Nacionales
Prioridades del Gobierno para este cuatrienio
Santo Domingo, R.D.-El Cuadragésimo Sexto Consejo de Gobierno del cuatrienio 2024-2028 puso sobre la mesa sus objetivos de cara al periodo mencionado en el que la vicepresidenta Raquel Pena y el presidente Luis Abinader, junto a los demás miembros del tren gubernamental, conformado por ministros y directores de las instituciones publicas, declararon de 10 a 12 iniciativas oficiales en la referida categoría.
El Gobierno coloca sobre la mesa sus objetivos de cara a este cuatrienio (2024-2028). Lo hizo ayer durante el cuadragésimo sexto Consejo de Gobierno, que encabezó el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional, junto al tren gubernamental, conformado por ministros y directores.
La aspiración principal del Gobierno es posicionar a República Dominicana en la senda de ser una sociedad desarrollada para el 2036. Para ello, según el funcionario, se comenzará por el sector salud, elevando la esperanza de vida de los dominicanos de 75 años a 77 en 2028.
Esto estará combinando con otra meta, una que gira en torno a un problema con el que el país ha lidiado durante décadas: las muertes por accidente de tránsito. El Gobierno se ha trazado la reducción de ese flagelo, así como la mortalidad infantil.
Otro objetivo prioritario es disminuir el déficit habitacional de 21% a 14%, con una “fuerte inversión” en servicios de agua potable, saneamiento, energía, y reconstrucción de viviendas, de acuerdo con Luis Madera.
También introducir una política integral de seguridad ciudadana que, en palabras del viceministro, “garantice mantener por debajo de dos dígitos, específicamente hasta llevarlo a ocho por cada cien mil habitantes la tasa de homicidios en el país, en una de las tasas más bajas de toda la región”.
Para lograr esto, según explicó Luis Madera, el Gobierno se ha propuesto aumentar el producto interno bruto (PIB) per cápita de las personas, al pasar de US$11,300 en 2023 a US$15,000 en 2028, lo que podría generar un incremento en el empleo formal.
La aspiración a largo plazo es que el país pueda pasar por primera vez a una economía en la que más del 50% de los empleos sean formales. De momento, la informalidad laboral es mayor, con un 55.3%, según datos oficiales del Banco Central.
“Esto es una sociedad donde podamos disminuir la pobreza rural de 20% a 10%, con fuertes inversiones en vivienda y en temas de productividad. Todo esto también contando con todo el tema del cambio climático, disminuyendo de 25% a 15% los hogares con vulnerabilidad ante choque del cambio climático”, añadió.
Con estas metas, se estaría “garantizando un Gobierno” lo más efectivo posible, de acuerdo con el viceministro. Esto, además, podría aumentar el indicador de efectividad del Estado que mide el Banco Mundial.
En el Consejo de Gobierno, que duró cerca de dos horas, se reafirmaron las nuevas herramientas de evaluación de desempeño institucional, al igual que las formas que se han diseñado para concretizar esas metas “prioritarias”, según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
Luis Madera profundizó sobre ese tema, al explicar: “Tendremos un conjunto de herramientas tanto para el seguimiento como para el monitoreo, comenzando por Consejos de Ministros trimestrales, para medir el seguimiento y monitorear el seguimiento de las metas que tenemos que ir alcanzando cada tres meses”.
También se presentó la primera estrategia nacional de integridad y anticorrupción, de la que ya la Dirección General de Ética Gubernamental ha suscrito un acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, indicó Paliza.
El ministro de la Presidencia adelantó que a partir de la próxima semana esa institución hará descensos a los diferentes ministerios y direcciones, con la intención de conversar con cada uno de los titulares y sus equipos de planificaciones, a fin de conocer el estatus en el que se encuentran los vectores que más deben ser priorizados.
“Visitaremos al Ministerio de Educación con quien hemos hecho las coordinaciones de lugar para poder tener la primera reunión de trabajo con los respectivos equipos de planificación de ambos ministerios y de otras instituciones gubernamentales”, anunció Paliza.
Consejo de Gobierno en Higüey
El cuadragésimo séptimo Consejo de Gobierno se hará el próximo sábado 30 a las 11:00 de la mañana y tendrá lugar en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, informó el ministro de la Presidencia.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.