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Grupo haitiano plantea boicotear comercio de República Dominicana en Haití
SD. La campaña de grupos haitianos en contra de República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece criterios sobre la nacionalidad, no se detiene. Ahora se sumó un denominado «Colectivo 4 de Diciembre» que hizo un llamado a diferentes sectores de Haití y al gobierno de la vecina nación a boicotear el comercio dominicano en suelo haitiano.
Esta estrategia se une a la petición de la presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom), Kamla Persad Bissessar, quien solicitó al presidente Danilo Medina no aplicar la sentencia del TC.
El boicot es «con el fin de impulsar al Estado dominicano a reconsiderar la polémica sentencia del 23 de septiembre», de acuerdo a una información publicada por el periódico haitiano Le Nouvelliste.
El ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jean- Robert Argand, coordinador del grupo, explica que el comercio es la mejor área donde los haitianos podrían perjudicar los intereses de República Dominicana.
El «Colectivo 4 de Diciembre» solicita al gobierno haitiano «tomar todas las medidas para hacer cumplir los derechos de nuestros ciudadanos más allá de nuestras fronteras, así como en el interior». También fortalecer el control aduanero, ayudar y guiar a «nuestros importadores haitianos en la identificación urgente de intercambio alternativo con los países vecinos que no sean la República Dominicana», dice la publicación de Le Nouvelliste.
El citado colectivo compara la decisión del TC con la masacre de los inmigrantes haitianos de 1937, durante la dictadura de Rafael L. Trujillo.
Gerard Gourgue, presidente honorífico del «Colectivo 4 de Diciembre», dijo apoyar el enfoque iniciado por la nueva entidad. Después de haber vivido, cuando era niño la masacre de 1937, el ex candidato presidencial reconoce los importantes cambios que existen en las relaciones entre los dos países. «Si bien el gobierno de Haití ha gestionado la crisis desde un punto de vista diplomático, este no es el caso de su gestión interna», reconoció Gourgue.
El contexto
«Mediante la retrógrada sentencia TC/0168/13 de fecha 23 de septiembre 2013, que atenta en contra de los derechos de los ciudadanos y socava la victoria de las luchas sin fin de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas desde 1948 – la Corte Constitucional de la República Dominicana niega la nacionalidad dominicana a varias generaciones de inmigrantes y sus descendientes, establecidos en el país desde el 21 de junio 1929», dijo el «Colectivo 04 de diciembre», en una nota publicada con motivo de su presentación.
«Comité Memoria 1937» está preocupado por sentencia TC
En un documento fechado en Puerto Príncipe, de fecha 23 de diciembre, el «Comité Memoria 1937» llamó a las autoridades políticas dominicanas a tomar en consideración las trágicas consecuencias que el dictamen del TC podría traer sobre «las condiciones de existencia de ciudadanos leales con las leyes de su país y, que por otra parte, han contribuido ampliamente al desarrollo de la economía dominicana».
De igual manera, expresó su apoyo «sin ninguna reserva» a las peticiones y acciones del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas que reúne varias personalidades y organizaciones de la sociedad civil dominicana luchando por el respeto de los derechos de sus conciudadanos.
La declaración del «Comité Memoria 1937» está firmado por ocho personalidades haitianas, entre las que se encuentran Guy Alexandre, Suzy Castor, Colette Lespinasse, Edwin Paraison, Sabine Manigat, entre otras.
Al expresar su más alta preocupación, el Comité exhortó al Ejecutivo haitiano «a ser vigilante, a fines de no caer en la trampa de transformar en un diálogo bilateral un asunto de orden internacional, y así dejarse mover hacia la firma de un acuerdo en detrimento de la población haitiana, en especial de sus capas más vulnerables , expuestas a toda especie de trabas administrativas y abusos en territorio dominicano».
Solicitó al Estado haitiano asistir a sus connacionales en los trámites para la obtención de documentos de identidad y otros requeridos por el gobierno dominicano para regularizar su condición de migrantes.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.