Nacionales
Terminación de cárcel Las Parras será con dinero recuperado de corrupción.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno creó una comisión que completará la terminación de la cárcel Las Parras tras los incidentes recientes en la penitenciaria de La Victoria, como el incendio que dejó unos 13 presos muertos, así como para coordinar el traslado de internos de La Victoria hacia otros centros de reclusión.
Se trata del llamado Comité de Seguimiento al Plan de Gestión La Victoria-Las Parras, cuya finalidad será dar continuidad a las licitaciones y contratos para la transición de la cárcel La Victoria al nuevo recinto Las Parras, según fue anunciado este lunes por el presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa.
En el encuentro con los medios, el mandatario sostuvo que se ha retomado la reforma y para eso, «están buscando los recursos; incluso, muchos de los recursos que vamos a utilizar en esta reforma o una gran parte de los recursos son recuperación de dinero de la corrupción, de los acuerdos que han hecho personas con el Ministerio Público y se van a utilizar para mejorar estas cárceles«.
El mandatario también adelantó que está en conversación con Roberto Santana, designado en 2020 asesor honorífico en materia penitenciaria, a fin de eliminar la arrabalización de las prisiones del país.
En ese momento, Santana hizo un levantamiento y expresó que el plan de humanización de las prisiones tendría un costo de 81 millones de dólares. No obstante, el proyecto se fue tocado hasta los incidentes recientes en La Victoria.
Algunos de los que bailan en ese expediente han admitido su culpabilidad y comenzarán a devolver el dinero al Estado, como es el caso de Lisandro Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
La coordinación del Comité estará a cargo de Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a quien acompañarán de los decanos las facultades de ingeniería de cuatro universidades, el Defensor del Pueblo y la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Abinader indicó, además, que desde hace una semana ya se pueden licitar otras áreas pendientes por terminar en Las Parras. «Hay que admitir que tenemos una situación en todas las cárceles del país» agregó el jefe de Estado, señalando el caso de La Victoria como «crítico».
El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras fue comenzada en la gestión del expresidente Danilo Medina, pero la costrucción está abandonada y detenida, luego del expresidente contra Jean Alain Rodríguez y otras personas y empresas vinculados a pagos de sobornos para realizar obras.
Tras el incendio que se produjo la muerte a 13 reclusos, la noche del sábado se registró otro conato sin pérdidas humanas, afortunadamente. El domingo, la encargada de La Victoria, la coronela María Isabel Gil Morales, fue destituida.
Consultado al respecto, Abinader expresó que tiene buen informe de la militar, a la que calificó como «gran profesional» y que esta será reintegrada al proceso de la reforma penitenciaria más adelante.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.