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Grupos de dominicanas reclaman la despenalización del aborto

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SANTO DOMINGO.- Mujeres de la República Dominicana reclamaron hoy del Estado la despenalización del aborto en el país, al tiempo que expresaron su solidaridad con las mujeres de Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde al igual que en la nación caribeña el aborto está totalmente prohibido.

Con motivo de la conmemoración hoy del Día Mundial por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, asociaciones de mujeres locales argumentaron que «obligar» a llevar a término un embarazo que no se desea o que no se está en condiciones de asumir «es un acto barbárico, que refuerza nuestra subordinación de género y que, en efecto, nos reduce a la condición de bestias biológicas».

Asimismo, calificaron de «triste» el hecho de que «a las mujeres dominicanas» se les niegue «la libertad de decidir y el acceso al aborto legal y seguro, transgrediendo de esa manera la autonomía corporal, sexual y reproductiva».

Consideraron que la sanción a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias resulta una violación de derechos humanos de las mujeres y les niega o lesiona «su derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y a no ser discriminada, ni sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes».

«Seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría y nuestras vidas tuteladas por las jerarquías masculinas que dominan los partidos políticos, las iglesias y el Congreso», apuntaron en un comunicado.

Para las denunciantes, resulta inaceptable, que en el país caribeño, «el aborto sea objeto de sanción penal de manera absoluta, mientras la tendencia en el mundo es a la promulgación de leyes que van, desde la despenalización total, hasta la despenalización en al menos algunas circunstancias».

En ese sentido, solicitaron a las autoridades reformar «sin dilación la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las mujeres el acceso al aborto legal y seguro».

Además, tomar las medidas que garanticen «el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados».

Al mismo tiempo, proteger el carácter laico y plural de la democracia y tomar acciones para evitar «la injerencia de sectores integristas, religiosos y ultraconservadores que afectan la puesta en marcha de políticas públicas y reformas legales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos».

Una comisión de las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres entregó, además, cartas en las embajadas de Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde también el aborto está totalmente prohibido.

Asimismo, entregaron una misiva en la embajada de España en el país en la que expresaron su «preocupación» ante la anunciada reforma a la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

En la misiva, entregada a una asistente de esta legación la directora de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, las dominicanas pidieron al Estado español tomar las medidas que garanticen «el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera automática sobre su sexualidad y reproducción».

Diario Libre

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Recuerdan a Migración que no necesita auxilio del MP

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Santo Domingo (EFE).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, rechazó este martes las declaraciones del director general de Migración, Venancio Alcántara, quien aseguró, «erróneamente», que no contaba con el apoyo del Ministerio Público en los operativos de detención de inmigrantes ilegales.

Germán Brito recordó que, para realizar arrestos en las calles, los agentes de la Dirección General de Migración (DGM) no necesitan a un representante del Ministerio Público, destacando que, en todo caso, lo que tienen es la obligación de respetar la dignidad de las personas.

La titular del Ministerio Público reiteró, en un comunicado, que la institución que dirige mantiene las puertas abiertas en todo momento, así como las vías institucionales formales a disposición de toda persona que las requiera para cualquier diligencia, sin importar si es un funcionario o un ciudadano.

«La vía más adecuada para resolver cualquier situación, que él sienta que le afecta su trabajo, es mediante el diálogo con las personas correspondientes», dijo Germán Brito.

«Esa afirmación del director de Migración está totalmente divorciada de la verdad, porque para las requisas siempre se les ha proporcionado el debido acompañamiento de un miembro del Ministerio Público, como establece la ley cuando se va a penetrar a un domicilio», agregó.

Asimismo, la magistrada enfatizó que las personas migrantes en República Dominicana tienen derecho al debido proceso, además de que la Ley 285-04 establece «que en los procedimientos administrativos o judiciales que conciernen a los extranjeros, se respetarán los derechos humanos y las garantías previstas en la Constitución, convenciones internacionales y leyes vigentes».

La procuradora valoró los esfuerzos que se realizan para enfrentar el tráfico de indocumentados y afirmó que este órgano persecutor ha cumplido con su rol en el proceso.

En ese sentido, resaltó que, gracias al apoyo ofrecido por el Ministerio Público a la Dirección General de Migración, esa institución ha logrado ejecutar las acciones de su plan migratorio.

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Califican muerte involuntaria atropellamiento de hijo del presidente de Adocco

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Santo Domingo, R.D.-La venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata fue imputada por la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, adscrita a la Casa del Conductor, de muerte involuntaria por el fallecimiento de Julio Cesar de la Rosa Peralta, quien fue atropellado durante un incidente de transito ocurrido el pasado 15 de junio en la autopista 30 de mayo.

De acuerdo con una nota de prensa, en su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que la imputada tuvo «una conducción temeraria o descuidada», haciendo uso de licencia de conducir extranjera. Además, evadió la responsabilidad del conductor frente a un accidente.

Estos delitos son tipificados y sancionados en los artículos 303 (numeral 5), 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con pena máxima de tres años de prisión.

Según el órgano de persecución del delito, el hecho se registró el pasado 15 de junio, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando Mujica Zapata «transitaba, a alta velocidad por la autopista 30 de Mayo, próximo a la Dirección General de Pasaporte, del Distrito Nacional», zona en la embistió al peatón Julio César de la Rosa Peralta, quien perdió la vida inmediatamente.

El documento además establece que, tras el atropellamiento, la imputada abandonó a la víctima y no le prestó asistencia, conforme la normativa establece, con el agravante de «haber dado declaraciones falsas y de manera tardía» ante el Plan Piloto y posteriormente en la Casa del Conductor.

El Ministerio Público cita entre las pruebas en este caso el acta policial, la certificación de defunción de la víctima, copia de la matrícula del vehículo tipo jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe Sport, año 2018, a nombre de la imputada, testimonios y otras pruebas documentales.

Medida de coerción

La Fiscalía de Tránsito solicitó este miércoles, ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, prisión preventiva como medida de coerción contra Skarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, imputada por la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa Peralta (Junior), durante un accidente de tránsito.

Será este jueves 20 de junio, a las 9:00 de la mañana, cuando el Juzgado de Paz Especial de Tránsito ubicado en la Casa del Conductor decida sobre la solicitud de medida de coerción.

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«Nosotros lo hemos dado todo por Haití», dice presidente del Senado.

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Santo Domingo, R.D.-El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sostuvo a propósito del informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo siguiente: «Nosotros lo hemos dado todo por Haití«, cuyo documento expresa que en República Dominicana aún persisten situaciones de discriminación racional y xenofobia en contra de los haitianos o aquellas personas con descendencia de esa nacionalidad.

El informe también indicó que todavía existen situaciones en el país que «limitan» el ejercicio del derecho a la nacionalidad de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, por la existencia de un “contexto de discriminación estructural” en contra de estas personas.

De los Santos invitó a la CIDH a que presente un país «que haya hecho el 20%, por lo menos, de lo que ha hecho República Dominicana por Haití».

Sin embargo, reiteró que la solución a la crisis social, política y económica por la que atraviesa el país vecino, «no la tiene República Dominicana».

El presidente del Senado ofreció estas declaraciones, al participar este miércoles en un almuerzo mensual organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR, en inglés).

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