Santo Domingo, R.D.-La autopsia del INACIF  practicada a la bebé de ocho meses que murió la madrugada del 19 de abril en la provincia San Cristóbal revela fractura craneal, hemorragia cerebral y huellas de mordedura humana en distintas partes del cuerpo.

El informe forense, presentado por el Ministerio Público, determinó que la menor, Lauren Bonilla, falleció a causa del «Síndrome del Niño Maltratado«, tras sufrir una muerte violenta y rápida de etiología médico legal homicida.

Por el hecho, el órgano acusador solicitó prisión preventiva contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, acusado de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra la hija de su pareja.

La autopsia también reveló que la infante sufrió fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar.

En un comunicado, el Ministerio Público indica que el hecho ocurrió en una vivienda del sector Jeringa, en la referida provincia, donde el imputado tenía poco tiempo conviviendo con la madre de la niña, Laudry Bonilla, de 22 años.

Según el expediente, Carmona Pinales habría levantado a la bebé por el cuello mientras dormía y posteriormente la colocó nuevamente en la cama al notar que era observado por la madre. Minutos después, la mujer detectó que la pequeña se encontraba mal de salud y la trasladó a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento.

La mañana del 23 de abril, mientras Bonilla se disponía a interponer una querella contra Carmona Pinales en la Fiscalía de San Cristóbal por la muerte de su hija, relató ante las cámaras de Diario Libre que a pesar de que mantenía una relación reciente con el acusado y nunca imaginó que pudiera agredir a su hija, al tiempo que pidió justicia por la muerte.

Asimismo, contó que el día del hecho, la menor se encontraba durmiendo y que, mientras ella se disponía a bañarse, encontró en la habitación a su pareja sosteniendo a la bebé por el cuello.

«La puso en la cama para que yo viera que a mi bebé no le había pasado nada», recordó.

Sin embargo, al tomar a la niña, notó que algo no estaba bien. En medio de la desesperación, afirmó que el hombre le quitó a la bebé y salió de la habitación, y le echó agua en la cabeza.

La madre explicó que en ese momento buscaron ayuda y que, cuando llegaron al hospital, la bebé ya no tenía signos vitales.

Bonilla también denunció que el acusado intentó que ella declarara en el hospital que la niña se había caído de la cama, versión que ella negó.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Carmona Pinales fue fijada para mañana, 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana.

Santo Domingo, R.D.-A diez años de  prisión condenó el Cuarto Tribunal de Santiago a tres hombres tras ser encontrados culpables de tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos en un hecho ocurrido en enero de 2023 en el municipio San José de las Matas.

El tribunal dispuso que Víctor José Valenzuela Ortiz, Ronny Gabriel Santana Rosa y José Luis Familia (Dany) cumplan la pena impuesta en la cárcel de Rafey de esa jurisdicción.

El grupo fue hallado culpable de asociarse para intentar transportar hacia Santiago a 16 inmigrantes haitianos indocumentados, incluyendo a dos niños.

En la audiencia, la fiscal había pedido al tribunal declarar culpable a los imputados de incurrir en violación de los artículos 1 letra F y 2 párrafo de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano.

La acusación del Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron el 19 de enero del año 2023, cuando Valenzuela Ortiz y Santana Rosa se desplazaban en una yipeta Ford Explorer por calles de la comunidad Caobanico Inoa, en El Rubio, municipio San José de las Matas, cuando una patrulla de la Policía Nacional les ordenó detenerse, solicitud que fue ignorada por los malhechores, quienes emprendiendo la huida, lo que originó una persecución que terminó con la captura de ambos.

Al profundizar en su investigación, el Ministerio Público identificó y arrestó a José Luis Familia, quien lideraba la estructura criminal, teniendo a su cargo cobrar el dinero a los inmigrantes y coordinar el transporte ilegal de los mismos en territorio dominicano.

Santo Domingo, R.D.-“Por una seguridad social que garantice derechos. Con la justicia no se juega, no a la privatización”, estas fueron algunas de las consignas que vociferaban este jueves decenas de personas en las afueras del Congreso Nacional.

Esta ha sido la reacción de un conjunto de organizaciones luego de que tuvieran acceso a un supuesto borrador elaborado por el Gobierno del presidente Luis Abinader para reformar la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Aunque el Poder Ejecutivo no ha difundido de manera oficial su propuesta legislativa, la Coalición por la Seguridad Social asegura que las autoridades gubernamentales buscan afectar nuevamente las pensiones de los asalariados.

“Hasta ahora, el sistema de seguridad social ha servido para aumentar el capital de los dueños de las empresas de la salud, las ARS. En el de las pensiones son las AFP y los dueños son los mismos de los bancos comerciales”, precisó Cabrera Ulloa.

La entidad entiende que el posible incremento del tiempo para poder acceder a la pensión “imposibilita que la mayoría de las personas que viven de su trabajo puedan retirarse de manera digna”.

“Exponemos un rechazo total a esto. La equidad no se logra reduciendo beneficios”, aseveró Ulloa.

La Comisión Bicameral del Congreso Nacional que realiza el proceso de estudio para modernizar el marco legal recibió un documento redactado por las organizaciones sociales, en el cual los representantes manifestaron otras inquietudes.

El colectivo social también está integrado por el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Rufino Senen Caba; y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.

Los activistas sociales esperan que los congresistas cumplan con una serie de garantías.

Además, buscan que se establezca por ley la compensación económica cuando se produzca “la pérdida del ingreso familiar producto de una enfermedad o fallecimiento”.

Asimismo, buscan lograr el desarrollo de servicios orientados a “prevenir y cubrir los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, independiente de la condición laboral de la persona afiliada”.

Por último, “garantizar el financiamiento de la vejez sin ser carga para la familia a través de una pensión digna”.

Mientras tanto, la mesa de trabajo del Congreso Nacional solo está a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe de manera formal su propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social.

El pasado 27 de febrero, durante su sexta rendición de cuentas, el mandatario Abinader anunció que “pronto” presentaría un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, casi tres meses después, el documento aún no ha sido recibido por los legisladores.

El presidente de la comisión legislativa, diputado Rafael Castillo, dirige desde abril de 2025 el estudio de nueve propuestas de modificación. Pero, el proceso de discusión se ha paralizado en espera del Gobierno.