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Durante emergencia regional Gobierno ha abierto procesos por casi 2,000 millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-El pasado 12 de abril, el presidente Luís Abinader declaró «estado de emergencia regional para Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional».
Desde esa noche hasta la fecha, el Gobierno ha abierto unos 45 “procesos de excepción” en búsqueda de solucionar los “daños significativos en la agricultura, las infraestructuras, viviendas y otros sectores” generado por “las torrenciales lluvias” de ese fin de semana.
De acuerdo con los datos suministrados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), los 45 procesos (ubicados en diferentes procesos, incluido procedimiento desierto) reportan un monto de RD$1,871,446,688.88.
Sin embargo la institución cuyos procesos ascienden a un monto mayor es el Servicio Nacional de Salud (SNS) que, en tan solo dos enmiendas, reportan una cifra de RD$441,663,149.64.
Ambos procesos están supuestos a ser adjudicados entre el 15 y el 16 de junio.
Tanto el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) como la Dirección General de Desarrollo Comunidad han abierto unos 10 procesos bajo la emergencia dispuesta en esas zonas por el presidente Luis Abinader.
De 10 procesos del Mivhed, los cuales ascienden hasta a RD$350,594,852.16, el más valorado es la adquisición de materiales y herramientas para la reparación de las viviendas afectadas en las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, el Distrito Nacional y Santo Domingo cuyo monto es de RD$248,198,923.20. El mismo fue adjudicado el pasado 13 de mayo.
Los 10 procedimientos abiertos desde la Dirección General de Desarrollo Comunidad ascienden a RD$29,493,956.85; siendo el que más dinero conlleva es el de adquisición de materiales ferreteros para la ejecución de acciones de reparación de viviendas en el marco del programa de intervención comunitaria de emergencia y recuperación temprana.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional ha abierto unos nueve procesos, los cuales ascienden hasta RD$214,644,327.88. El de monto más elevado fue la reconstrucción de la verja perimetral del cementerio cristo redentor, solución de drenaje pluvial afectado, y estabilización del suelo, con obras complementarias; el mismo, supuesto a ser adjudicado a finales de junio, está valorado en 50 millones de pesos.
La emergencia regional
Cuando el mes pasado, el mandatario hizo la declaratoria de emergencia regional, el mismo señaló en la disposición gubernamental que la misma se debe a los daños y afectaciones causadas por “las torrenciales lluvias” de ese fin de semana por una vaguada asociada a un sistema de baja presión que impactó parte del territorio nacional, generando “daños significativos en la agricultura, las infraestructuras, viviendas y otros sectores”.
El artículo dos de ese decreto señala que El Poder Ejecutivo, mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad, podrá modificar la calificación de la situación del presente decreto y las disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas.
Lo que implica que hasta tanto exista otro decreto que declare la normalidad de la situación, la declaratoria de emergencia se mantiene en vigencia.
“Ciertamente, la situación se mantiene hasta que se dicte otro decreto disponiendo el retorno a la normalidad, para lo cual hay que esperar el informe de las mismas autoridades que la recomendaron”, fue lo expresado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, al ser consultado por el LISTÍN DIARIO la pasada semana.
El informe, al que se refiere el consultor, debe ser elaborado por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), la institución que de acuerdo con lo comunicado por la Presidencia de la República en esa oportunidad fue la que le presentó al Poder Ejecutivo el nivel de los daños y las afectaciones ocasionadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión en varios niveles de la troposfera, combinada con un alto contenido de humedad, que impactaba, en ese momento, el territorio nacional.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.