Análisis Noticiosos
Gran oportunidad para el PRM
Por: Juan Bolívar Díaz
Desde su fundación hace tres años sobre las ruinas del edificio político que durante décadas fuera el Partido Revolucionario Dominicano, se ha estado esperando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se constituya en un nueva esperanza que impulse el rescate del partidarismo y la actividad política democrática en el país y represente una nueva opción de poder.
En las encuestas de los últimos años Los partidos políticos y el Congreso Nacional aparecen sistemáticamente como las instituciones de menor credibilidad, con 23 y 15 por ciento en el Latinobarómetro de este año, y en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial la confianza de los dominicanos en la política ocupa el escalón 136 entre 137 países del mundo, sólo peor en Brasil.
Lo más relevante es que nuestros partidos y dirigentes políticos siguen tratando de ignorar las señales que le viene dando la ciudadanía, sin dar los pasos precisos para contener el deterioro, como ha quedado mostrado durante casi un cuarto de siglo que se discute la necesidad de una profunda reforma electoral que revitalice el partidarismo y rescate la actividad política. En el debate sobre la ley de partidos ha quedado de manifiesto que el liderazgo político ni siquiera confía que tenga capacidad para presentar padrones de militantes, por lo que algunos quieren imponer a toda costa la votación universal de los ciudadanos en la elección de candidatos a todos los niveles.
El PRM figura entre las organizaciones que propugna porque sean los miembros de cada partido los que elijan sus candidatos en votaciones primarias democráticas y está culminando un proceso de empadronamiento para de inmediato renovar su dirección nacional el 26 del mes en curso. Después volverían a abrirlo para ampliar la membrecía antes de escoger candidaturas para los comicios del 2020.
Cuando corrían rumores sobre supuestos intentos por frenar el proceso, la dirección ejecutiva de ese partido reafirmó el cierre del plazo de inscripción en el país el 31 de octubre y en el exterior el 6 de noviembre. Ahora enfrentan el desafío de elegir democráticamente sus dirigentes, lo que no ocurre en los grandes partidos desde hace casi dos décadas.
Los perremeistas están obligados a dar ejemplo de responsabilidad, organización y democracia interna, si quieren realmente constituirse en una alternativa para amplios segmentos de una ciudadanía que ha perdido la fe en sus organizaciones políticas. Ellos constituyen la principal alternativa al desgastado partido gobernante, y el año pasado lograron un 35 por ciento de los votos presidenciales, cuando apenas se habían constituido y en desventajas competitivas descomunales.
Hay quienes critican que más de un dirigente aspire y luche por la candidatura presidencial, lo que debería ser visto como expresión de democracia, pero se constituye en un elemento de desconfianza por el canibalismo y la falta de respeto a los procedimientos democráticos que ha caracterizado la política nacional de las últimas dos décadas.
´Sería un paso trascendente que el PRM tenga éxito en sus propósitos de empadronamiento y elección de dirigentes. Pero es preciso mucho más, por ejemplo, que ese partido y sus legisladores demuestren fehacientemente que quieren cambiar el salvajismo político. Ahora mismo tienen otra oportunidad si respaldan el establecimiento de un límite de 100 mil dólares para los automóviles que exoneran a los congresistas.
No es sólo el privilegio de la exoneración de impuestos, sino el negocio ilegal, corrupción, de vender las exoneraciones, de defender el derecho a lucrarse a costa del fisco, para que otros puedan importar Lamborghini Huracán de 206 mil dólares, casi 10 millones de pesos; Ford GT de 250 mil dólares; Porche de 599 mil dólares; o hasta un Ferrari Enzo de 3.2 millones de dólares, o 152 millones de pesos.
El partido que empiece a predicar con el ejemplo, comenzará el rescate de la política y se convertirá en una institución respetable. A ver si se animan los perremeístas.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.