Opinión
Gonzalo Vargas Llosa
Por Juan Bolívar Díaz
El discurso de odio y exclusión que ha proliferado en el país en el último año se ha concentrado en este hombre de tanta gentileza y suavidad, que parece un dechado de fuerzas espirituales que se prodigan a su alrededor con la firmeza de quien es consciente de encarnar un papel de humanidad, aunque con la voz peruana que no suele pasar del medio tono.
Los que lo hemos tratado durante los casi cinco años en el país como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hemos encontrado en Gonzalo Vargas Llosa un ser humano elegante, que conjuga las dotes del diplomático con la convicción de quien tiene una misión que trasciende el empleo para ganarse la vida.
Pero Gonzalo fue escogido como chivo expiatorio del radical rechazo universal al genocidio civil que inició en el 2007 la Junta Central Electoral y que pretendió revestir de legitimidad la sentencia 168 del Tribunal Constitucional en perjuicio de decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría haitianos. A él le han cobrado el vigoroso artículo con que su padre, el laureado escritor Mario Vargas Llosa, rechazó el genocidio civil dominicano.
El ACNUR, como todos los organismos internacionales, ya de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, al igual que la inmensa gama de organizaciones internacionales no gubernamentales, ha defendido vigorosamente a una extensa población colocada en situación de apatridia, excluida en su propia tierra, condenada de vivir una especie de apartheid.
Nada de lo que hizo o dijo Vargas Llosa rebasó los límites de la prudencia y contó siempre con la aprobación de sus superiores jerárquicos, pero los grupos que han saturado de odio el medio ambiente de la isla le han querido cobrar el generalizado rechazo internacional, sin el cual el genocidio civil hubiese quedado como hecho cumplido, sin el remedio limitado de la Ley 169-14, que algunos todavía resisten.
La ignorancia de la historia del ACNUR llevó el fanatismo al extremo de pedir la declaración de “no grato” o la expulsión de Gonzalo Vargas Llosa, incluyendo resoluciones de la Cámara de Diputados y de del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Han sido acciones irreflexivas que en nada ayudan a mejorar la imagen internacional del país en materia de derechos humanos. Porque esa institución solo ha sido no grata para tiranías y dictaduras, donde ha salvado miles de vidas y protegido el derecho a la libertad.
Gonzalo debería ser desagraviado por el Gobierno del presidente Danilo Medina, como ya lo fue por unos sesenta amigos que le ofrecieron una cena de despedida esta semana, y lo que también están haciendo embajadas y organismos internacionales que reconocen su entereza y dedicación.
El discurso de Roberto Alvarez en la despedida expresó el profundo aprecio de sus amigos dominicanos, tras dar cuenta de las delicadas tareas cumplidas por este ilustre peruano antes de llegar al país, en escenarios tan complejos como la guerra de Bosnia, Libia, Afganistán, Pakistán, Sudán e Indonesia.
Gonzalo respondió con elegancia expresando admiración por “los valores que verdaderamente caracterizan al dominicano y a la dominicana, por los que “quieren tender puentes de entendimiento con sus vecinos y hermanos haitianos, y no levantar muros fronterizos de la discordia”. Para terminar planteando que “donde sea que me lleve el ACNUR en los próximos 15 años antes de jubilarme, cada vez que me encuentre en una situación muy difícil, donde hasta puede que llegue a dudar de mi vocación, buscaré nuevamente inspiración y motivación en el recuerdo de esos dominicanos solidarios con las víctimas del terremoto de Haití, en la lucha valiente de Juliana Deguis Pierre y en el coraje ejemplar de todos los aquí presentes”.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.