Nacionales
Grupo PRD trata salvarlo división
Luis Abinader , Alfredo Pacheco, Guido Gómez Mazara y Eduardo Sanz Lovatón
Un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) constituyó la “Nueva Mayoría”, argumentando la necesidad de unificar criterios para defender los reclamos de la población ante una reforma fiscal que podría incrementar los niveles de pobreza de los dominicanos.
Los dirigentes perredeístas, miembros de la Comisión Política, buscarán fórmulas que contribuyan a salvar al PRD de una división o de algún desprendimiento que lo convierta en una tercera fuerza, cuando en las últimas dos elecciones es el partido de mayor fuerza electoral.
El grupo no descartaría buscar una opción diferente al expresidente Hipólito Mejía y a Miguel Vargas, quienes mantienen una enemistad manifiesta y pugnas irreconciliadas.
En rueda de prensa a las 10:00 de la mañana en el hotel Clarión, en un documento leído por Eduardo Sanz Lovatón plantearon que a la propuesta de reforma fiscal debe dársele una respuesta del partido unificada en el Congreso y en los organismos internos.
Los integrantes de la “Nueva mayoría” perredeísta presentes en el acto fueron Luis Abinader, Orlando Jorge Mera, secretario general; Guido Gómez Mazara, Alfredo Pacheco, Tony Peña Guaba, José Leonel Cabrera (Neney) y Eduardo Sanz Lovatón, quien leyó el documento.
Otros dirigentes favorecieron la creación de la “Nueva Mayoría”, a la que dieron su visto bueno.
Para la próxima semana se prepara un acto multitudinario, con la participación de la mayoría de los miembros de la cúpula de ambos grupos, aunque tampoco dijeron el lugar ni la fecha.
Sobre la reforma
La “Nueva Mayoría” afirmó que urge que el PRD fije una sola posición, “cónsona con nuestros valores y principios del socialismo democrático, rechazando nuevos impuestos y planteando alternativas de solución que sean menos dolorosas para el pueblo dominicano”.
“Cansado ya de cargar con cinco reformas tributarias en los últimos cinco años, el PRD tiene que oponerse a los gravámenes que vayan en contra de la población, como es el costo de la vida y de los que afectan el empleo y el desarrollo nacional”, expresó.
Sanz Lovatón pidió que el Gobierno asuma el sacrificio de la reforma fiscal, reoriente el gasto público, sea más transparente y determine las responsabilidades por el déficit fiscal, cuyo monto es el mayor que se recuerde en la historia dominicana.
“En nuestra calidad de dirigentes de la organización de José Francisco Peña Gómez creemos oportuno expresar ante el país y ante los militantes y simpatizantes del PRD nuestra posición ante el proyecto de reforma fiscal presentado a la nación por el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, el cual debe tener una respuesta punto por punto por el partido”, indica el documento del grupo de dirigentes perredeístas, quienes recibieron el apoyo de otros de bases y de organismos medios.
Una comisión del Gobierno, encabezada por los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, y de Hacienda, Simón Lizardo, entregó ayer al presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la reforma fiscal que depositará la semana próxima.
Vargas estuvo acompañado de legisladores y miembros de la cúpula perredeísta.
Montás informó el interés del Gobierno de sostener un encuentro con el expresidente Mejía para tratarle sobre los gravámenes, aunque no hay fecha programada.
Diversos sectores han expresado desacuerdo con la reforma propuesta por el Gobierno.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.