Latinoamericanas
Gobierno venezolano acorrala a fiscal en medio de denuncias de golpe estado
AFP
CARACAS. El gobierno venezolano logró que la justicia llamara a la fiscal general, Luisa Ortega, al banquillo de los acusados el próximo martes, en medio de denuncias de un intento de golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, fijó la audiencia oral y pública para el 4 de julio a las 14H00 GMT, ante lo que le prohibió la salida del país y ordenó congelar sus cuentas y bienes, según un comunicado oficial.
También deberán comparecer el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb, de línea chavista, y el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal y pidió a los magistrados evaluar su salud “mental”.
Carreño acusa a la fiscal de mentir al haber asegurado que no aprobó la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en diciembre 2015.
La decisión judicial se enmarca en un recrudecimiento de la crisis política por las protestas opositoras que vive el país desde hace tres meses y dejan 77 muertos, y las denuncias hechas por Maduro sobre un “ataque terrorista” como parte una intenta golpista.
El gobierno asegura que el TSJ fue atacado el martes con cuatro granadas desde un helicóptero pilotado por un policía y actor, identificado como Óscar Pérez, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.
La aeronave de la policía científica CICPC fue encontrada este miércoles en la población de Osma, cerca de Caracas, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.
“Aquí parece que todo el país es terrorista (…) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado” mediante sentencias del TSJ y acciones represivas contra las protestas, afirmó este miércoles la fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional en Venezuela.
– “Escalada golpista” –
Maduro dijo haber activado “toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad” y capturar a Pérez, un inspector aeronáutico del CICP, cuyo paradero se ignora.
Pero en la ciudad no se observó este miércoles una presencia inusual de militares. “Ese psicópata no lo merece”, justificó el canciller Samuel Moncada.
El martes circularon videos en redes sociales que muestran el helicóptero sobrevolando Caracas. También fotos de la nave con un cartel que decía “350 Libertad”, en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno.
Pérez divulgó además videos en los que afirma ser parte de una “coalición” de militares, policías y civiles “en contra de este gobierno (…) criminal” y le exige a Maduro que renuncie y permita elecciones generales.
Los comicios son la principal exigencia de las protestas, que este miércoles continuaron con nuevos bloqueos de vías para forzar a Maduro a deponer su llamado a una Asamblea Constituyente.
Maduro sostiene que el episodio se inscribe en una “escalada golpista” de “factores extremistas” de la oposición, y afirmó que ir al “combate” si la revolución fuera derrocada. “Lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas”, advirtió.
El TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo condenaron el “atentado terrorista”.
La titular del CNE, Tibisay Lucena, garantizó la elección de la Constituyente el 30 de julio, ante “amenazas” de la oposición de impedirlo.
– ¿Trama oficialista? –
Moncada criticó el “silencio” de muchos países frente al supuesto complot, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea.
Ante la denuncia de Maduro, la UE pidió poner fin “urgentemente” a la violencia, mientras Brasil, crítico del gobierno venezolano, condenó por igual el ataque y el “asedio de grupos paramilitares”, el martes, contra el Parlamento de mayoría opositora.
Maduro vincula al complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según el presidente tuvo a Pérez como piloto. A ambos los señala de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).
“Los militares retirados no dan golpes”, se defendió Rodríguez Torres.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no descarta que todo pueda tratarse de un “peine” (montaje) del gobierno. “Sea lo que sea es gravísimo (…), la situación es insostenible”, dijo Julio Borges, presidente del Legislativo.
La experta en temas de defensa Rocío San Miguel descartó que en Venezuela “esté ocurriendo un alzamiento militar”.
“Es posible que lo del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (…) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad”, comentó a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.