Nacionales
Una nueva reforma se busca a la ley electoral para limitar gastos de campaña
Santo Domingo.-Un proyecto de ley respaldado por unos 33 diputados de diferentes partidos políticos buscan introducir cambios en la recién promulgada ley 20-23 para limitar la propaganda, la publicidad y el gasto en las campañas electorales.
La iniciativa busca poner límites al gasto de campaña a candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, directores distritales y vocales, quienes solo podrían usar el 50 % del monto consolidado de los salarios y emolumentos que devengarían por el tiempo de ejercicio del cargo a que aspiran.
En cuanto a la publicidad exterior, los partidos que postulen candidatura presidencial y vicepresidencial podrían colocar hasta 0.05 pies cuadrados de publicidad por cada votante inscrito en el padrón electoral. Esa misma proporción aplica para candidatos a senadores, diputados y alcaldes.
Mientras los candidatos a regidores podrán colocar hasta 0.03 pies cuadrados de publicidad visual en sus respectivas circunscripciones.
En el caso de la publicidad radial o televisiva para los presidenciables, senadores, diputados y candidaturas municipales se colocarían hasta 300 segundos diarios de promoción. Cuando se trate de postulaciones independientes en el orden municipal y congresual serían los 159 segundos los destinados a la publicidad en cada emisora o canal local y nacional.
Para los medios impresos y digitales no se limitará la publicidad en los medios impresos o digitales, sin embargo se deberá dar igual accedo, tarifa y espacio a todos los candidatos.
De las sanciones
Se impondrá multa administrativa equivalente a la escala de 10 hasta 50 veces el costo de la publicidad contratada y el retiro o remoción de la misma, cuando las emisoras de radio o televisión o la impresora que contrate o coloque publicidad a favor de un candidato en violación a los límites establecidos en esta ley.
En adición a ello, la Junta Central Electoral (JCE) podrá inhabilitar como candidato a la persona reincidente en violación a esta ley, de cuya decisión dará cuenta al partido correspondiente para que supla su sustituto.
Los considerandos
«Que ante el auge del crimen organizado transnacional y el lavado de activos provenientes del crimen y actividades ilícitas, es necesario proteger con un manto de transparencia el ejercicio de los cargos públicos electivos los cuales son blanco de esos sectores oscuros e innombrables, que buscan protección e impunidad mediante su ascenso al tren administrativo del estado, el Congreso Nacional y los gobiernos locales», refiere uno de los considerando de la pieza.
Aduce, además, que es necesario evitar el uso excesivo e indiscriminado de recursos económicos y materiales de procedencia ilícita puedan ser usados para saturar espacios públicos o privados, así como medios de comunicación.
Los proponentes
El diputados Eugenio Cédeño Areche, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), figura como proponente principal del proyecto de ley, al que se adhirieron otros compañeros de curul, según figura en la propuesta.
Se tratan de Francisco Alberto Díaz García, Francisco Antonio Solimán Rijo, Getrude Ramírez Cabral, Gilberto Antonio Balbuena Arias, Gregorio Domínguez Domínguez, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera, José Horacio Rodríguez Grullón, José Moisés Ortiz López, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, Juan Julio Campos Ventura, Julio Emil Durán Rodríguez, Luis René Fernández Tavárez, José Francisco A. A. Santana Suriel y Mélido Mercedes Castillo.
También, Nelsa Shoraya Suárez Ariza, Otoniel Tejeda Martínez, Ramón María Ceballo Martes, Ramón Rogelio Genao Durán, Sadoky Duarte Suárez, Santiago Vilorio Lizardo, Moisés Avala Pérez, Víctor Valdemar Suárez Díaz, José Benedicto Hernández Tejada, Jesús Manuel Sánchez Martínez, Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas, Carlos Higinio de Jesús Veras, Dionisio de la Rosa Rodríguez, Eddy Oscar Montás Guerrero, Edirda Yoalis De Oleo Peña, Eduviges María Bautista, Jorge Hugo Cavoli Balbuena.
Nacionales
PLD, parte de la cúpula de la partidocracia, afirma que sentencia del TC puede atentar contra sistema de partidos
Santo Domingo. – Los partidos tradicionales dominicanos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado su preocupación y rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que en un proceso eleccionario se podrá presentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial y municipal que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
En un comunicado, el secretario general de la organización política, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político.
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El dirigente morado aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Según Pujols, esos puntos también son compartidos por otras organizaciones políticas y sociales, con las que ya se han “adelantado encuentros para tratar el tema”.
“Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestra más alta preocupación por la sentencia TC/0788/24, así como la voluntad de construir junto a los actores del sistema de partidos una salida prudente que proteja el sistema de partidos y la democracia dominicana”, expresó.
En ese sentido, destacó que es crucial emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para esas candidaturas.
“Esta sentencia podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país”, argumentó.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.