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Prioridades del Gobierno para este cuatrienio
Santo Domingo, R.D.-El Cuadragésimo Sexto Consejo de Gobierno del cuatrienio 2024-2028 puso sobre la mesa sus objetivos de cara al periodo mencionado en el que la vicepresidenta Raquel Pena y el presidente Luis Abinader, junto a los demás miembros del tren gubernamental, conformado por ministros y directores de las instituciones publicas, declararon de 10 a 12 iniciativas oficiales en la referida categoría.
El Gobierno coloca sobre la mesa sus objetivos de cara a este cuatrienio (2024-2028). Lo hizo ayer durante el cuadragésimo sexto Consejo de Gobierno, que encabezó el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional, junto al tren gubernamental, conformado por ministros y directores.
La aspiración principal del Gobierno es posicionar a República Dominicana en la senda de ser una sociedad desarrollada para el 2036. Para ello, según el funcionario, se comenzará por el sector salud, elevando la esperanza de vida de los dominicanos de 75 años a 77 en 2028.
Esto estará combinando con otra meta, una que gira en torno a un problema con el que el país ha lidiado durante décadas: las muertes por accidente de tránsito. El Gobierno se ha trazado la reducción de ese flagelo, así como la mortalidad infantil.
Otro objetivo prioritario es disminuir el déficit habitacional de 21% a 14%, con una “fuerte inversión” en servicios de agua potable, saneamiento, energía, y reconstrucción de viviendas, de acuerdo con Luis Madera.
También introducir una política integral de seguridad ciudadana que, en palabras del viceministro, “garantice mantener por debajo de dos dígitos, específicamente hasta llevarlo a ocho por cada cien mil habitantes la tasa de homicidios en el país, en una de las tasas más bajas de toda la región”.
Para lograr esto, según explicó Luis Madera, el Gobierno se ha propuesto aumentar el producto interno bruto (PIB) per cápita de las personas, al pasar de US$11,300 en 2023 a US$15,000 en 2028, lo que podría generar un incremento en el empleo formal.
La aspiración a largo plazo es que el país pueda pasar por primera vez a una economía en la que más del 50% de los empleos sean formales. De momento, la informalidad laboral es mayor, con un 55.3%, según datos oficiales del Banco Central.
“Esto es una sociedad donde podamos disminuir la pobreza rural de 20% a 10%, con fuertes inversiones en vivienda y en temas de productividad. Todo esto también contando con todo el tema del cambio climático, disminuyendo de 25% a 15% los hogares con vulnerabilidad ante choque del cambio climático”, añadió.
Con estas metas, se estaría “garantizando un Gobierno” lo más efectivo posible, de acuerdo con el viceministro. Esto, además, podría aumentar el indicador de efectividad del Estado que mide el Banco Mundial.
En el Consejo de Gobierno, que duró cerca de dos horas, se reafirmaron las nuevas herramientas de evaluación de desempeño institucional, al igual que las formas que se han diseñado para concretizar esas metas “prioritarias”, según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
Luis Madera profundizó sobre ese tema, al explicar: “Tendremos un conjunto de herramientas tanto para el seguimiento como para el monitoreo, comenzando por Consejos de Ministros trimestrales, para medir el seguimiento y monitorear el seguimiento de las metas que tenemos que ir alcanzando cada tres meses”.
También se presentó la primera estrategia nacional de integridad y anticorrupción, de la que ya la Dirección General de Ética Gubernamental ha suscrito un acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, indicó Paliza.
El ministro de la Presidencia adelantó que a partir de la próxima semana esa institución hará descensos a los diferentes ministerios y direcciones, con la intención de conversar con cada uno de los titulares y sus equipos de planificaciones, a fin de conocer el estatus en el que se encuentran los vectores que más deben ser priorizados.
“Visitaremos al Ministerio de Educación con quien hemos hecho las coordinaciones de lugar para poder tener la primera reunión de trabajo con los respectivos equipos de planificación de ambos ministerios y de otras instituciones gubernamentales”, anunció Paliza.
Consejo de Gobierno en Higüey
El cuadragésimo séptimo Consejo de Gobierno se hará el próximo sábado 30 a las 11:00 de la mañana y tendrá lugar en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, informó el ministro de la Presidencia.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.