Latinoamericanas
Guatemala: Ataque deja diez muertos
GUATEMALA.- Al menos 10 personas murieron y 19 resultaron heridas cuando desconocidos dispararon desde autos en movimiento a tres cantinas en un poblado indígena de la región central de Guatemala.
Los ataques se registraron el sábado por la noche en el poblado San José Nacahuil, a unos 18 kilómetros al noreste de la capital guatemalteca.
«El ataque fue directo a las cantinas… entre los heridos hay varios niños», expresó Sergio Vásquez, portavoz de los bomberos de la zona.
Informó que por lo menos 20 ambulancias llegaron al lugar y 50 bomberos trabajaron con las víctimas.
La localidad, poblada por indios de la etnia cackchiquel, está ubicada entre montañas de muy difícil acceso, con caminos de tierra sin asfaltar.
Según Vásquez, no hay detenidos, y las autoridades investigan los motivos del ataque.
Las diferentes autoridades señalaron diversas líneas de investigación, en las que podrían estar involucradas pandillas locales.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, declaró que el sábado recibió una denuncia telefónica anónima desde la población «en la que decían que tenían temor de que hubiera un ataque. Enviamos una patrulla y constataron que todo estaba bien y se retiró. Una hora después, sucedió el ataque».
«Nos extrañó mucho, porque es una comunidad muy bien organizada». Relató que la población no cuenta con seguridad pública porque los mismos moradores incendiaron la subestación policial en 2007 por no estar de acuerdo con los métodos policiales.
Es una comunidad con bajos índices delincuenciales y el ministro no descartó la intervención de pandillas locales.
«Al parecer los atacantes habrían entrado a pie. Se robaron un vehículo de una persona de la comunidad, cometieron el ataque, huyeron y dejaron el vehículo abandonado a unos kilómetros de aquí».
Al ser consultado dijo que fueron entre tres y cuatro atacantes que portaban armas con calibre 9 mm.
El ministerio mantiene acordonadas las cantinas atacadas, distantes entre sí unos 200 metros y todas localizadas en la calle principal de San José. La fachada de una de las cantinas, donde se registraron más víctimas, está perforada por las balas.
El poblador Víctor Tepén, tío de Javier Tepén de 20 años que falleció en el ataque, dijo que su sobrino salió anoche a pasear y ya no regresó. «Esto nunca había pasado. Es un golpe para el pueblo. Jamás habíamos visto una masacre como ésta».
Según los informes suministrados por las autoridades, después del retiro de las fuerzas de seguridad pública, la comunidad cuenta con bajo índices delincuenciales, un par de incidentes en el período.
Otra de las hipótesis, considerada por el portavoz de la policía regional, Jorge Aguilar, es que los atacantes intentaron comprar licor en las cantinas y les fue negado, por lo que regresaron después a disparar contra los locales. Dijo que podría tratarse de pandilleros.
Latinoamericanas
Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición
Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Latinoamericanas
Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia
Efe
Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.
Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.
Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.
El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).
Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.
Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.
En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.
La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.
Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.
Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.
La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.
En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.
‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.