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Grupo haitiano plantea boicotear comercio de República Dominicana en Haití

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imagesSD. La campaña de grupos haitianos en contra de República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece criterios sobre la nacionalidad, no se detiene. Ahora se sumó un denominado «Colectivo 4 de Diciembre» que hizo un llamado a diferentes sectores de Haití y al gobierno de la vecina nación a boicotear el comercio dominicano en suelo haitiano.

Esta estrategia se une a la petición de la presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom), Kamla Persad Bissessar, quien solicitó al presidente Danilo Medina no aplicar la sentencia del TC.

El boicot es «con el fin de impulsar al Estado dominicano a reconsiderar la polémica sentencia del 23 de septiembre», de acuerdo a una información publicada por el periódico haitiano Le Nouvelliste.

El ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jean- Robert Argand, coordinador del grupo, explica que el comercio es la mejor área donde los haitianos podrían perjudicar los intereses de República Dominicana.

El «Colectivo 4 de Diciembre» solicita al gobierno haitiano «tomar todas las medidas para hacer cumplir los derechos de nuestros ciudadanos más allá de nuestras fronteras, así como en el interior». También fortalecer el control aduanero, ayudar y guiar a «nuestros importadores haitianos en la identificación urgente de intercambio alternativo con los países vecinos que no sean la República Dominicana», dice la publicación de Le Nouvelliste.

El citado colectivo compara la decisión del TC con la masacre de los inmigrantes haitianos de 1937, durante la dictadura de Rafael L. Trujillo.

Gerard Gourgue, presidente honorífico del «Colectivo 4 de Diciembre», dijo apoyar el enfoque iniciado por la nueva entidad. Después de haber vivido, cuando era niño la masacre de 1937, el ex candidato presidencial reconoce los importantes cambios que existen en las relaciones entre los dos países. «Si bien el gobierno de Haití ha gestionado la crisis desde un punto de vista diplomático, este no es el caso de su gestión interna», reconoció Gourgue.

 El contexto

«Mediante la retrógrada sentencia TC/0168/13 de fecha 23 de septiembre 2013, que atenta en contra de los derechos de los ciudadanos y socava la victoria de las luchas sin fin de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas desde 1948 – la Corte Constitucional de la República Dominicana niega la nacionalidad dominicana a varias generaciones de inmigrantes y sus descendientes, establecidos en el país desde el 21 de junio 1929», dijo el «Colectivo 04 de diciembre», en una nota publicada con motivo de su presentación.

«Comité Memoria 1937» está preocupado por sentencia TC

En un documento fechado en Puerto Príncipe, de fecha 23 de diciembre, el «Comité Memoria 1937» llamó a las autoridades políticas dominicanas a tomar en consideración las trágicas consecuencias que el dictamen del TC podría traer sobre «las condiciones de existencia de ciudadanos leales con las leyes de su país y, que por otra parte, han contribuido ampliamente al desarrollo de la economía dominicana».

De igual manera, expresó su apoyo «sin ninguna reserva» a las peticiones y acciones del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas que reúne varias personalidades y organizaciones de la sociedad civil dominicana luchando por el respeto de los derechos de sus conciudadanos.

La declaración del «Comité Memoria 1937» está firmado por ocho personalidades haitianas, entre las que se encuentran Guy Alexandre, Suzy Castor, Colette Lespinasse, Edwin Paraison, Sabine Manigat, entre otras.

Al expresar su más alta preocupación, el Comité exhortó al Ejecutivo haitiano «a ser vigilante, a fines de no caer en la trampa de transformar en un diálogo bilateral un asunto de orden internacional, y así dejarse mover hacia la firma de un acuerdo en detrimento de la población haitiana, en especial de sus capas más vulnerables , expuestas a toda especie de trabas administrativas y abusos en territorio dominicano».

Solicitó al Estado haitiano asistir a sus connacionales en los trámites para la obtención de documentos de identidad y otros requeridos por el gobierno dominicano para regularizar su condición de migrantes.

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Se impone la voluntad de Abinader y se queda Eduardo Estrella como presidente del Senado.

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Santo Domingo, RD.-En lo que podría calificarse como otra imposición más del presidente Luis Abinader y a pesar de que varios de sus senadores han manifestado públicamente su descontento, la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que ese bloque respaldará la continuidad de Eduardo Estrella como presidente del Senado de la República para el período 2022-2023.

De acuerdo con las declaraciones del presidente del oficialista, José Ignacio Paliza, se «tomó una decisión unánime» dentro de la reunión de la dirección ejecutiva y que se determinó que para el período de 2023-2024 se entrará a un proceso de «alternancia».

«Queremos hacer público la decisión de este organismo de que para el año próximo, el PRM propiciará un proceso de alternancia, sobretodo en el Senado de la República, que está dirigido y apoyado por nosotros por un aliado de nuestra organización, que es un hombre de gran respeto y honorabilidad (en alusión a Eduardo Estrella), pero que algunos entienden que debido a la naturaleza del órgano, debe siempre de propiciarse niveles de alternancia y de participación», explicó el también ministro Administrativo de la Presidencia.

