aprobada una declaración unilateral de independencia, anulada por el Constitucional con posterioridad.
En el transcurso del interrogatorio, los parlamentarios secesionistas dijeron que esa declaración tuvo un valor únicamente simbólico, en absoluto jurídico, y mostraron acatamiento a las medidas adoptadas ese mismo día de octubre por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional.
Entre ellas figuraban el cese del Gabinete catalán y la disolución del Parlamento regional, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Según fuentes jurídicas, en su última declaración ante el juez, tras conocer las peticiones de penas de la Fiscalía – prisión incondicional – Forcadell y sus cuatro compañeros rechazaron la vía unilateral que hasta ahora habían seguido para defender la vía independentista en Cataluña.
Mientras los cuatro diputados disponen de una semana para abonar una fianza de 25.000 euros (unos 29.000 dólares) y evitar la cárcel, Forcadell no pudo reunir anoche la cantidad requerida, mucho mayor, y entró en prisión, aunque a primera hora de la tarde de ayer en
España cumplió la exigencia y dejó la cárcel.
El juez Pablo Llarena, además de la fianza, le impuso la obligación de entregar su pasaporte en el Supremo, cosa que ya ha hecho su abogado y la obligación de comparecer de manera regular ante un juzgado.
A través de la red Twitter, Forcadell dijo que volvió a Barcelona “con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente, tras garantizar la liberad de expresión en el Parlamento”.
En cuanto a las declaraciones que los cinco hicieron en el Tribunal Supremo, suponen la constatación de que “la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad” en Cataluña, según el ministro Méndez de Vigo,
Esa misma idea ha sido subrayada por fuerzas defensoras de la vigencia de la Constitución, mientras los partidos secesionistas optaron por el silencio, mientras preparan las listas y los ejes de la campaña para los comicios regionales del 21 de diciembre.
Forcadell comparte abogado con el destituido vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, que está en prisión junto a otro siete exconsejeros desde la semana pasada, acusados de rebelión y sedición, los mismo delitos que la fiscalía atribuye a los parlamentarios secesionistas.
Los exintegrantes del Gabinete catalán están siendo procesados por la Audiencia Nacional, ya que – a diferencia de los diputados -carecen de protección jurídica especial, por lo que el abogado, Andreu Van den Eynde, pidió hoy al juez Llarena que asuma toda la causa en el Supremo
El letrado quiere esa medida para evitar una posible “disparidad de criterios inaceptable” entre ambos tribunales, que han adoptado decisiones distintas para los mismos delitos.
La fianza de Forcadell la ha pagado la llamada Asamblea Nacional Catalana (ANC), que la acusada dirigió en el pasado y que este sábado, junto a otras entidades independentistas, ha convocado una manifestación en Barcelona.
La marcha tiene por objeto pedir la libertad de los exconsejeros del Ejecutivo catalán encarcelados, así como la de los líderes de dos asociaciones secesionistas, en prisión incondicional desde hace algunas semanas por sedición.
Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que «muy pronto» comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que vincula con el narcotráfico. Además, advirtió de las mismas consecuencias para cualquier país que produzca o trafique drogas hacia EE.UU.
«En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto», dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
FUERZAS ARMADAS DE EEUU ACTUARAN MUY PRONTO
El mandatario ya mencionó la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán «muy pronto» en tierra contra supuestos narcotraficantes de Venezuela y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad».
Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes.
ADVERTENCIA DE TRUMP A OTROS PAISES
Trump advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano «está sujeto a ataques», al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico.
«He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela», dijo.
FUERTES CRITICAS CONTRA GUSTAVO PETRO
En octubre pasado, el republicano también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como «líder del narcotráfico» y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.
Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de «grosero e ignorante con Colombia». También ha rechazado como «injerencia» el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.
an/am
WASHINGTON.- El secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro «no podrá burlarse de Donald Trump» si Estados Unidos retoma conversaciones directas con Caracas.
Aseguró que Maduro «rompió cada acuerdo que ha hecho» en la última década, incluidos los que —según él— negoció con la administración Biden.
Sostuvo que ese Gobierno accedió a liberar a sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico, así como a un colaborador financiero, a cambio del compromiso de celebrar elecciones libres y justas. «Nunca lo hizo. Les robaron las elecciones», afirmó Rubio a Fox News durante un análisis sobre la situación de Venezuela e Irán y la posibilidad de cambios de régimen en ambos países.
Según Rubio, «Maduro se burló de Joe Biden».
El secretario del Departamento de Estado republicano contrapuso ese escenario con lo que espera bajo el liderazgo de Donald Trump. «Ellos se burlaron de Joe Biden. No se van a burlar de Donald Trump», expresó en alusión a la firmeza que, a su juicio, tendría una eventual negociación encabezada por el expresidente.
