Nacionales
Una nueva reforma se busca a la ley electoral para limitar gastos de campaña
Santo Domingo.-Un proyecto de ley respaldado por unos 33 diputados de diferentes partidos políticos buscan introducir cambios en la recién promulgada ley 20-23 para limitar la propaganda, la publicidad y el gasto en las campañas electorales.
La iniciativa busca poner límites al gasto de campaña a candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, directores distritales y vocales, quienes solo podrían usar el 50 % del monto consolidado de los salarios y emolumentos que devengarían por el tiempo de ejercicio del cargo a que aspiran.
En cuanto a la publicidad exterior, los partidos que postulen candidatura presidencial y vicepresidencial podrían colocar hasta 0.05 pies cuadrados de publicidad por cada votante inscrito en el padrón electoral. Esa misma proporción aplica para candidatos a senadores, diputados y alcaldes.
Mientras los candidatos a regidores podrán colocar hasta 0.03 pies cuadrados de publicidad visual en sus respectivas circunscripciones.
En el caso de la publicidad radial o televisiva para los presidenciables, senadores, diputados y candidaturas municipales se colocarían hasta 300 segundos diarios de promoción. Cuando se trate de postulaciones independientes en el orden municipal y congresual serían los 159 segundos los destinados a la publicidad en cada emisora o canal local y nacional.
Para los medios impresos y digitales no se limitará la publicidad en los medios impresos o digitales, sin embargo se deberá dar igual accedo, tarifa y espacio a todos los candidatos.
De las sanciones
Se impondrá multa administrativa equivalente a la escala de 10 hasta 50 veces el costo de la publicidad contratada y el retiro o remoción de la misma, cuando las emisoras de radio o televisión o la impresora que contrate o coloque publicidad a favor de un candidato en violación a los límites establecidos en esta ley.
En adición a ello, la Junta Central Electoral (JCE) podrá inhabilitar como candidato a la persona reincidente en violación a esta ley, de cuya decisión dará cuenta al partido correspondiente para que supla su sustituto.
Los considerandos
«Que ante el auge del crimen organizado transnacional y el lavado de activos provenientes del crimen y actividades ilícitas, es necesario proteger con un manto de transparencia el ejercicio de los cargos públicos electivos los cuales son blanco de esos sectores oscuros e innombrables, que buscan protección e impunidad mediante su ascenso al tren administrativo del estado, el Congreso Nacional y los gobiernos locales», refiere uno de los considerando de la pieza.
Aduce, además, que es necesario evitar el uso excesivo e indiscriminado de recursos económicos y materiales de procedencia ilícita puedan ser usados para saturar espacios públicos o privados, así como medios de comunicación.
Los proponentes
El diputados Eugenio Cédeño Areche, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), figura como proponente principal del proyecto de ley, al que se adhirieron otros compañeros de curul, según figura en la propuesta.
Se tratan de Francisco Alberto Díaz García, Francisco Antonio Solimán Rijo, Getrude Ramírez Cabral, Gilberto Antonio Balbuena Arias, Gregorio Domínguez Domínguez, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera, José Horacio Rodríguez Grullón, José Moisés Ortiz López, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, Juan Julio Campos Ventura, Julio Emil Durán Rodríguez, Luis René Fernández Tavárez, José Francisco A. A. Santana Suriel y Mélido Mercedes Castillo.
También, Nelsa Shoraya Suárez Ariza, Otoniel Tejeda Martínez, Ramón María Ceballo Martes, Ramón Rogelio Genao Durán, Sadoky Duarte Suárez, Santiago Vilorio Lizardo, Moisés Avala Pérez, Víctor Valdemar Suárez Díaz, José Benedicto Hernández Tejada, Jesús Manuel Sánchez Martínez, Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas, Carlos Higinio de Jesús Veras, Dionisio de la Rosa Rodríguez, Eddy Oscar Montás Guerrero, Edirda Yoalis De Oleo Peña, Eduviges María Bautista, Jorge Hugo Cavoli Balbuena.
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.