Análisis Noticiosos
Hacer política sin efusión de sangre
Por Sergio Rodríguez Gelfestein
En una versión moderna de la definición de Clausewitz de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, que Lenin completaba diciendo que esos medios siempre eran violentos, Mao Tse Tung se refería a la misma como “política con efusión de sangre”. Finalmente, a través de la historia las clases dominantes han conseguido sus objetivos utilizando para ello cualquier instrumento, cualquier medio y cualquier vía.
Suponer que la única manera de, desplazar, sustituir o derrocar un gobierno elegido por el pueblo es a través de un golpe de estado es simplificar la política, lo cual sirve a objetivos propagandísticos, pero esconde el trasfondo del problema y la esencia de clases que tiene la dominación. Además, es desmovilizador y no ayuda a formar y organizar al pueblo para su objetivo último y supremo que es la toma del poder. Desde el punto de vista estratégico, es dañino que los revolucionarios aparezcan defendiendo la democracia representativa como panacea de liberación, cuando la propia historia de Venezuela en los últimos 12 años ha mostrado muchas veces sus carencias, insuficiencias y debilidades, haciendo constar -en hechos tan trascendentes como los posteriores al golpe de estado de abril de 2002- que la democracia debe ser participativa y debe poseer un protagonismo popular como condición imprescindible de su existencia y permanencia en el tiempo.
Todo esta larga introducción para preguntarme y preguntar si hay alguna diferencia entre lo que ocurrió en Paraguay cuando se destituyó al presidente Lugo y lo que acaba de acontecer en México cuando se ha concretado el fraude más estruendoso de los últimos tiempos en América Latina y posiblemente en el mundo. ¿Importa la forma? Seguramente si, como material de estudio para investigadores y analistas, como recurso para que los afectados instrumenten sus respuestas, pero para efectos de los intereses populares ha ocurrido lo mismo: se ha desconocido la voluntad popular expresada en las urnas, que son expresión de la competencia que hace surgir partidos seleccionados periódicamente para gobernar según alguna de las definiciones más clásicas.
He ahí, lo peligroso del asunto. Paraguay y México demuestran -desde experiencias y contextos distintos- que cuando la democracia representativa no responde a los intereses de quienes la crearon para eternizarse en el poder, ella misma genera los mecanismos para ser burlada. Lo sucedido en ambos países expone que los pueblos de Nuestra América han recorrido un camino desde que despertó en Venezuela a finales de 1998 y que hoy reclama una democracia radical donde los mecanismos de participación y decisión no puedan ser torcidos por la voluntad de los aparatos partidistas ni mucho menos por los medios de comunicación.
En ese contexto y, más allá de nuestro rechazo al alevoso atropello al que fueron sometidos los pueblos de Paraguay y México, vale la pena revisar algunos elementos que motivaron la creación de las condiciones que permitieron tan impúdica violación de las normas más elementales de la democracia. Se puede observar a través de la pluma de dos prestigiosos y respetados conocedores de la realidad de ambos países.
Respecto de Paraguay, Frei Betto, sacerdote al igual que Fernando Lugo, en un reciente artículo publicado en el portal de la Agencia Latinoamericana de Información, al analizar la gestión de Lugo como presidente expone que “el nuevo gobierno se volvió vulnerable al no cumplir importantes promesas de campaña, como la reforma agraria, y distanciarse de los movimientos sociales” y continúa diciendo, “Falló después, al aprobar la ley antiterrorista y la militarización del norte del país, desarticulando los liderazgos de campesinos y criminalizando a los movimientos sociales. Tampoco supo depurar el aparato policial, herencia maldita de Stroessner.”
El humanista brasileño es sumamente crítico al señalar que “Lugo ni siquiera pensó, al ser apartado, en convocar a los movimientos sociales para presentar resistencia, aunque contase con la solidaridad unánime de los gobiernos de la UNASUR” y establece un paralelo con Jean-Bertrand Aristide, dos veces presidente de Haití al decir que “ambos decepcionaron a sus bases de apoyo. No supieron llevar a la práctica el discurso de la ‘opción por los pobres’. Dubitativos delante de las elites, a las que hicieron importantes concesiones, no confiaron en las organizaciones populares”.
En otro plano, al referirse a las elecciones mexicanas, Alejandro Nadal, economista mexicano escribió un artículo en el periódico La Jornada de Ciudad de México bajo el título “La armadura del enemigo” en el que sintetiza el momento previo a las elecciones de su país diciendo que “Algo sorprendente ocurrió durante la campaña electoral. La crisis mundial del neoliberalismo estuvo ausente. Poco importó que Europa estuviera en medio de un cataclismo que hasta pone en entredicho la viabilidad del euro. Tampoco fue relevante que Estados Unidos hubiera sido el epicentro del colapso y que ahora nuevamente se estuviera hundiendo en una segunda recesión. Tampoco se consideró de interés el que las réplicas de esta crisis se transmiten ya al planeta entero. Todo lo anterior pareció irrelevante: ningún candidato hizo referencias significativas a este fenómeno de importancia histórica que dejará una cicatriz profunda sobre la cara del planeta”.
Sin sorprenderse por el hecho de que la candidata y los dos candidatos neoliberales evadieron esos temas cruciales para el futuro de la humanidad, Nadal si muestra su asombro porque el candidato de la izquierda eludiera referirse a los mismos. Reconoce que en sus discursos emitió opiniones en torno al manejo del presupuesto, a la corrupción y evasión fiscal y a la necesidad de “luchar para mejorar la situación de los pobres”, sin embargo las evalúa como “referencias incidentales sobre aspectos aislados de la economía mexicana [que] no son suficientes para articular un discurso de cambio y alternativas de economía política”.
Nadal concluye diciendo que “En resumen, no es una buena estrategia considerar que el modelo neoliberal es inamovible y que sus bases no van a ser discutidas. Eso conduce a una gran confusión en el electorado, sobre todo en las capas de la población más golpeadas y de menores recursos. La izquierda no debe aceptar que todo el espectro del debate político sea desplazado hacia la derecha de tal manera que las propuestas más sensatas sean vistas como radicales“.
Visto de esta manera, es claro que tanto Lugo como López Obrador acudieron a sus citas con la historia desde la desventaja que le daba no haber puesto en el centro del debate la crisis del capitalismo, su carácter depredador y gestor de las peores miserias a las que está sometida la humanidad. En esa situación no apertrecharon a sus seguidores con los instrumentos necesarios para asumir la salvaguarda de su voluntad expresada en las urnas.
Recurrieron además, a confiar en las instituciones que la democracia representativa ha creado, suponiendo que ellas por si solas bastan para llegar al gobierno, o para mantenerse en él, entendiendo que el gobierno es la plataforma esencial para que -por medios pacíficos- se puedan iniciar los procesos de transformación de la sociedad. En ambos casos, se tenía que contar por encima de todo con un pueblo movilizado y dispuesto en defensa de sus intereses. A los líderes, -cuando lo son realmente- les corresponde crear los mecanismos e instrumentos para garantizar dichas tareas inherentes a toda democracia. Es la única manera de tratar de hacer política “sin efusión de sangre”.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.