El presidente Luis Abinader cuando anunciaba anoche un conjunto de iniciativas para frenar la corrupción administrativa.
Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos, que buscan prevenir y detener la corrupción administrativa, así como fortalecer la transparencia institucional.
Dentro de los anuncios hechos en la presentación del “Plan Integral de Reformas Institucionales”, el mandatario aseguró que para fortalecer la independencia del Ministerio Público, impulsará una reforma constitucional en la que el procurador sea designado por un órgano apartidista.
“Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader.
Asimismo, dijo que propondrá aumentar las consultas populares vía referendo, además de poner en marcha mecanismos que blinden “el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”.
Dentro de las leyes que propuso Abinader están una modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.
La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas.
“Les anuncio la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno”, anunció.
De igual forma, la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.
El mandatario dijo que en los próximos meses apoyará a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.
Blindar la Constitución
“Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de su aprobación podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto”, aseguró el mandatario.
De igual forma, la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.
Otros de los proyectos anunciados por Abinader, para ejecutarse mediante decretos son la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información.
“También con carácter de urgencia se acometerán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban”, indicó.
Asimismo la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, encabezado Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, con la dirección ejecutiva de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas e integrado además por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto y la Unidad de Análisis Financiero de la República. En el acto realizado con directores de medios de comunicación y representantes de las instituciones del Estado, Abinader comunicó que de “inmediato” se contratará un equipo de abogados que acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de la corrupción administrativa.
“Ello no implicará una intromisión del gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos”, expresó el gobernante durante el acto.
En puntos
Decretos.
El presidente Abinader adelantó que emitirá decretos para la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen según el estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información.
Invitados.
Al acto celebrado en el Palacio Nacional fueron invitados los directores de medios de comunicación y funcionarios.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
