Latinoamericanas
Gobierno venezolano acorrala a fiscal en medio de denuncias de golpe estado
AFP
CARACAS. El gobierno venezolano logró que la justicia llamara a la fiscal general, Luisa Ortega, al banquillo de los acusados el próximo martes, en medio de denuncias de un intento de golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, fijó la audiencia oral y pública para el 4 de julio a las 14H00 GMT, ante lo que le prohibió la salida del país y ordenó congelar sus cuentas y bienes, según un comunicado oficial.
También deberán comparecer el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb, de línea chavista, y el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal y pidió a los magistrados evaluar su salud “mental”.
Carreño acusa a la fiscal de mentir al haber asegurado que no aprobó la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en diciembre 2015.
La decisión judicial se enmarca en un recrudecimiento de la crisis política por las protestas opositoras que vive el país desde hace tres meses y dejan 77 muertos, y las denuncias hechas por Maduro sobre un “ataque terrorista” como parte una intenta golpista.
El gobierno asegura que el TSJ fue atacado el martes con cuatro granadas desde un helicóptero pilotado por un policía y actor, identificado como Óscar Pérez, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.
La aeronave de la policía científica CICPC fue encontrada este miércoles en la población de Osma, cerca de Caracas, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.
“Aquí parece que todo el país es terrorista (…) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado” mediante sentencias del TSJ y acciones represivas contra las protestas, afirmó este miércoles la fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional en Venezuela.
– “Escalada golpista” –
Maduro dijo haber activado “toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad” y capturar a Pérez, un inspector aeronáutico del CICP, cuyo paradero se ignora.
Pero en la ciudad no se observó este miércoles una presencia inusual de militares. “Ese psicópata no lo merece”, justificó el canciller Samuel Moncada.
El martes circularon videos en redes sociales que muestran el helicóptero sobrevolando Caracas. También fotos de la nave con un cartel que decía “350 Libertad”, en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno.
Pérez divulgó además videos en los que afirma ser parte de una “coalición” de militares, policías y civiles “en contra de este gobierno (…) criminal” y le exige a Maduro que renuncie y permita elecciones generales.
Los comicios son la principal exigencia de las protestas, que este miércoles continuaron con nuevos bloqueos de vías para forzar a Maduro a deponer su llamado a una Asamblea Constituyente.
Maduro sostiene que el episodio se inscribe en una “escalada golpista” de “factores extremistas” de la oposición, y afirmó que ir al “combate” si la revolución fuera derrocada. “Lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas”, advirtió.
El TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo condenaron el “atentado terrorista”.
La titular del CNE, Tibisay Lucena, garantizó la elección de la Constituyente el 30 de julio, ante “amenazas” de la oposición de impedirlo.
– ¿Trama oficialista? –
Moncada criticó el “silencio” de muchos países frente al supuesto complot, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea.
Ante la denuncia de Maduro, la UE pidió poner fin “urgentemente” a la violencia, mientras Brasil, crítico del gobierno venezolano, condenó por igual el ataque y el “asedio de grupos paramilitares”, el martes, contra el Parlamento de mayoría opositora.
Maduro vincula al complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según el presidente tuvo a Pérez como piloto. A ambos los señala de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).
“Los militares retirados no dan golpes”, se defendió Rodríguez Torres.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no descarta que todo pueda tratarse de un “peine” (montaje) del gobierno. “Sea lo que sea es gravísimo (…), la situación es insostenible”, dijo Julio Borges, presidente del Legislativo.
La experta en temas de defensa Rocío San Miguel descartó que en Venezuela “esté ocurriendo un alzamiento militar”.
“Es posible que lo del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (…) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad”, comentó a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.