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Gobierno rescinde contrato operación puerto Manzanillo

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SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina revocó por decreto a la Corporación Portuaria del Atlántico, la administración y operación del Área Internacional de Libre Comercio y de Servicios de Montecristi y la operación del puerto de Manzanillo.

El decreto (570-12) devuelve la administración, custodia y cuidado de esa área de arrendamiento a la Autoridad Portuaria, hasta que el Estado seleccione el Operador del Área Internacional de Libre Comercio y de Servicios de Montecristi.

La revocación fue solicitada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria a través de su presidente, ingeniero Juan Carlos Montás, tras rescindir el contrato que habían suscrito en junio del año pasado.

El organismo imputa incumplimiento contractual a la Corporación en el manejo y operación del puerto de Manzanillo.

El Área Internacional de Libre Comercio fue creada por decreto en julio de 2004 y concesionada por la Autoridad Portuaria originalmente a Cementos Cibao que la transfirió luego a esa Corporación con el puerto.

La creación del Área Internacional de Libre Comercio y de Servicios de Montecristi mediante el decreto 667-04 implicó el arrendamiento de 3 millones 363 mil metros cuadrados en el municipio de Pepillo Salcedo, sección Gozuela, área a la que se le agregaron luego 254 mil 119 metros cuadrados.

El área fue declarada de utilidad pública en la ocasión para la instalación de una planta eléctrica a carbón que también pasó a formar parte del Área Internacional de Libre Comercio de Montecristi, recuerda el decreto de Medina.

Diario Libre

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Presentan querella contra tesorero de la Seguridad Social.

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SANTO DOMINGO.-El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadhalá, fue acusado por  el Colegio de Abogados de la República Dominicana de prevaricación, desfalco y abuso de confianza, entre otros delitos, mediante una querella que la entidad  interpuso este jueves en la Procuraduría General de la República.

Miguel Surún Hernández, presidente del gremio de los abogados, presentó la querella en la Procuraduría General de la República para que posteriormente sea investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

De acuerdo con un comunicado del gremio, Sahdalá «ha desviado de forma fraudulenta miles de millones de pesos» de los fondos de la Seguridad Social a través de las cuentas AFP00 Y AFP20, dos Administradoras de Fondos de Pensiones ficticias.

Asimismo, ha desviado «alrededor de 600 millones de pesos aportados por el Estado» para el Seguro Contributivo Subsidiado, instaurado en favor de los abogados y demás profesionales independientes, pero que nunca ha sido puesto en vigencia, «pues sus recursos han sido utilizados de manera fraudulenta para otros fines», agregó Surun Hernández.

Con esta acción «quedan desamparados y sin cobertura decenas de miles de abogados y profesionales independientes», afirmó.

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Ministerio Público pide a Suprema condenar a cinco años de prisión a diputado del PRM.

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Santo Domingo, RD.-La Segunda Sala de la  Suprema Corte de Justicia recibió el pedido del Ministerio Público de condenar a cinco años de cárcel al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Gregorio Domínguez, por desalojo ilegal.

Los procuradores adjuntos Pedro Amador, Isis de la Cruz Duarte y el procurador de Corte, Melquiades Suero, hicieron el pedimento a los jueces Francisco Jerez Mena, Fran Soto y María Garabito.
En su dictamen, el ministerio público pidió a los jueces declarar culpable al legislador y que en consecuencia fuera sentenciado a cinco años de prisión para ser cumplida en la cárcel Modelo de Rafey-Hombres, de Santiago.

Igualmente, el ministerio público en su dictamen, pidió al tribunal notificar la sentencia a intervenir al juez de la ejecución de la pena de Santiago y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para los fines de lugar correspondiente.

Los procuradores adjuntos y de Corte, consideraron en la audiencia de jurisdicción privilegiada, que el diputado violó los artículos 24 y 25 de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública.

Igualmente, sostienen que el legislador violó el artículo 1 de la Ley 5869 sobre violación de propiedad, así como los artículos 1 y 2 de la Ley 5997 sobre destrucción a la propiedad ajena en perjuicio de la señora querellante Lucila Nelly Capellán Luna, quien es representada por el abogado César Amadeo Peralta.

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El país niega informaciones sobre aborto, pedofilia y otros temas en la OEA

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Santo Domingo, RD.-Fueron calificadas de falsas las informaciones que han circulado en torno a la participación del país en la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA) en lo referente al aborto, la pedofilia y otros temas, de acuerdo a un desmentido al respecto hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

“Negamos categóricamente que en el marco de las negociaciones de cara a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse la próxima semana en Perú, se esté impulsando alguna iniciativa o planteamiento desde la República Dominicana asociado al aborto”, dicen en un comunicado.

Aseguran que tampoco se está impulsando la reasignación de sexo o sobre géneros diversos, la eliminación de la patria potestad de padres y madres sobre la educación de sus hijos e hijas, la pedofilia o la pederastia.

“Para que no haya dudas sobre nuestra posición, informamos que las iniciativas impulsadas por República Dominicana en el marco de la Asamblea General de la OEA están relacionadas a: la situación en Haití, la libertad de expresión y periodismo, así como el gobierno digital abierto y transparente”, indicaron.

De igual forma, impulsan el fortalecimiento de la democracia, los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores, la Red Interamericana de Catastro (que lidera nuestro Poder Judicial), la protección del medioambiente y las implicaciones jurídicas sobre la soberanía territorial causada por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento de los océanos.

Expresaron que a la fecha no se ha realizado ninguna votación sobre los documentos sujetos a negociación, pues todavía está en curso un proceso de consultas entre los Estados miembros de la OEA en relación a todos los temas de la agenda.

“Es importante, además, hacer de conocimiento público que las resoluciones que se adoptan en foros multilaterales, como el de la OEA, no están por encima de la Constitución o legislación de los Estados y por tanto no son obligatorias. En consecuencia, los países mantienen su soberanía para adoptar las políticas y normas que consideren apropiadas para garantizar los derechos de su población», concluyeron.

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