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Gobierno recomienda que ley prohíba pensiones complementarias

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El Gobierno le recomendó al Senado que prohíba por ley el aporte de fondos públicos para los planes complementarios de pensiones que tienen algunas entidades públicas porque representan una doble contribución del Estado. Igualmente, aconseja que la ley establezca el cese de esos programas porque operan al margen de la normativa 87-01.

La comisión que designó el presidente Danilo Medina para que revise la situación de las pensiones en el sector público y que encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sugirió que se modifique el proyecto de ley del sistema de reparto de pensiones, que actualmente se discute en el Senado de la República para que se introduzcan esos cambios en el sistema de jubilaciones del país.

La comisión consideró que todos los planes de pensiones que se creen deben estar fundamentados en la capitalización individual y contribución definida para garantizar el equilibrio financiero.

“Los planes no registrados conforme a la ley 87-01, y en los plazos establecidos en la misma deberán cesar sus operaciones e incorporarse al sistema nuevo”, establece un comunicado de prensa de la Presidencia, que fue leído por el vocero, Roberto Rodríguez de Marchena.

Igualmente, recomienda que se prohíba crear planes con beneficios definidos, establecer un corte para el reconocimiento de  derechos adquiridos y liquidar todo plan que esté fundamentado en este tipo de proyectos. “Todas estas medidas están encaminadas a racionalizar el gasto del Estado, lograr una fiscalización eficaz y tener un mayor control sobre los aportes”, establece.

Incompatibilidad

La Comisión presidencial también resaltó que se debe establecer por ley que es incompatible la condición de pensionado jubilado del Estado con la de empleo remunerado.

“No se podrá disfrutar de más de una pensión con cargo al erario, ni será compatible la calidad de jubilado pensionado del Estado con la de servidor o funcionario público, salvo las excepciones previstas en la ley y la Constitución de la República”, establece el comunicado de la Presidencia.

Más poder a la Sipen

El Comisión presidencial recomendó que se le dé facultad legal a la Superintendencia de Pensiones (Sipen) para que pueda intervenir y liquidar los planes existentes que no estén regulados para así evitar distorsiones.

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Acusación formal contra exprocurador Rodríguez

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Santo Domingo.-Una acusación formal fue presentada este  lunes por  el Ministerio Público dominicano presentó en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.

En el expediente de la llamada «Operación Medusa» figuran 41 personas y 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos, dijo a la prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

La supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según la acusación.

«Hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana y les puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región», aseguró Camacho.

Se trata, agregó, «de nuestra acusación más grande», que tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas.

Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, por cometer crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Por el caso cumplen prisión preventiva el exprocurador Rodríguez y tres exaltos cargos de su gestión, mientras que otros tres están bajo arresto domiciliario. EFE

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Testigos claves del caso Medusa sacan a la superficie nuevos detalles.

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Santo Domingo, RD.-En un supuesto entramado de corrupción encabezado por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez,  un total de 41 personas y 22 empresas fueron  involucradas en el caso Medusa y en contra de las cuales el órgano persecutor del crimen y el delito del Estado presentó una acusación formal.

Además de Rodríguez, también están implicados Jonathan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José Moya.

Igual, Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.

Mientras, entre las empresas figuran Dio SRL, Lirtec SRL, Jurinvest Abogados SRL, Espacio Arquitectura SRL, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Mac Construcciones, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.

También Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil, Fire Control System Magm.

Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizik, Reynaldo Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson, Juan Asael Martínez, Giselle del Carmen Molano y José Luis Liriano Adames.

Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Rosanna Vianela Pimentel, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbot, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro; Cesarion Morel Grullón, Ismael Elías de Jesús.

La acusación formal en el caso Medusa fue depositada la noche del pasado sábado por el ministerio público.

Envían expediente a jueza
El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional remitió a la coordinación de los juzgados de instrucción el expediente con la acusación contenida en el caso Medusa.

Los papeles fueron depositiados en un carrito y llevados por personal del juzgado a la oficina coordinadora, ubicada en el segundo piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A su llegada a la oficina de Atención Permanente fue guardado bajo llave, por orden de la jueza coordinadora, Kenya Romero, hasta tanto ella se apersonara  allí, pues no suele acudir día domingo a la oficina.

Procedimiento
Tan pronto el expediente llega a su despacho, la jueza ordena hacer un inventario de las piezas depositadas y, mediante sorteo aleatorio computarizado, apodera del expediente a uno de los jueces del juzgado de instrucción para que conozca el juicio preliminar en contra de los encartados.

El expediente fue depositado por la procuradora de Corte Luis Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el pasado sábado a las 11:42 de la noche, junto a un equipo de fiscales de ese departamento.

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Ex jefe de Gabinete de la PGR no figura como imputado en caso Medusa

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Santo Domingo, RD.-Rafael Canó Sa­cco, el exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, quien fue arrestado en España  en octubre del año pasado, no figura dentro del grupo que señala el Ministerio Público en la acusación formal del caso Medusa.

El listado al cual Listín Diario tuvo acceso a primera mano no consta el nombre del imputado, quien según versiones habría negociado con el Ministerio Público, lo que lo convertiría en otro “Raúl Girón” (el imputados del caso Coral que «cantó» todo sobre cómo operaban).

De acuerdo a fuentes, la colaboración fue tal que las últimas incautaciones realizadas en el caso Medusa fueron realizadas gracias a informaciones suministradas por el encartado.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que el Ministerio Público “cree en la colaboración” y que lo han demostrado en cada proceso al ser cuestionado sobre una posible negociación con Canó y que habría dado información para las últimas incautaciones de bienes.

“Todas las personas que están dispuestas a cooperar tienen las puertas abiertas del Ministerio Público sin excepción”, adujo Camacho.

Canó Sacco habría viajado a España días antes de que desmantelaran la supuesta red encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusada de estafar al Estado con más de RD$6,000 millones durante la gestión gubernamental del expresidente Danilo Medina.

Canó Sacco fue detenido en España, por lo que el Departamento de Extradición de la Procuraduría, que dirige Gisela Cueto, hizo los trámites para su traslado al país.

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