Análisis Noticiosos
Hacer política sin efusión de sangre
Por Sergio Rodríguez Gelfestein
En una versión moderna de la definición de Clausewitz de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, que Lenin completaba diciendo que esos medios siempre eran violentos, Mao Tse Tung se refería a la misma como “política con efusión de sangre”. Finalmente, a través de la historia las clases dominantes han conseguido sus objetivos utilizando para ello cualquier instrumento, cualquier medio y cualquier vía.
Suponer que la única manera de, desplazar, sustituir o derrocar un gobierno elegido por el pueblo es a través de un golpe de estado es simplificar la política, lo cual sirve a objetivos propagandísticos, pero esconde el trasfondo del problema y la esencia de clases que tiene la dominación. Además, es desmovilizador y no ayuda a formar y organizar al pueblo para su objetivo último y supremo que es la toma del poder. Desde el punto de vista estratégico, es dañino que los revolucionarios aparezcan defendiendo la democracia representativa como panacea de liberación, cuando la propia historia de Venezuela en los últimos 12 años ha mostrado muchas veces sus carencias, insuficiencias y debilidades, haciendo constar -en hechos tan trascendentes como los posteriores al golpe de estado de abril de 2002- que la democracia debe ser participativa y debe poseer un protagonismo popular como condición imprescindible de su existencia y permanencia en el tiempo.
Todo esta larga introducción para preguntarme y preguntar si hay alguna diferencia entre lo que ocurrió en Paraguay cuando se destituyó al presidente Lugo y lo que acaba de acontecer en México cuando se ha concretado el fraude más estruendoso de los últimos tiempos en América Latina y posiblemente en el mundo. ¿Importa la forma? Seguramente si, como material de estudio para investigadores y analistas, como recurso para que los afectados instrumenten sus respuestas, pero para efectos de los intereses populares ha ocurrido lo mismo: se ha desconocido la voluntad popular expresada en las urnas, que son expresión de la competencia que hace surgir partidos seleccionados periódicamente para gobernar según alguna de las definiciones más clásicas.
He ahí, lo peligroso del asunto. Paraguay y México demuestran -desde experiencias y contextos distintos- que cuando la democracia representativa no responde a los intereses de quienes la crearon para eternizarse en el poder, ella misma genera los mecanismos para ser burlada. Lo sucedido en ambos países expone que los pueblos de Nuestra América han recorrido un camino desde que despertó en Venezuela a finales de 1998 y que hoy reclama una democracia radical donde los mecanismos de participación y decisión no puedan ser torcidos por la voluntad de los aparatos partidistas ni mucho menos por los medios de comunicación.
En ese contexto y, más allá de nuestro rechazo al alevoso atropello al que fueron sometidos los pueblos de Paraguay y México, vale la pena revisar algunos elementos que motivaron la creación de las condiciones que permitieron tan impúdica violación de las normas más elementales de la democracia. Se puede observar a través de la pluma de dos prestigiosos y respetados conocedores de la realidad de ambos países.
Respecto de Paraguay, Frei Betto, sacerdote al igual que Fernando Lugo, en un reciente artículo publicado en el portal de la Agencia Latinoamericana de Información, al analizar la gestión de Lugo como presidente expone que “el nuevo gobierno se volvió vulnerable al no cumplir importantes promesas de campaña, como la reforma agraria, y distanciarse de los movimientos sociales” y continúa diciendo, “Falló después, al aprobar la ley antiterrorista y la militarización del norte del país, desarticulando los liderazgos de campesinos y criminalizando a los movimientos sociales. Tampoco supo depurar el aparato policial, herencia maldita de Stroessner.”
El humanista brasileño es sumamente crítico al señalar que “Lugo ni siquiera pensó, al ser apartado, en convocar a los movimientos sociales para presentar resistencia, aunque contase con la solidaridad unánime de los gobiernos de la UNASUR” y establece un paralelo con Jean-Bertrand Aristide, dos veces presidente de Haití al decir que “ambos decepcionaron a sus bases de apoyo. No supieron llevar a la práctica el discurso de la ‘opción por los pobres’. Dubitativos delante de las elites, a las que hicieron importantes concesiones, no confiaron en las organizaciones populares”.
En otro plano, al referirse a las elecciones mexicanas, Alejandro Nadal, economista mexicano escribió un artículo en el periódico La Jornada de Ciudad de México bajo el título “La armadura del enemigo” en el que sintetiza el momento previo a las elecciones de su país diciendo que “Algo sorprendente ocurrió durante la campaña electoral. La crisis mundial del neoliberalismo estuvo ausente. Poco importó que Europa estuviera en medio de un cataclismo que hasta pone en entredicho la viabilidad del euro. Tampoco fue relevante que Estados Unidos hubiera sido el epicentro del colapso y que ahora nuevamente se estuviera hundiendo en una segunda recesión. Tampoco se consideró de interés el que las réplicas de esta crisis se transmiten ya al planeta entero. Todo lo anterior pareció irrelevante: ningún candidato hizo referencias significativas a este fenómeno de importancia histórica que dejará una cicatriz profunda sobre la cara del planeta”.
Sin sorprenderse por el hecho de que la candidata y los dos candidatos neoliberales evadieron esos temas cruciales para el futuro de la humanidad, Nadal si muestra su asombro porque el candidato de la izquierda eludiera referirse a los mismos. Reconoce que en sus discursos emitió opiniones en torno al manejo del presupuesto, a la corrupción y evasión fiscal y a la necesidad de “luchar para mejorar la situación de los pobres”, sin embargo las evalúa como “referencias incidentales sobre aspectos aislados de la economía mexicana [que] no son suficientes para articular un discurso de cambio y alternativas de economía política”.
Nadal concluye diciendo que “En resumen, no es una buena estrategia considerar que el modelo neoliberal es inamovible y que sus bases no van a ser discutidas. Eso conduce a una gran confusión en el electorado, sobre todo en las capas de la población más golpeadas y de menores recursos. La izquierda no debe aceptar que todo el espectro del debate político sea desplazado hacia la derecha de tal manera que las propuestas más sensatas sean vistas como radicales“.
Visto de esta manera, es claro que tanto Lugo como López Obrador acudieron a sus citas con la historia desde la desventaja que le daba no haber puesto en el centro del debate la crisis del capitalismo, su carácter depredador y gestor de las peores miserias a las que está sometida la humanidad. En esa situación no apertrecharon a sus seguidores con los instrumentos necesarios para asumir la salvaguarda de su voluntad expresada en las urnas.
Recurrieron además, a confiar en las instituciones que la democracia representativa ha creado, suponiendo que ellas por si solas bastan para llegar al gobierno, o para mantenerse en él, entendiendo que el gobierno es la plataforma esencial para que -por medios pacíficos- se puedan iniciar los procesos de transformación de la sociedad. En ambos casos, se tenía que contar por encima de todo con un pueblo movilizado y dispuesto en defensa de sus intereses. A los líderes, -cuando lo son realmente- les corresponde crear los mecanismos e instrumentos para garantizar dichas tareas inherentes a toda democracia. Es la única manera de tratar de hacer política “sin efusión de sangre”.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.