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Terminación de cárcel Las Parras será con dinero recuperado de corrupción.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno creó una comisión que completará la terminación de la cárcel Las Parras tras los incidentes recientes en la penitenciaria de La Victoria, como el incendio que dejó unos 13 presos muertos, así como para coordinar el traslado de internos de La Victoria hacia otros centros de reclusión.
Se trata del llamado Comité de Seguimiento al Plan de Gestión La Victoria-Las Parras, cuya finalidad será dar continuidad a las licitaciones y contratos para la transición de la cárcel La Victoria al nuevo recinto Las Parras, según fue anunciado este lunes por el presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa.
En el encuentro con los medios, el mandatario sostuvo que se ha retomado la reforma y para eso, «están buscando los recursos; incluso, muchos de los recursos que vamos a utilizar en esta reforma o una gran parte de los recursos son recuperación de dinero de la corrupción, de los acuerdos que han hecho personas con el Ministerio Público y se van a utilizar para mejorar estas cárceles«.
El mandatario también adelantó que está en conversación con Roberto Santana, designado en 2020 asesor honorífico en materia penitenciaria, a fin de eliminar la arrabalización de las prisiones del país.
En ese momento, Santana hizo un levantamiento y expresó que el plan de humanización de las prisiones tendría un costo de 81 millones de dólares. No obstante, el proyecto se fue tocado hasta los incidentes recientes en La Victoria.
Algunos de los que bailan en ese expediente han admitido su culpabilidad y comenzarán a devolver el dinero al Estado, como es el caso de Lisandro Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
La coordinación del Comité estará a cargo de Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a quien acompañarán de los decanos las facultades de ingeniería de cuatro universidades, el Defensor del Pueblo y la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Abinader indicó, además, que desde hace una semana ya se pueden licitar otras áreas pendientes por terminar en Las Parras. «Hay que admitir que tenemos una situación en todas las cárceles del país» agregó el jefe de Estado, señalando el caso de La Victoria como «crítico».
El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras fue comenzada en la gestión del expresidente Danilo Medina, pero la costrucción está abandonada y detenida, luego del expresidente contra Jean Alain Rodríguez y otras personas y empresas vinculados a pagos de sobornos para realizar obras.
Tras el incendio que se produjo la muerte a 13 reclusos, la noche del sábado se registró otro conato sin pérdidas humanas, afortunadamente. El domingo, la encargada de La Victoria, la coronela María Isabel Gil Morales, fue destituida.
Consultado al respecto, Abinader expresó que tiene buen informe de la militar, a la que calificó como «gran profesional» y que esta será reintegrada al proceso de la reforma penitenciaria más adelante.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.