Nacionales
Guillermo Moreno afirma Presidente Medina es prisionero de los intereses del viejo poder
El dirigente político Guillermo Moreno afirmó que “el presidente Danilo Medina está atrapado en las redes de intereses que lo llevaron al poder”, por lo que su gobierno “será más de lo mismo” en materia de lucha contra la corrupción y aportar soluciones a los principales problemas de las grandes masas dominicanas.
El ex candidato presidencial del partido Alianza País, sostuvo, asimismo, que la colocación del doctor Marino Vinicio Castillo al frente de la Dirección General de Ética y Combate a la Corrupción Gubernamental es la mejor prueba de que Medina se ha decantado por la impunidad porque ese funcionario es compañero de los supuestos corruptos del gabinete de Leonel Fernández.
“El Presidente tiene ante sí dos caminos: seguir atrapado en esa red de intereses. Por ejemplo, favorecer la impunidad, de todos los funcionarios, muchos de los que están hoy día ratificados, o él encabeza un proceso de cambio de rumbo. Ahí es el dilema”, manifestó Moreno al ser entrevistado en el programa televisivo “De la semana”, que dirige Pablo McKinney.
Afirmó que normalmente a los gobiernos se les presenta ese tipo de dilema: “O son leales a los intereses que le llevaron al poder; en este caso toda la maquinaria corrupta de ocho años de gobierno de Leonel Fernández, que aportó todos los recursos del Estado para financiar la campaña de Danilo Medina…” o sacudirse y responder a los ciudadanos que lo respaldaron.
Dijo que una muestra del apoyo del gobierno de Fernández a Medina es que “este año va a cerrar con un déficit fiscal por encima de los 121,000 millones de pesos, que hoy día motiva el impulso de esta reforma fiscal que busca poner nuevos impuestos, fruto de ese déficit fiscal durante cinco años y agravado en este año electoral”.
Emplazó a Medina a definir si va a “continuar esa ruta y ser un presidente leal a esos intereses, o él puede ser un presidente leal a lo que es la aspiración de la ciudadanía, que fue la que le eligió”.
Moreno estimó que Medina ya comenzó mal porque ratificó a la mayoría de los ministros y si mantiene las mismas políticas no puede lograr ningún cambio.
Consideró que en República Dominicana hay una política gubernamental de “no transparencia”, de “no castigo a los corruptos” que el nuevo gobierno no debe continuar.
Cuando se le preguntó si con un ministro como Marino Vinicio Castillo al frente de la lucha contra la corrupción el gobierno de Medina garantiza que habrá castigo para los corruptos, Moreno señaló que en ocho años ese funcionario no ha hecho nada para detener la corrupción en el Estado.
“Pienso que el doctor Marino Vinicio Castillo debió ser enviado para su casa. Después de tantos años de servicio y sobre todo porque ha tenido la oportunidad, y la tuvo porque presidía la Comisión de Ética, y durante ocho años no mostró frente a la sociedad la voluntad ni la decisión para producir esos niveles de persecución contra la corrupción y para garantizar un gobierno ético”, indicó el líder opositor.
Consideró que Castillo quedó descalificado para luchar contra la corrupción “desde el momento que fue el abogado de los banqueros que defraudaron al Estado. No se puede servir a Dios y al César. Había que elegir y él eligió al César”.
El bufete de abogados encabezado por Castillo y sus hijos llevaron la defensa del ex presidente del Baninter, Ramón Báez Figueroa, quien cumple condena de diez años de cárcel al ser condenado por lavado de activos y fraude bancario.
Planteó que no fue ilegal que Castillo defendiera a los acusados de fraude al Estado, pero de ninguna manera era ético que lo hiciera siendo funcionario público en un juicio en que el acusador era el Estado.
Moreno citó que cuando se produjeron las acusaciones contra los banqueros, algunos de ellos fueron a tratar de contratarlo para la defensa, pero su respuesta fue que si él asumía “la defensa de los banqueros que han defraudado al Estado de una manera descomunal, pagaría el precio de nunca más, en este país, volver a hablar del tema de corrupción”.
“No tengo forma de conciliar el tener un discurso de lucha contra la corrupción y al mismo tiempo constituirme en vocero, en abogado, precisamente, de aquellos que han defraudado al Estado”, apuntó el presidente de Alianza País.
Agregó que “el doctor Castillo era la voz del Estado en la lucha contra la corrupción y entonces al mismo tiempo asume la defensa de unos banqueros que el propio Estado asume la acusación por la grave defraudación que hicieron del Estado en actos de corrupción. Eso era totalmente incompatible”. HOY
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.