Rubio describió a Trump como un líder dispuesto a dialogar «con quien sea», pero advirtió que tal apertura solo funciona «si del otro lado hay alguien con quien se pueda hacer un acuerdo». Aseguró que Trump ha hablado con Putin de Rusia, con Xi Jinping de China y con el presidente sirio; pero en el caso de Maduro, este ha roto todos los acuerdos alcanzados.
Insistió en que cualquier esfuerzo diplomático debe centrarse en impedir que Venezuela siga siendo —según dijo— un punto de apoyo para la influencia iraní y actividades contrarias a los intereses estadounidenses. «Si puedes traer estabilidad al hemisferio y evitar que Venezuela sea base de esas operaciones, sería ideal», señaló.
Aun así, subrayó que la principal dificultad no está en la voluntad de Washington, sino en la conducta del propio Maduro. «Ese es el problema fundamental», dijo. «No significa que no debamos intentarlo, pero no puedes confiar en él».
El presidente Donald Trump está dispuesto a revertir los estrictos estándares de ahorro de combustible de su predecesor Joe Biden, argumentando que la medida reducirá los precios de los automóviles, incluso cuando los críticos advierten que hará que los conductores paguen más en la gasolinera y acelerará el cambio climático.
El miércoles, Trump estará acompañado en la Oficina Oval por los directores ejecutivos de Ford y Stellantis, y un gerente de General Motors, para anunciar la reducción, con la presencia de los llamados «Tres Grandes» fabricantes de automóviles, lo que indica una aceptación crítica de la industria.
«Las regulaciones de eficiencia de combustible de Joe Biden habrían aumentado el costo de un vehículo nuevo en $1,000», dijo la Casa Blanca en X, y agregó que el restablecimiento de Trump ahorraría a los estadounidenses $109 mil millones.
ambientalistas respondieron
Los ambientalistas respondieron rápidamente, diciendo que la medida se destacaba incluso entre las muchas acciones anti-ecológicas de Trump debido a su impacto descomunal en los Estados Unidos dependientes del automóvil.
«Trump está demoliendo la medida más importante que cualquier nación haya tomado jamás para combatir el uso del petróleo, la contaminación que causa el calentamiento global y ayudar a los consumidores a ahorrar dinero en la gasolinera», declaró a la AFP Dan Becker, activista del Centro para la Diversidad Biológica que ha hecho campaña por políticas de vehículos ecológicos desde la década de 1980. «Esta es la gran medida».
El alcance total de la reversión no quedó claro de inmediato.
Pero la administración Trump ha señalado repetidamente su oposición a los aumentos de eficiencia promulgados bajo la administración Biden, que aumentó en un ocho por ciento para los años modelo 2024-2025 y en un 10 por ciento para 2026, con el objetivo de superar las 50 millas por galón para 2031.
En una propuesta de norma emitida en junio, el Departamento de Transporte de Trump argumentó que los funcionarios de Biden habían tenido en cuenta incorrectamente los vehículos eléctricos e híbridos al diseñar esos objetivos, diciendo que los estándares serían inalcanzables para los automóviles a gasolina y efectivamente forzarían un cambio en el mercado.
– La pelea por los vehículos eléctricos de Trump –
Trump ha criticado lo que él llama un «mandato» de vehículos eléctricos, un tema que lo ha puesto en desacuerdo con su intermitente aliado multimillonario Elon Musk, el CEO y mayor accionista de Tesla, que todavía tiene la mayor participación de mercado de vehículos eléctricos en los EE. UU. incluso cuando otras marcas están ganando terreno.
Los republicanos en el Congreso han derogado los créditos fiscales para las energías limpias en un importante proyecto de ley sobre impuestos y gastos, y han puesto la mira en la capacidad de California de establecer sus propios límites de emisiones de vehículos.
Pero aún no está claro si los ahorros derivados de la reducción de la inversión en vehículos eléctricos llegarán a los consumidores.
Si bien el abandono de los vehículos eléctricos permite a los fabricantes de automóviles retrasar o renunciar a miles de millones de dólares en nuevas inversiones, algunos de esos fondos se están destinando a nuevas iniciativas para agregar capacidad de construcción de automóviles en Estados Unidos a la luz de los aranceles de Trump.
reequipar fábricas
GM, por ejemplo, anunció en junio un gasto de 4.000 millones de dólares para reequipar fábricas en Michigan, Kansas y Tennessee.
GM, que ha dicho que espera un impacto arancelario de entre 3.500 y 4.500 millones de dólares en 2025, también ha otorgado una gran prioridad a la devolución del exceso de efectivo a los accionistas.
Gina McCarthy, ex alta funcionaria de Biden y Barack Obama, dijo que la medida en última instancia dañaría a la industria automotriz al retrasar su transición hacia vehículos eléctricos y empeorar el cambio climático.
«El resto del mundo seguirá innovando y creando coches más limpios que la gente quiera comprar y conducir, mientras nosotros nos vemos obligados a permanecer sentados en nuestros viejos coches, pagando más por la gasolina y emitiendo más emisiones».