Nacionales
Gobierno dice que procura un sistema tributario progresivo y simple
La filtración de lo que parece ser el proyecto de reforma fiscal que prevé el Gobierno que, según sus propiciadores, procura crear un sistema impositivo progresivo y simplificado y con tal fin ha preparado una propuesta de discusión que prevé aumentar las tasas del Impuesto sobre la Renta y del impuesto a las viviendas, así como crear un nuevo sistema del impuesto a la placa y que contempla subir el impuesto a las bebidas.
Asimismo, se contempla aplicar el impuesto a la placa en base al 1 % del valor del vehículo, cuando el valor del mercado” sea superior a US$10,000, y un impuesto fijo mínimo de RD$2,500 para las unidades cuya valoración no exceda US$10,000.
Como paso hacia el desmonte de la alta regresividad impositiva del país, el Gobierno plantearía la reducción, en un período de tres años, de la tasa general del ITBIS, de 18 a 16 %. Será una tasa única porque actualmente se aplican dos tasas, 18 y 16 %. Esta última para una serie de bienes alimenticios, como café, azúcar, grasas comestibles, chocolate y yogur, incorporados mediante la reforma fiscal del 2012. Esa reforma, aprobada mediante la Ley 253-13, aumentó la tasa general del ITBIS al 18 % y disponía la unificación de tasas en 16% a partir del 2016, condicionada a que para entonces el país lograra una presión tributaria del 16 %. Esa meta no se ha logrado y los bienes y servicios gravados con la tasa general siguen pagando el 18 %.
El concepto que el Gobierno socializa con diferentes sectores a los cuales convocará a discutir el pacto social que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 es de crear un sistema impositivo progresivo y simple, basado en seis pilares. Los impuestos son progresivos cuando su aplicación está vinculada con el poder de pago del contribuyente. Se afirma que afecta más a quien más puede pagar, y por lo general se aplica en base a manifestaciones como riqueza o patrimonio y a ingreso. El impuesto es regresivo cuando afecta proporcionalmente a los más pobres y el consumo es la manifestación económica a través de la cual se cobra o aplica.
En el país, el principal al consumo es el ITBIS, seguido de los selectivos a los combustibles y a los alcoholes.
En los lineamientos de reforma fiscal que el Gobierno había puesto originalmente en manos de los actores del Consejo Económico y Social (CES), el pilar número uno plantea que “las personas con mayores ingresos deberán realizar aportes mayores” y que “deben incrementarse las recaudaciones provenientes del patrimonio de las personas”. La reforma fiscal fue retirada de seno del CES, para discutirla directamente por el Gobierno con la clase política y otras instancias.
La parte que plantea la visión oficial hacia la simplificación del aparato impositivo se basa en una propuesta para simplificación tributaria y eliminación de figuras y procedimientos que hacen complicado el pago de las obligaciones tributarias. La esencia es facilitación para las micro y pequeñas empresas.
En otro documento se habla de eliminar el pago de anticipos a las personas físicas y a las mipymes, y restructurar el esquema para las personas jurídicas (empresas).
El tercer pilar plantea la revisión de todas las exenciones fiscales y el cuarto cita la “protección de la población más vulnerable”. El quinto pilar dice que “se asociarán las recaudaciones de impuestos con proyectos y gastos identificables”.
El sexto pilar de la propuesta es el establecimiento de una ley de responsabilidad fiscal que garantice la sostenibilidad fiscal e impida tener que hacer nuevas reformas tributarias en el futuro”. Abarca la Ley de Recapitalización del Banco Central que “le hará frente definitivo a la deuda cuasi fiscal”.
El otro documento
Mientras tanto, en un documento paralelo que circula y que se asocia con la visión global del Gobierno se plantea incrementar el impuesto a los cheques a 0.075 % (ahora es de 0.015 %) por dos años, subir la tasa del Impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas (empresas) a 30 % y reducirla al 27 % a partir del cuarto año, subir la de las personas físicas a 35 % (ahora es de 25 %) para el tramo más alto, que corresponde a los ingresos anuales superiores a RD$867,123.02.
La idea, según el documento que circula entre diferentes actores económicos y que no ha sido asumido ni negado oficialmente por el Gobierno, es producir un “aumento asimétrico de la tasa efectiva del ISR a las personas físicas en cada tramo no exento”.
En la parte patrimonial se plantea eliminar el impuesto del 1 % a los activos de las empresas acogidas a la ley 557-05, aplicar un impuesto de 0.5% para los inmuebles propiedad de personas físicas a partir de RD$5.0 millones y de 1% para los valorados en más de RD$8.1 millones.
Gravarán en forma transitoria a más ricos
También plantea crear un impuesto transitorio del 1 % al patrimonio de las personas físicas a partir de RD$60.0 millones. Y para el Impuesto de Circulación Vehicular, más conocido como impuesto por la renovación de la placa, habla de una tributación mixta; una ad valorem y otra específica. Parte de que el parque vehicular dominicano tiene el 71 % de sus unidades con un valor de mercado inferior a US$10,000, a cuyo universo se le aplicaría por derecho a circulación un impuesto mínimo de RD$2,500 anuales, indexable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a los que superen esa cotización de “mercado” se les aplicaría una tasa del 1 % del valor. Se estima un rendimiento anual por la nueva modalidad del impuesto a la placa de RD$4,482.7 millones. De los impuestos específicos a las bebidas alcohólicas se fijaría un pago de RD$1,000 por cada litro de alcohol contenido.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.