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Una nueva reforma se busca a la ley electoral para limitar gastos de campaña
Santo Domingo.-Un proyecto de ley respaldado por unos 33 diputados de diferentes partidos políticos buscan introducir cambios en la recién promulgada ley 20-23 para limitar la propaganda, la publicidad y el gasto en las campañas electorales.
La iniciativa busca poner límites al gasto de campaña a candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, directores distritales y vocales, quienes solo podrían usar el 50 % del monto consolidado de los salarios y emolumentos que devengarían por el tiempo de ejercicio del cargo a que aspiran.
En cuanto a la publicidad exterior, los partidos que postulen candidatura presidencial y vicepresidencial podrían colocar hasta 0.05 pies cuadrados de publicidad por cada votante inscrito en el padrón electoral. Esa misma proporción aplica para candidatos a senadores, diputados y alcaldes.
Mientras los candidatos a regidores podrán colocar hasta 0.03 pies cuadrados de publicidad visual en sus respectivas circunscripciones.
En el caso de la publicidad radial o televisiva para los presidenciables, senadores, diputados y candidaturas municipales se colocarían hasta 300 segundos diarios de promoción. Cuando se trate de postulaciones independientes en el orden municipal y congresual serían los 159 segundos los destinados a la publicidad en cada emisora o canal local y nacional.
Para los medios impresos y digitales no se limitará la publicidad en los medios impresos o digitales, sin embargo se deberá dar igual accedo, tarifa y espacio a todos los candidatos.
De las sanciones
Se impondrá multa administrativa equivalente a la escala de 10 hasta 50 veces el costo de la publicidad contratada y el retiro o remoción de la misma, cuando las emisoras de radio o televisión o la impresora que contrate o coloque publicidad a favor de un candidato en violación a los límites establecidos en esta ley.
En adición a ello, la Junta Central Electoral (JCE) podrá inhabilitar como candidato a la persona reincidente en violación a esta ley, de cuya decisión dará cuenta al partido correspondiente para que supla su sustituto.
Los considerandos
«Que ante el auge del crimen organizado transnacional y el lavado de activos provenientes del crimen y actividades ilícitas, es necesario proteger con un manto de transparencia el ejercicio de los cargos públicos electivos los cuales son blanco de esos sectores oscuros e innombrables, que buscan protección e impunidad mediante su ascenso al tren administrativo del estado, el Congreso Nacional y los gobiernos locales», refiere uno de los considerando de la pieza.
Aduce, además, que es necesario evitar el uso excesivo e indiscriminado de recursos económicos y materiales de procedencia ilícita puedan ser usados para saturar espacios públicos o privados, así como medios de comunicación.
Los proponentes
El diputados Eugenio Cédeño Areche, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), figura como proponente principal del proyecto de ley, al que se adhirieron otros compañeros de curul, según figura en la propuesta.
Se tratan de Francisco Alberto Díaz García, Francisco Antonio Solimán Rijo, Getrude Ramírez Cabral, Gilberto Antonio Balbuena Arias, Gregorio Domínguez Domínguez, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera, José Horacio Rodríguez Grullón, José Moisés Ortiz López, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, Juan Julio Campos Ventura, Julio Emil Durán Rodríguez, Luis René Fernández Tavárez, José Francisco A. A. Santana Suriel y Mélido Mercedes Castillo.
También, Nelsa Shoraya Suárez Ariza, Otoniel Tejeda Martínez, Ramón María Ceballo Martes, Ramón Rogelio Genao Durán, Sadoky Duarte Suárez, Santiago Vilorio Lizardo, Moisés Avala Pérez, Víctor Valdemar Suárez Díaz, José Benedicto Hernández Tejada, Jesús Manuel Sánchez Martínez, Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas, Carlos Higinio de Jesús Veras, Dionisio de la Rosa Rodríguez, Eddy Oscar Montás Guerrero, Edirda Yoalis De Oleo Peña, Eduviges María Bautista, Jorge Hugo Cavoli Balbuena.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.