Las declaraciones del funcionario dan a entender que esa fue la solución negociada con los senadores de ese partido, ya que muchos de estos, entre ellos Faride Raful y Ginnete Bournigal, han expresado abiertamente de que «era tiempo»  de que «alguien del partido» dirija el la Cámara Alta del Congreso Nacional.

«El PRM no conoce de rupturas, ni conoce de divisiones, es un partido que en sus siete años de existencia sus decisiones siempre han sido coherentes y de unidad en toda la organización, nuestro partido es uno siempre apegado en las mejores intenciones de sí y en la República Dominicana…pueden ustedes tener la garantía y la seguridad de que el grupo de hombres y mujeres que dirigen el país, lo hacen con las mejores intenciones y lo hacen siempre en el entendimiento de que unidos somos más fuertes…», exclamó Paliza al momento de ser cuestionado sobre si esa decisión provocará descontentos dentro del PRM.

El resto del bufete directivo del Congreso

El PRM también apoyará a que se mantengan en el Senado, Santiago José Zorrilla como vicepresidente; además de Ginnete Bournigal y Lía Díaz como secretarias.

Mientras que en la Cámara de Diputados, el partido de Gobierno apoyará a que siga Alfredo Pacheco como presidente, Olfanny Méndez, cómo vicepresidente y Agustín Burgos como secretario.

Sobre el bufete directivo de la Cámara Baja del Poder Legislativo no sé habló de alternancia debido a la «gran aceptación» que tiene Pacheco entre los legisladores.

Se recuerda que al PRM ser la mayoría en ambas cámaras legislativas, la plancha y candidatura que ellos presenten será la vencedora al momento de la votación el 16 de agosto.

Las vocerías

El PRM informó que convocará a los bloques legislativos el próximo lunes para elegir los voceros y vicevoceros de ambas bancadas; Paliza adelantó la posibilidad de que Julito Fulcar repita como vocero en la Cámara de Diputados, ya Faride Raful indicó que no seguiría en esas funciones en el Senado.

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Agresión Canódromo en manos de juez de instrucción.

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Santo Domingo, RD.-El caso del Canódromo descansa ante el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien  fue apoderado del sometimiento en contra de la ex encargada del Centro de Retención Vehicular, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos acusados de la agresión al Defensor del Pueblo y a miembros de la prensa.

El magistrado Raymundo Mejía fue apoderado de la solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados, por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado.

El tribunal fue apoderado luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de las fiscales Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela presentara acusación formal en contra de los siete implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa, en el Canódromo el pasado mes de abril.

Los agresores
En el caso donde fueron borrados la data del teléfono que le fue arrebatado a la periodista del Listín, figuran como acusados además de la coronela de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.

Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña fueron acusados de golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal Dominicano. Mientras que De los Santos Peña fue acusado de violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En la acusación el ministerio público aduce que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).

Señala que Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones, junto a los medios de comunicación, para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.

Asimismo, detallan que, cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del centro, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes además agredió físicamente.

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Arranca hoy el juicio preliminar arrestados en operación Medusa

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Santo Domingo, RD.-Inicia hoy el conocimiento del juicio preliminar al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el caso Medusa, en una audiencia convocada para las 9:00 de la mañana por el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción  del Distrito Nacional.

El magistrado convocó a las partes para que estén presentes a las 9:00 de la mañana, en la sala de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el viejo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, tribunal seleccionado por razones de espacio.

Previo, la secretaría del tribunal notificó a cada uno de los imputados y a sus abogados la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y los abogados que representan al Estado dominicano, constituido en actor civil.

Con esta etapa se inicia el juicio a la prueba, en la que se determinará si la acusación,  que cuenta con más de 12,000 páginas, tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo o de lo contrario se dictaría auto de no ha lugar.

La sala de audiencia donde se conocerá el caso Medusa es amplia, espaciosa y bien iluminada. Cuenta con dos hileras de cómodas butacas acolchadas, para acoger a 272 personas. Los pasillos céntricos, laterales y traseros son tan amplios, que permitirían la colocación de más asientos, si fueren necesarios.

Es la sala más grande del viejo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, construido en el año 1947, donde funcionaba la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Tiene capacidad para alojar a 272 personas.

Cuenta con un sistema de audio que incluye seis pequeñas bocinas colocadas discretamente en la pared de los pasillos laterales y la modalidad de la audiencia será presencial y además se ha habilitado un enlace virtual para facilitar la labor de cobertura de los medios de comunicación.

Los imputados
En el caso figuran como imputados, además de Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos y los exsubdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y Miguel de Moya.

Nuevos acusados
En la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, exdirector del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec); Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.

Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.

Hace 13 meses
“Operación Medusa” puesta en marcha el 28 de junio de 2021 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución.

Los primeros arrestados fueron Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información, entre otros

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