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Fusionan Adess y Supérate y se crea la «Dirección de Desarrollo Social Supérate»
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno oficializó la fusión del programa Supérate con la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), como fue anunciado por las autoridades el pasado mes de septiembre mediante el decreto 160-25.
La disposición gubernamental, emitida el 25 de marzo, se produjo después de que a mediados del mes de marzo circulara el “borrón” enumerado como 113-25 y con la firma del Presidente de la República, Luis Abinader, con fecha estampada del lunes 10 de marzo; en ese momento la Consultoría Jurídica señaló que este no era oficial, si no que era algo que estaba siendo evaluado por los diferentes actores involucrados.
El documento señala que ambas instituciones fueron fusionadas para crear la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la cual funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia y bajo la coordinación del Gabinete de Política Social.
“Para cumplir con este propósito, se impulsará la inclusión social, el fortalecimiento de capacidades para la empleabilidad y el emprendimiento, y la atención prioritaria a los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se establecerá un sistema articulado de apoyo y acompañamiento, que facilite la conexión de los hogares con servicios esenciales, promoviendo su autonomía, resiliencia económica y empoderamiento”, señala el párrafo uno de dicho artículo.
La persona que ocupará la dirección general será designada mediante otro decreto del Presidente de la República, el cual aún no ha sido emitido.
“Sin perjuicio de la coordinación funcional ejercida por el Gabinete de Política Social, el director o directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate será la máxima autoridad normativa, operativa y ejecutiva de la institución. Tendrá la responsabilidad de dirigir las políticas, estrategias, planes y programas, así como de supervisar su ejecución y garantizar el cumplimiento de las funciones institucionales”, reseña el decreto.
Por igual se indica que en el mismo decreto en donde se designe al titular, serán nombrados hasta seis subdirectores, los cuales estarán a cargo de las distintas áreas administrativas y técnicas de la institución.
“Los subdirectores y subdirectoras apoyarán al director en la gestión administrativa y operativa de la institución, conforme a las áreas de competencia que les sean asignadas. Asimismo, colaborarán en la implementación de estrategias, planes y programas, asegurando el cumplimiento eficiente de los objetivos de la Dirección de Desarrollo Social Supérate”, indica la disposición gubernamental.
Funciones
La dirección tendrá como función promover la autonomía económica de las familias beneficiarías mediante estrategias integrales que incluyan empleabilidad, formación técnica y apoyo al emprendimiento; garantizar la focalización precisa de los beneficiarios de los programas sociales mediante el uso de herramientas como el Registro Social Universal de Llegares y el Registro Único de Beneficiarios del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y otras bases de datos confiables.
Además de administrar y ejecutar de manera eficiente la entrega de subsidios y beneficios económicos, asegurando que los pagos sean oportunos, equitativos y accesibles para los beneficiarios, con apego a los criterios de elegibilidad y los lineamientos de protección social; monitorear y evaluar de manera continua el impacto de los programas sociales para asegurar su efectividad, sostenibilidad y contribución a la mejora de la calidad de vida; garantizar la transparencia y efectividad en la gestión de subsidios y beneficios, mediante mecanismos de supervisión, control y seguimiento que aseguren el uso adecuado de los recursos, la correcta focalización de los beneficiarios y la prevención de irregularidades, entre otras.
Diferencias con el “borrón”
Además de la numeración y la fecha de la firma, uno de los cambios entre el decreto oficial y el “borrón” fue el nombre de la dirección; mientras el ensayo manifestaba que la entidad seria llamada “Dirección de Desarrollo Social”, en el documento verídico se le agregó el nombre de “Súperate” para que se denomine “Dirección de Desarrollo Social Súperate”.
La principal diferencia, sin embargo, radica en que el documento no oficial se enumeraba a los 10 componentes de operación y los programas que integraba cada uno, en la versión oficializada, se indica que los mismos serán definidos mediante otro decreto del Poder Ejecutivo.
Transición
El artículo 12 de la disposición manifiesta que el periodo de transición no excederá los 90 días, contando a partir del 25 de marzo. Durante el mismo tanto Adess como Supérate se gestionaran de manera conjunta, además se ejecutará el proceso de integración administrativa, operativa y funcional, mediante la transferencia y unificación progresiva de sus competencias y responsabilidades.
