Por Andrés L. Mateo
En un artículo anterior nos planteábamos la interrogante respecto de la definición de “rentista”. El rentismo se atiene a la característica más resaltante de la inversión capitalista, cuya naturaleza es la reproducción rápida de lo invertido. El rentista apuesta, invirtiendo capitales a determinado proyecto político, midiendo las posibilidades de triunfo del candidato y calculando los márgenes de recuperación apropiada de lo invertido. El rentista no es un filántropo, no hay idealismo posible en su transacción, no constituye un proyecto social; un rentista es un rentista, e invierte y espera ganar. Gonzalo Castillo, por ejemplo, no es un político, es un rentista exitoso.
Y eso es lo peligroso de la derivación que el ejercicio del poder en los gobiernos del PLD ha sembrado. Porque el rentismo produce también la hipercorrupción y la adulación, requiere del control total de las instituciones públicas, y en los grados de mayor miseria espiritual se empina sobre la jerga despótica. Por ejemplo, aquella vez que Gonzalo Castillo definió a Danilo Medina como “Benefactor de la patria”, probablemente no estaba pensando en el análisis de las preocupaciones, prácticas, y pensamientos propios de una gestión de Estado, sino en su satisfactoria condición particular de rentista. Y si no fuera porque ese lenguaje es el reflejo de un atraso descomunal en la concepción de lo que es el Estado, las expresiones de Gonzalo Castillo provocarían risas. Sin embargo, el hecho de que un rentista se decida a dar el salto al nivel más alto del poder constituido borra peligrosamente la frontera entre hechos y opiniones, e incluso derrota la especulación jactanciosa, porque va más allá de todo cuanto se había teorizado respecto del cambio de naturaleza política del PLD.
Un ejemplo: El poderoso Comité Político del PLD fue ninguneado en la coyuntura de la primera modificación a la Constitución, y los rentistas encabezaron la embestida propagandística del 2015 para neutralizar a los negacionistas de dentro y fuera del partido. Salvo estar presente en la reunión de Juan Dolio, el mojón histórico en que se ha convertido el buró político del PLD, mostró la corrosión de un organismo que ya no determinaba el poder real. Pero ahora, la precandidatura de Gonzalo Castillo demuestra el papel cada vez menor del factor político en las decisiones que la estructura de gobernanza en el PLD toma frente a una base común de hechos. Gonzalo Castillo esperó el último momento para lanzar su precandidatura, luego de que no pudieran imponer la reelección, y configuró una imagen que en la práctica se puede leer como un desprecio hacia la experiencia y el conocimiento de los políticos formales dentro del PLD. Para quienes no lo hayan advertido, Gonzalo Castillo es una anomalía y una apoteosis del rentismo que penetró tímidamente desde los gobiernos de Leonel Fernández, y que en los gobiernos de Danilo Medina hizo de la corrupción una política de Estado. Si en la coyuntura de la primera reelección de Danilo Medina el comité político fue ninguneado, ante el fracaso de eliminar el transitorio de la constitución para propiciar la nueva reelección, el otrora poderoso comité político ha hecho mutis por la parte atrás de la escena.
Gonzalo Castillo es el “Delfín” de Danilo Medina porque si hay algo que caracteriza predominantemente a los gobiernos del presidente Medina, es la intensificación de la práctica clientelista, unida a la cada vez mayor participación empresarial del rentismo en la administración pública. Se trata de un salto cualitativo, de una coyuntura especial que el rentismo empotrado en el poder no podría desperdiciar. En el PLD el rentismo es sobredeterminante, y la gerontocracia del comité político que cree que lo guía no tiene la menor idea de lo que realmente ocurre. Siendo como es un dirigente del siglo XIX, en Danilo Medina todo lo personal es político. Y aunque Gonzalo Castillo sea un rentista que invirtió y gana y gana todos los días, su objetivo es lo que define a un rentista: la reproducción rápida de lo invertido. No es un candidato, es la continuidad del despojo. Esta vez, en escala corporativa máxima.
La advertencia de Estados Unidos no es el problema; es el espejo. Durante décadas, República Dominicana llamó competitividad a un modelo que subsidia sectores, celebra récords y deja a demasiados trabajadores sin salario suficiente para vivir.
La manifestación más radical del principio de dignidad humana en el ecosistema electoral dominicano durante el periodo 2006–2026 ha sido la progresiva implementación del voto para los internos preventivos, conocido formalmente como el Voto Penitenciario. Históricamente, el ingreso al sistema carcelario dominicano conllevaba una muerte civil de facto, donde las personas privadas de libertad perdían la totalidad de sus derechos, independientemente de su estatus procesal.
Recuperar más de seis mil millones de pesos sustraídos malévolamente del patrimonio público, imputar judicialmente a 274 personas, lograr la apertura a juicio de 174 y condenas a 74 se configura, inequívocamente, como un acontecimiento récord. Y un hito que pulsa como punto de referencia en un terruño en el que, ondeando en el encubrimiento, jueces se quitan de los ojos la venda de la Diosa Temis para liberar sospechosamente, escudados en cuestionados tecnicismos legales, a personas señaladas por la comisión de delitos penales.