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Gobierno refuerza servicios municipales con 50 nuevos camiones para recogida de residuos
Las unidades serán distribuidas entre municipios y distritos municipales con mayores necesidades; forman parte de un programa que contempla la adquisición de 100 compactadores
SANTO DOMINGO.– Cincuenta nuevos camiones compactadores serán incorporados a las labores de recogida de residuos sólidos en diferentes municipios y distritos municipales de República Dominicana, como parte de una iniciativa gubernamental dirigida a mejorar la capacidad operativa de los ayuntamientos y reducir los problemas sanitarios asociados a la acumulación de basura.
Los equipos fueron entregados por el Gobierno a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), durante un acto realizado en la explanada frontal del Palacio Nacional.
La iniciativa procura fortalecer especialmente a las comunidades que enfrentan mayores dificultades para ofrecer de manera regular y eficiente el servicio de recolección de desperdicios.
Además del impacto directo sobre la limpieza de los municipios, las autoridades consideran que disponer de mejores equipos puede contribuir a disminuir riesgos para la salud pública, proteger el medio ambiente y elevar la calidad de vida de la población.
Municipios habían solicitado equipos al Gobierno
La entrega responde a una necesidad que los gobiernos locales vienen planteando desde hace varios años.
Entre 2024 y 2026, aproximadamente 240 solicitudes de donación de camiones compactadores fueron sometidas por municipios y distritos municipales.
Ante esa demanda, el MAPRE inició el 23 de marzo de 2026 un procedimiento de contratación pública para adquirir 100 unidades, destinadas prioritariamente a las demarcaciones con mayores necesidades.
Los 50 camiones entregados corresponden a la primera fase del programa.
Piden garantizar mantenimiento de los vehículos
El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, destacó que disponer de vehículos adecuados permitirá a los gobiernos locales ampliar su capacidad para atender uno de los servicios públicos que afecta más directamente la vida cotidiana de las comunidades.
Sin embargo, el funcionario advirtió que la entrega de los equipos debe ir acompañada de una política adecuada de mantenimiento.
Bautista exhortó a los alcaldes y directores de distritos municipales beneficiados a preservar los vehículos y evitar que, por falta de mantenimiento, terminen fuera de servicio en pocos años.
El señalamiento introduce uno de los principales desafíos de este tipo de programas: además de adquirir nuevos equipos, los gobiernos locales deberán garantizar recursos, personal y planificación para prolongar su vida útil.
Provincias que recibirán los compactadores
Las unidades serán destinadas prioritariamente a municipios y distritos municipales pertenecientes a Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.
También serán beneficiados Los Alcarrizos y Pedro Brand, pertenecientes a la provincia Santo Domingo.
La distribución coloca especial atención sobre territorios que necesitan fortalecer su infraestructura para el manejo de residuos.
Basura, salud pública y responsabilidad municipal
La disponibilidad de camiones representa solo una parte del desafío que enfrenta República Dominicana en materia de residuos sólidos.
Para que la inversión produzca resultados sostenibles, las administraciones municipales deberán acompañar los nuevos equipos con rutas eficientes de recolección, mantenimiento preventivo, supervisión y una adecuada planificación del servicio.
La acumulación prolongada de desperdicios no constituye únicamente un problema de imagen urbana. También puede convertirse en una amenaza sanitaria y ambiental para las comunidades.
Por esta razón, el programa gubernamental vincula el fortalecimiento de la capacidad operativa de los ayuntamientos con la prevención de problemas de salud y el mejoramiento de las condiciones ambientales.
Autoridades municipales participan en entrega
En la actividad participaron representantes de diferentes instituciones vinculadas al Gobierno central y a la administración municipal.
Entre ellos estuvieron Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana; Nelson Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y alcalde de Samaná; y Lioncito José, presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).
También participaron el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el director ejecutivo de DO Sostenible, Priamo Ramírez; el director general de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, así como legisladores, alcaldes y directores de distritos municipales.
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La primera entrega forma parte de un programa de 100 unidades destinado a fortalecer la capacidad de los ayuntamientos para enfrentar la acumulación de residuos y mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades.
Las defensas solicitaron tiempo para estudiar el expediente de unas 525 páginas presentado por el Ministerio Público; la audiencia continuará a las 2:00 de la tarde
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la denominada Operación Cobra 2.0-A, vinculada a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión fue adoptada luego de que las barras de defensa solicitaran al tribunal disponer de tiempo adicional para estudiar el expediente presentado por el Ministerio Público, integrado por aproximadamente 525 páginas.
Debido a la cantidad de personas involucradas y las limitaciones de espacio, la audiencia fue celebrada en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ministerio Público solicita medidas contra decenas de imputados
Entre las personas incluidas en la solicitud de medida de coerción figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
El expediente también incluye a numerosos profesionales de la medicina, entre ellos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, aparecen Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.
La solicitud incluye además a Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Las imputaciones formuladas contra estas personas corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser debatidas ante el tribunal.
Doctora que se entregó también fue incorporada
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, presentó al juez la solicitud de medida de coerción correspondiente a la doctora Isabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades la mañana de este lunes.
El Ministerio Público estuvo representado además por el director general de Persecución, Wilson Camacho; los fiscales litigantes Rosa Alba García y Ernesto Guzmán Alberto; los procuradores de Corte Héctor García y Emmanuel Ramírez, y la fiscal Yudelka Holguín.