“Todo el proceso se desarrollará conforme al marco normativo vigente y bajo los principios de eficiencia, continuidad institucional y optimización de la gestión pública. El Ministerio de Administración Pública (MAP) coordinará el proceso de transición, con el propósito de dirigir y supervisar los aspectos administrativos, financieros, estratégicos y técnicos requeridos para la implementación efectiva de la fusión entre el programa Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales (Adess). En este sentido, el MAP velará por el cumplimiento del marco normativo vigente, asegurando una reorganización eficiente, que garantice la continuidad de los servicios públicos y la optimización de los recursos”, se lee en el documento.
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Por alegada difamacion e injuria se querella el abogado defensor de Jean Alain Rodríguez contra titular de la PEPCA.
Santo Domingo, RD. – Carlos Balcarce, abogado del exprocurador Jean Alain Rodríguez, presentó una querella contra Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), por presunta difamación e injuria en su perjuicio.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reprogramaron la audiencia para el próximo 23 de junio a las 11:00 a.m., con el fin de remitir el expediente a la Oficina Nacional de Defensoría Pública, para que se le asigne un defensor público a la titular de la PEPCA.
En la querella, el abogado Balcarce solicita que se imponga una pena suspendida y el pago de una indemnización de 25 millones de pesos a favor del Cuerpo de Bomberos de Jimaní, argumentando que los días 17 y 25 de febrero de este año, Mirna Ortiz declaró ante más de 10 millones de personas que “el consejo de Jean Alain lució desorganizado” y que supuestamente estaba “obstruyendo la marcha normativa del segundo colegio de jueces”.
Por su parte, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, señaló que la querella busca amedrentar la lucha contra la corrupción y que Jean Alain Rodríguez intenta evadir el análisis de las pruebas en su contra. “Estaremos al pie del cañón y también en Ciudad Nueva, presentes en todo el proceso”, afirmó Camacho.
Agregó que este caso representa una estrategia de ensañamiento de Jean Alain Rodríguez contra una mujer, buscando apartar a Mirna Ortiz del proceso y continuar evitando la discusión de las pruebas que pesan sobre él.
Camacho enfatizó: “Jean Alain no nos amedrentó cuando era Procurador General de la República, y no lo hará ahora. Seguiremos firmes y vigilantes en este proceso y en los que se siguen en su contra”.
Santo Domingo. Las pandillas armadas que operan en Haití no pueden acercarse a la frontera y se han dado instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas para responder ante cualquier amenaza contra el territorio nacional, según lo advirtió el presidente Luis Abinader.
«Nosotros no vamos a permitir que esas bandas se acerquen a nuestra frontera. Las Fuerzas Armadas saben cómo tienen que actuar», afirmó el mandatario durante una presentación de la estrategia «Frontera Fuerte», realizada junto al alto mando militar y ejecutivos de medios de comunicación.
La advertencia se produce en medio del agravamiento de la crisis de seguridad en Haití, donde grupos armados han ampliado su control territorial, situación que ha llevado al Gobierno dominicano a reforzar su capacidad operativa a lo largo de los 391 kilómetros de frontera terrestre que comparte con el vecino país.
Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno incorporará 1,500 soldados adicionales a los 9,500 militares que ya prestan servicio permanente en la frontera.
Además, Abinader ordenó acelerar la expansión de la verja perimetral inteligente mediante la construcción de 13 kilómetros adicionales, que se sumarán a los 54 kilómetros ya construidos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de disuasión y respuesta ante cualquier amenaza.
La estrategia también contempla la reorganización de la vigilancia fronteriza mediante ocho áreas operativas supervisadas por oficiales superiores para aumentar el control territorial y la capacidad de reacción.
El Ministerio de Defensa informó que la frontera cuenta con una red integrada de vigilancia apoyada por drones, cámaras de circuito cerrado y sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar movimientos de personas y vehículos en zonas vulnerables.
La infraestructura tecnológica incluye además 19 sistemas de fibra óptica, 28 kilómetros de iluminación ya instalados y otros 13 kilómetros proyectados, como parte del fortalecimiento de la seguridad fronteriza.
Entre las capacidades incorporadas figura el empleo de los aviones TP-75 Dulus, la primera aeronave militar ensamblada en República Dominicana, utilizada para patrullaje, reconocimiento y vigilancia aérea de la frontera.
El Gobierno sostiene que la estrategia no se limita al componente militar, sino que busca impulsar el desarrollo económico de las provincias fronterizas.
