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Aumenta en más de un 50% capacidad instalada del sistema eléctrico nacional para 2028, según Gobierno.
Santo Domingo.– Joel Santos, ministro de Energía y Minas, informó que República Dominicana registrará un incremento de más de un 50 % en la capacidad instalada de energía base al 2028, en comparación con 2024, un avance que consolida al Gobierno del presidente Luis Abinader como la gestión que más ha impulsado la expansión del sistema eléctrico nacional en la historia del país.
Explicó que en los últimos tres años de la actual administración se habrá instalado más de 2,000 megavatios (MW) de energía base, al tiempo que la capacidad de energías renovables alcanzará alrededor de 2,800 MW, fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y creando un entorno más competitivo para la inversión.
«El crecimiento económico del país está estrechamente vinculado al desarrollo energético. Si hablamos de proyectos de alto valor agregado, como los semiconductores, la minería sostenible o los centros de datos, todos dependen de una matriz energética sólida, confiable y moderna», expresó el ministro, al resaltar el impacto transversal del sector eléctrico en la atracción de capital y en la productividad nacional.
El titular de Energía y Minas habló sobre estos términos durante una entrevista ofrecida este domingo, en el programa Aeromundo, conducido por Guillermo Gómez.
Santos detalló que el Ministerio de Energía y Minas continúa integrando al SENI una cartera de proyectos que fortalecerá la energía base del país.
Entre los ya incorporados citó el cierre de ciclo de SIBA, con 68 MW y Energás 4, en San Pedro de Macorís, con 130 MW.
Asimismo, anunció que Energía 2000, en Manzanillo, entrará en operación en el primer trimestre de este año, con un primer ciclo simple de 300 MW, al que se sumarán 111 MW al cierre de ese mismo año, para un total de 411 MW.
- A estos se agregan las generadoras San Felipe I y II, en Boca Chica, que aportarán 460 MW y 240 MW entre 2027 y 2028, así como las plantas Manzanillo I y Manzanillo II, que sumarán otros 852 MW entre las dos en 2028.
En el componente renovable, el ministro destacó que la capacidad instalada pasó de 555 MW en 2020 a cerca de 1,500 MW en 2024 y que esta administración concluirá con aproximadamente 2,800 MW, parte de ellos con sistemas de almacenamiento energético, lo que representa un salto cualitativo en la estabilidad del sistema.
Santos subrayó, además, las inversiones en transmisión y distribución para reducir las pérdidas de energía, la repotenciación de presas y la revisión de la Ley General de Electricidad, como parte de un legado institucional orientado a fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa del sector eléctrico dominicano.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dispuso este martes por decreto la extradición a Estados Unidos de tres dominicanos requeridos por la justicia de ese país por distintos cargos criminales.
La medida está contenida en los decretos números 41-26, 42-26 y 43-26, emitidos por el Poder Ejecutivo y dados a conocer por la Presidencia de la República.
Los decretos ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos.
Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte es requerido por la justicia federal estadounidense por múltiples cargos contenidos en la acusación formal del caso número 24-CR-6, presentada el 4 de enero de 2024 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
Los cargos incluyen:
- Cargo uno: Asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1349.
- Cargos nueve y diez: Fraude electrónico, en violación del título 18, secciones 2 y 1343.
- Cargos doce al dieciséis: Fraude por correo postal, en violación del título 18, secciones 2 y 1341.
- Cargo diecisiete: Asociación delictuosa para cometer lavado de activos derivados del fraude electrónico y postal, en violación del título 18, sección 1956(h).
- Cargo diecinueve: Lavado de activos, en violación del título 18, secciones 2 y 1956(a)(1)(B)(i).
El cargo está tipificado como violación del capítulo 265 de las Leyes Generales de Massachusetts, sección 1.
Asimismo, el dominicano Gerardo Heriberto Núñez Núñez será extraditado para enfrentar cargos por asociación delictuosa para cometer lavado de activos, conforme a la acusación del caso criminal número 1:24-cr-10138, presentada el 14 de mayo de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
El expediente señala violaciones al título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i) y 1957.
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Abogados sostienen que denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana.
Santo Domingo.- Podría ser aceptada en la República Dominicana la denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas suyas en el país y Bahamas, que fue archivada en tribunales de Europa por «falta de jurisdicción».
Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la nacionalidad dominicana, «por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España», dijo a EFE el jurista y académico dominicano Cándido Simón.
La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.
En Derecho y Medicina «es peligroso hacer pronósticos», pero «en este tipo de casos, aunque sin el perfil (mediático) de Julio Iglesias, regularmente la acción no procede por la dificultad científica de poder establecer que los hechos pasaron y más cuando el sospechoso lo niega», apuntó.
Tras conocerse la denuncia, Julio Iglesias aseguró que nunca «ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer», y posteriormente intentó personase en esta investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía de su país rechazó su petición.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, y días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es. (España) y Univisión Noticias (EEUU) recogía relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando éste tenía 77 años.
Aunque Julio Iglesias tiene la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes es dominicana, las autoridades locales prácticamente se han mantenido al margen del tema.
Santo Domingo.- Un protocolo de enmienda fue sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader sometió al acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno dominicano y el de Cuba, firmado el 29 de junio de 2023, para eliminar el tope de aerolíneas entre ambos países.
El convenio vigente establece un límite de dos líneas aéreas para operar las rutas de las dos naciones.
La nueva pieza busca que se puedan designar tantas aerolíneas como se considere, según la normativa interna de cada estado, con el propósito de incrementar el flujo de pasajeros, el comercio, la conectividad y el transporte aéreo entre los territorios.
El convenio actual, firmado el 9 de diciembre de 2005, indica en el referido apartado que cada parte contratante tendrá derecho a designar, de conformidad con sus regulaciones internas, “hasta dos líneas aéreas” (…).
Los demás numerales del artículo III y demás contenidos del documento quedan invariables.
La pieza de corrección fue introducida al Senado de la República el pasado 22 de enero, por lo que deberá agotar su trámite en el órgano legislativo.
Si la Cámara Alta ratifica el acuerdo, como se prevé, este pasará a la Cámara de Diputados para un proceso similar. Si el ala congresual refrenda el convenio, el documento pasará al Tribunal Constitucional, que verificará si está conforme a la Carta Magna, para darle el visto bueno y remitirlo al Poder Ejecutivo, que lo hará efectivo.
El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) en República Dominicana, José Ernesto Marte Piantini; y el del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Luis Daniel López, suscribieron, el 29 de junio de 2023, el protocolo de enmienda al acuerdo sobre transporte aéreo entre ambas naciones en presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de la República de Cuba, y Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.
El convenio se realizó en el marco de la Undécima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, evento organizado por la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La firma del documento concluye las negociaciones iniciadas a través de la Junta de Aviación Civil y actualiza el acuerdo suscrito en la ciudad de la Habana, Cuba, el 9 de diciembre del 2005, con modificaciones al artículo 3, el cual contiene las disposiciones que rigen la designación y autorización de los operadores aéreos entre los dos territorios caribeños.