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Grupo haitiano plantea boicotear comercio de República Dominicana en Haití
SD. La campaña de grupos haitianos en contra de República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece criterios sobre la nacionalidad, no se detiene. Ahora se sumó un denominado «Colectivo 4 de Diciembre» que hizo un llamado a diferentes sectores de Haití y al gobierno de la vecina nación a boicotear el comercio dominicano en suelo haitiano.
Esta estrategia se une a la petición de la presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom), Kamla Persad Bissessar, quien solicitó al presidente Danilo Medina no aplicar la sentencia del TC.
El boicot es «con el fin de impulsar al Estado dominicano a reconsiderar la polémica sentencia del 23 de septiembre», de acuerdo a una información publicada por el periódico haitiano Le Nouvelliste.
El ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jean- Robert Argand, coordinador del grupo, explica que el comercio es la mejor área donde los haitianos podrían perjudicar los intereses de República Dominicana.
El «Colectivo 4 de Diciembre» solicita al gobierno haitiano «tomar todas las medidas para hacer cumplir los derechos de nuestros ciudadanos más allá de nuestras fronteras, así como en el interior». También fortalecer el control aduanero, ayudar y guiar a «nuestros importadores haitianos en la identificación urgente de intercambio alternativo con los países vecinos que no sean la República Dominicana», dice la publicación de Le Nouvelliste.
El citado colectivo compara la decisión del TC con la masacre de los inmigrantes haitianos de 1937, durante la dictadura de Rafael L. Trujillo.
Gerard Gourgue, presidente honorífico del «Colectivo 4 de Diciembre», dijo apoyar el enfoque iniciado por la nueva entidad. Después de haber vivido, cuando era niño la masacre de 1937, el ex candidato presidencial reconoce los importantes cambios que existen en las relaciones entre los dos países. «Si bien el gobierno de Haití ha gestionado la crisis desde un punto de vista diplomático, este no es el caso de su gestión interna», reconoció Gourgue.
El contexto
«Mediante la retrógrada sentencia TC/0168/13 de fecha 23 de septiembre 2013, que atenta en contra de los derechos de los ciudadanos y socava la victoria de las luchas sin fin de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas desde 1948 – la Corte Constitucional de la República Dominicana niega la nacionalidad dominicana a varias generaciones de inmigrantes y sus descendientes, establecidos en el país desde el 21 de junio 1929», dijo el «Colectivo 04 de diciembre», en una nota publicada con motivo de su presentación.
«Comité Memoria 1937» está preocupado por sentencia TC
En un documento fechado en Puerto Príncipe, de fecha 23 de diciembre, el «Comité Memoria 1937» llamó a las autoridades políticas dominicanas a tomar en consideración las trágicas consecuencias que el dictamen del TC podría traer sobre «las condiciones de existencia de ciudadanos leales con las leyes de su país y, que por otra parte, han contribuido ampliamente al desarrollo de la economía dominicana».
De igual manera, expresó su apoyo «sin ninguna reserva» a las peticiones y acciones del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas que reúne varias personalidades y organizaciones de la sociedad civil dominicana luchando por el respeto de los derechos de sus conciudadanos.
La declaración del «Comité Memoria 1937» está firmado por ocho personalidades haitianas, entre las que se encuentran Guy Alexandre, Suzy Castor, Colette Lespinasse, Edwin Paraison, Sabine Manigat, entre otras.
Al expresar su más alta preocupación, el Comité exhortó al Ejecutivo haitiano «a ser vigilante, a fines de no caer en la trampa de transformar en un diálogo bilateral un asunto de orden internacional, y así dejarse mover hacia la firma de un acuerdo en detrimento de la población haitiana, en especial de sus capas más vulnerables , expuestas a toda especie de trabas administrativas y abusos en territorio dominicano».
Solicitó al Estado haitiano asistir a sus connacionales en los trámites para la obtención de documentos de identidad y otros requeridos por el gobierno dominicano para regularizar su condición de migrantes.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.