Entre los proyectos presentados figuran la ampliación y modernización de los mercados binacionales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, considerados puntos clave para el comercio formal entre ambos países. Según el Ministerio de Defensa, estos espacios contribuyen al abastecimiento regional, la generación de empleos y la formalización de las actividades comerciales.
Asimismo, se anunciaron nuevas escuelas vocacionales, la construcción de instalaciones militares, proyectos aeroportuarios en Dajabón y San Juan, así como la expansión del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 hacia provincias fronterizas.
Durante la presentación también se abordó la situación de Tilory, una zona fronteriza que las autoridades consideran un problema histórico debido a la ocupación irregular de espacios establecidos en los acuerdos fronterizos de 1936.
Según el informe oficial, durante décadas la franja de seguridad de 30 metros a ambos lados de la Carretera Internacional ha sido ocupada por asentamientos informales y mercados improvisados, dificultando el control territorial y las labores de vigilancia. Las autoridades sostienen que la recuperación y reorganización de esa área es fundamental para fortalecer la soberanía y la seguridad nacional.
Al concluir la actividad, Abinader reiteró que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad del territorio dominicano frente a la crisis haitiana.
«Sin defensa no hay soberanía; sin soberanía no hay nación», señala el documento estratégico presentado por el Ministerio de Defensa.
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Quedan en estado de fallo en el TSE acciones contra reglamento de la JCE que limita publicación de encuestas
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo acciones legales interpuestas en contra del reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas antes del período de precampaña.
Esto significa que los magistrados del alto tribunal deliberarán sobre el caso, tomando en consideración los argumentos presentados por las partes durante la audiencia de este martes 9 de junio, y luego les notificará a través de su secretaría.
La fusión resultó de la agrupación de un recurso contencioso electoral en nulidad contra la referida disposición de la JCE y una solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia para suspender la ejecución inmediata de la normativa.
- La audiencia estuvo encabezada por el presidente del TSE, Ygnacio Camacho Hidalgo, junto a los magistrados Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias.
El pasado 27 de mayo, la entidad sin fines de lucro Justicia Sin Fronteras depositó ante el TSE dos acciones contra el reglamento de la JCE que establece el procedimiento para el registro de firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral.
Esta decisión es la que prohíbe la divulgación de encuestas en medios de comunicación hasta el primer domingo de julio de 2027 (el inicio de la precampaña).
Asimismo, sostuvo que el reglamento contraviene el artículo 212 de la Carta Magna (de las atribuciones de la JCE) y los artículos 212 al 216 de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral (relativos a las encuestas políticas y su publicación).
«La Junta se ha adjudicado facultades que no le corresponden, que le corresponden al legislador; donde el legislador no previó, la JCE no puede decidir», expresó el jurista.
Feliz reiteró que la Ley 20-23 únicamente prohíbe la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que, a su juicio, el órgano comicial no puede atribuirse competencias que no están expresamente contempladas en la legislación vigente.
Frente a los argumentos sobre un supuesto exceso en el ejercicio de sus facultades, la JCE, representada por su consultora jurídica, Nikauris Báez, sostuvo que la institución posee las competencias para regular estos aspectos como una derivación de las prohibiciones y limitaciones ya previstas en el marco jurídico dominicano.
«Los pasos que ha dado la Junta Central Electoral se corresponden con su deseo genuino de garantizarle al pueblo y al Estado dominicano un período de sosiego, la integridad de las elecciones y que nadie, ningún candidato o partido político, tenga una ventaja en la percepción ciudadana», expresó.
La funcionaria agregó que las disposiciones relativas a los plazos para la publicación de encuestas también encuentran sustento en principios previamente reconocidos por el propio Tribunal Superior Electoral y tienen como finalidad preservar la equidad en la competencia política.
Sorpresivamente, la JCE vio oportuno que el TSE acoja en cuanto al fondo el recurso contencioso electoral interpuesto por Justicia Sin Fronteras, al considerar que el conflicto presenta al tribunal la oportunidad de sentar un precedente en materia de jurisdicción electoral.
Báez señaló que el órgano electoral no pretende impedir que los partidos políticos realicen mediciones o estudios sobre el posicionamiento de sus aspirantes y estructuras partidarias. Sin embargo, precisó que la difusión pública de esos resultados podría influir en el electorado y convertirse en una actividad de carácter proselitista.
En ese sentido, argumentó que el posicionamiento anticipado de determinados aspirantes ante la opinión pública podría constituir un acto previo de precampaña o campaña electoral, afectando las condiciones de igualdad entre los competidores.