Azua.- Más de trescientos jóvenes estudiantes de diferentes centros educativos y universidades de Azua se reunieron con en un almuerzo-encuentro con el presidente Luis Abinader.
Esta es la segunda ocasión en que el mandatario participa en un encuentro de este tipo, como parte de una serie de actividades desarrolladas en distintas provincias del país, con el objetivo de acercar las políticas públicas a las nuevas generaciones.
Durante su intervención, el mandatario destacó el interés del Gobierno en crear espacios de conversación directa, donde los jóvenes no solo puedan plantear sus inquietudes, sino también conocer las múltiples oportunidades que tienen a su disposición.
Abinader hizo un resumen de las principales políticas públicas del Gobierno, enfocadas en romper el círculo vicioso del subdesarrollo a través de la mejora en áreas clave como la educación, salud, seguridad ciudadana e infraestructura.
“Nuestro objetivo es cambiar ese círculo vicioso del subdesarrollo a un círculo virtuoso del desarrollo”, señaló el mandatario.
En ese sentido, destacó importantes avances en Azua, tales como la inauguración de tramos del canal Ysura que duplicará la disponibilidad de agua para los agricultores, la apertura de nuevos centros educativos y la instalación de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la provincia.
Asimismo, anunció planes para instalar una sede del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), resaltando que el 95 % de sus egresados consiguen empleo inmediatamente, lo cual representa una gran oportunidad para los jóvenes de la región.
En materia de salud, el presidente mencionó la construcción del primer hospital traumatológico del sur y del nuevo hospital pediátrico neonatal, así como la finalización de obras viales como la circunvalación de Azua.
Nueva línea de transmisión eléctrica
Más adelante, el mandatario encabezó la inauguración de una nueva línea de transmisión eléctrica de 138 kv en el Cruce de Ocoa, como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el sistema energético nacional y garantizar un servicio más eficiente a la población.
Durante el acto, el mandatario destacó que esta obra permitirá una mayor estabilidad y capacidad de distribución eléctrica en la región sur, beneficiando a miles de hogares y comercios, además de apoyar el desarrollo productivo local.
La infraestructura fue ejecutada por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y forma parte del plan integral para modernizar la red eléctrica del país, reducir las pérdidas y asegurar la sostenibilidad energética.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos señaló que está linia marca la calidad del servicio eléctrico y la confiabilidad. Destacó que vienen otros proyectos que continuarán fortaleciendo y desarrollando de manera integral el servicio eléctrico para la región sur.
Martín Robles Morillo, administrador general de la ETED, destacó que esta obra supera los RD$293,000,000. Explicó que la nueva línea, de 24 kilómetros de longitud, aislada a 138 kV, “contempla 97 apoyos, 73 torres reticuladas de acero galvanizado y 24 postes metálicos.
Polideportivos en Estebanía y Las Charcas
Al final de la tarde, el jefe de Estado también dejó inaugurados dos polideportivos, uno en el municipio Las Charcas de Azua y el otro en el distrito municipal Estebanía. Todo esto como parte del compromiso del presidente Abinader con el impulso al deporte y la recreación en todo el país.
Estas nuevas infraestructuras deportivas permitirán a jóvenes y adultos desarrollar actividades físicas en espacios adecuados, fomentando la sana convivencia y el desarrollo integral de las comunidades.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Canaán es testigo clave en el caso de una presunta red sometida a los tribunales por un fraude de casi 16,000 millones de pesos en la ARS estatal. El fiscal fue arrestado mediante una entrega controlada autorizada por la jueza Ysis Muñiz.
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Además de Hazim, están tras las rejas Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
Asimismo, indicó que los aplazamientos debidos a condiciones de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la defensa, derechos del personal procesal y la alta carga de trabajo de los despachos judiciales tampoco son imputables al Ministerio Público.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
«No se puede pretender alegar la extinción de la acción penal invocando el paso del tiempo, cuando ha sido la propia conducta procesal de la defensa la que ha provocado los aplazamientos mediante recusaciones infundadas e incidentes estériles», acotó el fiscal ante el tribunal.
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República,afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Reynoso explicó que estas expresiones comunicativas carecen de intención dolosa cuando su contenido es claramente reconocible como una obra de creación o ficción que no busca engañar al público con fines ilícitos ni atenta contra la integridad de un niño, niña o adolescente, en referencia a los literales 1, 3, 5 y 6 del Principio 2 del Código Penal y al artículo 25 del Código Procesal Penal.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.