Opinión
Grave e inexplicado deterioro
Por Juan Bolívar Díaz
Pero hay muchos factores del deterioro institucional y de la impunidad que incentivan la delincuencia, que debe enfrentar el gobierno
El deterioro institucional y la impunidad que le acompaña están alanzando niveles dramáticos, tanto que deberían forzar al presidente Danilo Medina a romper el silencio en que se encierra, a dar explicaciones y declarar su gobierno en estado de emergencia para adoptar las disposiciones de contención necesarias.
No es sólo que nos expliquen los alcances estratégicos de la política de seguridad pública, si es que existe más allá del lanzamiento de militares a las calles, lo que viene haciéndose cada año sin resultados sostenibles, que no los tendrán porque se sabe que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el éxito de la seguridad ciudadana. Aunque tampoco es justo que se responsabilice por completo al actual gobierno de la acumulación durante décadas de los factores estructurales y sociales que incentivan la criminalidad.
Pero hay muchos factores del deterioro institucional y de la impunidad que incentivan la delincuencia, que debe enfrentar el gobierno, independientemente del grave escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que sacude la sociedad dominicana y la región latinoamericana. Veamos algunos a continuación:
1.- Cómo justificar que una empresa privada lleve un mes arriesgando la salud del 35 por ciento de la población nacional, concentrada en el Gran Santo Domingo, con un descarado chantaje obstruccionista para que los ayuntamientos paguen un incremento que va del cien al mil por ciento en la tarifa para el depósito de la basura en el vertedero de Duquesa. Más aún tratándose de una empresa que usufructúa terrenos estatales, adquiridos a predio de bagatela, sin aprobación congresual, por encima de un decreto presidencial que los atribuye al Ayuntamiento del DN, y que tiene una ínfima inversión en el negocio.
2.- Si quedarán en el olvido las responsabilidades por las ventas, a precio de vaca muerta, del barrio Los Tres Brazos y una mina en Imbert, Puerto Plata, por parte de la Corporación de Empresas Estatales.
3.- Si no habrá algún responsable por el criminal tráfico de tierras del Consejo Estatal del Azúcar que originó el trágico asesinato de dos comunicadores radiofónicos en San Pedro de Macorís. Y si alguna vez la comisión presidencial creada en septiembre para investigar la corrupción inmobiliaria del CEA rendirá su informe.
4.- Hasta cuándo se permitirá que el CEA siga vendiendo terrenos estatales para pagar una nómina de entre 40 y 50 millones de pesos mensuales, como recién denunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
5.- Si se esclarecerá la denuncia del Diario Libre del 27 de marzo de que el país fue amenazado en diciembre de una demanda internacional porque la OMSA revocó un contrato de compra de 150 autobuses, tras comprobar que estarían provistos de un contador automático que evidenciarían un sub registro de pasajeros superior al 50 por ciento.
6.- Que se justifique el atraso de 5 meses en los pagos a los suplidores del alimento escolar, cuando el sector educación dispone del 4% del PIB en el presupuesto anual.
7.- El reclamo del Comité Institucional Codiano de pago por 3 mil 500 millones de pesos adeudados a más de mil contratistas del Estado, al borde de la desesperación.
8.- Si es verdad que una persona particular pudo desviar las aguas del río Masacre para pasarla por una finca, como recién denunció el senador oficialista por Montecristi.
9.- Si es posible que una abogada pueda apropiarse el balneario Las Marías, entre los municipios de Neyba y Galván, como denunciaron la semana pasada sus alcaldes.
10.- Cómo puede venderse a una empresa la calle que da acceso al patrimonio histórico de la ermita del Rosario en Villa Duarte.
11.- Si debemos olvidarnos de la extorsión mafiosa que detonó el suicidio del arquitecto David Rodríguez en la OISOE, hace ya más de año y medio. Ah! y también de los sobornos en la compra de los aviones Tucano.-
Por Isaías Ramos
Nuestro país se encuentra en una encrucijada crucial, donde el futuro de su democracia y la equidad social están en juego. La persistencia de una estructura política y económica que favorece a una élite, en detrimento del bienestar de la mayoría, plantea un desafío formidable que no podemos ignorar. Nuestro país clama por un cambio profundo que redefina los fundamentos de nuestra sociedad y asegure un futuro justo para todos.
La malversación de recursos y el abuso de poder no son simplemente noticias recurrentes; son realidades que coexisten con niveles alarmantes de pobreza y una inseguridad que afecta a la mayoría de nuestros hogares. Esta situación desalentadora requiere más que soluciones temporales y políticas de subsidios mal enfocadas, las cuales solo sirven para posponer lo inevitable.
Es imperativo que el pueblo dominicano tome las riendas de su destino, rechazando ser meros espectadores de un sistema que perpetúa la desigualdad y se nutre de injusticias. La historia nos enseña que las libertades y derechos se conquistan y mantienen a través de una lucha continua y consciente. Nuestro combate no es solo por necesidades económicas, sino por la dignidad y el futuro de nuestra nación.
Debemos aspirar a una transformación radical del modelo político y económico. Las políticas deben enfocarse en crear condiciones de igualdad de oportunidades, promover la inversión en infraestructura agrícola e industrial, así como apoyar decididamente a las micro, pequeñas y medianas empresas: verdaderas locomotoras del crecimiento local.
La implementación de subsidios y exenciones fiscales a sectores económicos privilegiados debe ser eliminada; estos recursos deben redirigirse hacia sectores donde tengan un impacto directo y medible. Es esencial poner fin a la política del derroche y endeudamiento, transfiriendo los recursos necesarios para incrementar la producción nacional.
El llamado es claro: construir un nuevo amanecer; un despertar nacional que eleve los intereses del pueblo por encima del egoísmo mezquino de una élite desconectada. Es momento de redefinir nuestras prioridades asegurándonos de que cada dominicano sea parte activa e informada sobre este cambio. La partidocracia actual ha fallado en atender los problemas estructurales del país; ya es tiempo promover una verdadera transformación.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que las candidaturas independientes enriquecen la pluralidad, el debate y las ideas. Trabajar unidos para hacer realidad nuestra Constitución y la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el objetivo de vivir plenamente en un Estado Social y Democrático de Derecho para el 2030. Es nuestro norte, definido incluso por aquellos que hasta ahora lo han ignorado. Es esencial lograr su despertar a la conciencia para que no se conviertan en simples testigos, sino también en participantes activos en esta transformación hacia un Estado que verdaderamente refleje nuestros valores y aspiraciones.
Nuestra Patria tiene el potencial de ser un faro de justicia y equidad en la región. Solo mediante un compromiso renovado y genuino con el cambio, así como con la participación de cada ciudadano, podremos transformar nuestro país en un lugar donde la prosperidad sea compartida y la dignidad de todos sea una realidad palpable.
Este es el momento de unirnos y evitar que nuestra nación caiga en un abismo de miseria y opresión, como ha sucedido en otras naciones vecinas. Es el momento de actuar, despertar y luchar por una República Dominicana que honre su promesa de justicia, igualdad y democracia.
¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.