Opinión
¿Habrá segunda vuelta en el 2024?
El electorado dominicano conoce los beneficios de no prolongar más las campañas electorales y ha demostrado en los últimos 20 años que prefiere una decisión en primera vuelta.
Si usted tiene respuesta firme a esta pregunta, quizás no deba seguir leyendo este artículo. Si busca una respuesta definitiva, tampoco. Mi objetivo aquí es señalar varios factores que inciden en que se produzca o no una segunda vuelta, y cómo han operado en la República Dominicana.
Aclaro de entrada: la segunda vuelta es un mecanismo que se utiliza en el sistema presidencial para evitar un ganador con baja votación, como ocurrió en la República Dominicana en 1990 cuando Joaquín Balaguer ganó con solo 35% de los votos y en el 1994 con 42%
Los factores son:
Primero, la cantidad de votos requerida para establecer ganador. A mayor cantidad, mayor probabilidad de segunda vuelta.
La República Dominicana tiene un requisito alto, establecido en la reforma constitucional de 1994: 50%+1. Eso significa que la segunda vuelta debería ser común; sin embargo, no lo ha sido, solo hubo en 1996.
En el 2000, el PRD quedó unas décimas por debajo de 50% y la oposición, dividida entre Balaguer y el PLD (cada uno con 25%), no requirió segunda vuelta. Del año 2004 al 2020, siempre un partido en coalición obtuvo más del 50%+1: el PLD en el 2004, 2008, 2012 y 2016, y el PRM en el 2020.
Segundo, la dispersión del voto. A mayor dispersión, mayor probabilidad de segunda vuelta porque ningún partido logra aglutinar los votos necesarios para cumplir con la cantidad requerida. La dispersión del voto se relaciona, en parte, con la fragmentación del sistema de partidos.
En la República Dominicana, aunque hay muchos partidos reconocidos por la JCE (34 a la fecha), la mayoría se agrupa en grandes coaliciones en vez de participar en elecciones de manera independiente. Por eso el sistema político ha operado como un bipartidismo.
Tercero, la lealtad partidaria. A mayor lealtad, mayor probabilidad de segunda vuelta en contextos de fragmentación partidaria porque los seguidores de un partido se mantienen firmes votando por ellos, aunque obtengan pocos votos.
En la República Dominicana, el tripartidismo efímero de la década de 1990 se debió, en parte, a esa lealtad. Balaguer tenía un electorado fiel, el PRD también y el PLD emergía entre el declive de Balaguer y los problemas del PRD. Por eso hubo segunda vuelta en el 1996 y casi la hubo en el 2000. Pero una vez Balaguer murió, el sistema se rearticuló en torno a dos fuerzas políticas (PLD y PRD), y, con la división del PRD, el PRM lo reemplazó en captación de votos.
La división del PLD en octubre de 2019 generó en las elecciones de 2020 tres coaliciones a nivel presidencial en torno a el PLD, PRM y la nueva Fuerza del Pueblo (FP). Pero no hubo segunda vuelta. El PRM capitalizó el voto opositor y los votos peledeístas se dividieron entre el PLD y la FP.
Cuarto, el ahorro y la costumbre. El electorado dominicano conoce los beneficios de no prolongar más las campañas electorales y ha demostrado en los últimos 20 años que prefiere una decisión en primera vuelta. ¿Qué le haría cambiar en el 2024?
Por Rommel Santos Díaz
Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos que operan como parte de una extensa organización criminal.
Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos crímenes normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.
Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos que estuvieron también indirectamente involucrados.
Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:
- a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable;
- b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
- d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
- e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
- f)Intente cometer ese crimen.
Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Los Estados partes del Estatuto de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.
De lo contrario, no podrían enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos en el Estatuto de Roma.
Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.