Investigación tiene una primera fase
La denominada Operación Cobra ha sido desarrollada en distintas etapas.
En una fase anterior fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, a quien el Ministerio Público atribuye un papel relevante dentro del presunto entramado investigado.
También fueron incluidos en esa etapa Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Las responsabilidades atribuidas a cada uno deberán establecerse individualmente durante el proceso judicial.
Audiencia continuará el miércoles
Con el aplazamiento, las defensas tendrán hasta el miércoles para estudiar la documentación aportada por el Ministerio Público y preparar sus argumentos frente a las medidas solicitadas.
Cuando se reanude la audiencia, el órgano acusador deberá sustentar las razones por las que entiende necesarias las medidas de coerción, mientras las defensas podrán presentar los presupuestos y argumentos en favor de sus representados.
Posteriormente, corresponderá al juez determinar qué medida resulta procedente para cada imputado, tomando en consideración los elementos presentados por las partes y los criterios establecidos por el Código Procesal Penal.
La continuación de la audiencia quedó fijada para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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Corte conocerá este martes apelación del Ministerio Público contra perdón judicial a Wander Franco
Los fiscales buscan que sea revocada la decisión que eximió al expelotero del cumplimiento de una pena, pese a haber sido declarado penalmente responsable
PUERTO PLATA, República Dominicana.– La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata conocerá este martes 22 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el recurso mediante el cual el Ministerio Público procura que sea revocado el perdón judicial concedido al expelotero Wander Samuel Franco Aybar.
El recurso cuestiona la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, dictada por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, que declaró a Franco penalmente responsable por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero posteriormente aplicó la figura del perdón judicial, eximiéndolo del cumplimiento de una pena.
La decisión de primer grado estableció la violación del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ministerio Público cuestiona aplicación del perdón judicial
El Ministerio Público sostiene en su recurso que el tribunal realizó una interpretación incorrecta de esa figura jurídica.
La acusación argumenta que, una vez determinada la responsabilidad penal de Franco por los hechos juzgados, las circunstancias del proceso no justificaban una exención total de la pena.
El fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez afirmó que el órgano persecutor acudirá ante la Corte para exponer los argumentos mediante los cuales procura demostrar las alegadas deficiencias jurídicas de la sentencia.
Según el Ministerio Público, el perdón judicial constituye un mecanismo excepcional y su aplicación debe responder a las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico.
Cinco fiscales presentaron el recurso
La impugnación fue interpuesta por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata.
El recurso está suscrito por los fiscales Ramona Nova Cabrera, Kelmi Ricardo Duncan Torres, Claudio Alberto Cordero Jiménez, José Martínez Montán y Olga Diná.
Los representantes del Ministerio Público procuran que los jueces de segundo grado examinen los fundamentos utilizados por el tribunal para conceder el perdón judicial y determinen si esa decisión fue jurídicamente procedente.
¿Qué puede ocurrir en la apelación?
Durante el conocimiento del recurso, la Corte deberá examinar los aspectos de la sentencia específicamente impugnados por el Ministerio Público, así como los argumentos que presente la defensa de Franco.
La presentación de la apelación no significa, por sí sola, que el perdón judicial quede automáticamente revocado.
Corresponderá a los jueces de la Corte de Apelación decidir, conforme a los agravios planteados y al marco jurídico aplicable, si mantienen la decisión recurrida, la modifican o adoptan la solución procesal que corresponda.
Condena contra madre de adolescente no fue recurrida
Dentro del mismo proceso, el tribunal condenó a la madre de la adolescente a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el recurso, esa parte de la decisión no fue apelada por el Ministerio Público.
La audiencia de este martes concentrará así la atención en el cuestionamiento formulado contra el perdón judicial concedido a Wander Franco.
La decisión que adopte la Corte será determinante para establecer si se mantiene el beneficio otorgado en primera instancia o si prosperan los argumentos planteados por el Ministerio Público contra esa parte de la sentencia.
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Ministerio de Trabajo confirma que el feriado del 24 de septiembre se mantiene sin cambios
Las labores en los sectores público y privado deberán reanudarse el viernes 25 de septiembre, conforme a la Ley 139-97
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio de Trabajo recordó este lunes que el jueves 24 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, se mantendrá como día feriado oficial y no será trasladado a otra fecha.
La institución informó, mediante un comunicado, que la disposición aplica tanto para el sector público como para el sector privado, por lo que las actividades laborales deberán reanudarse el viernes 25 de septiembre.
Feriado permanece en su fecha original
El Ministerio explicó que la medida responde a lo establecido en la Ley 139-97, que regula la aplicación de los días feriados en la República Dominicana.
En este caso, la festividad religiosa de Nuestra Señora de las Mercedes conserva su fecha tradicional del 24 de septiembre, por lo que no será movida al lunes siguiente, como ocurre con otras celebraciones contempladas en la legislación.
Llamado al cumplimiento de la normativa
La institución exhortó a empleadores y trabajadores a cumplir con las disposiciones legales relacionadas con el feriado y recordó que las normas laborales continúan vigentes para quienes deban prestar servicios durante esa jornada, conforme a lo previsto en el Código de Trabajo.
El Día de Nuestra Señora de las Mercedes constituye una de las festividades nacionales de carácter religioso reconocidas oficialmente en el calendario dominicano y cada año se celebra el 24 de septiembre.