Análisis Noticiosos
Hacer política sin efusión de sangre
Por Sergio Rodríguez Gelfestein
En una versión moderna de la definición de Clausewitz de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, que Lenin completaba diciendo que esos medios siempre eran violentos, Mao Tse Tung se refería a la misma como “política con efusión de sangre”. Finalmente, a través de la historia las clases dominantes han conseguido sus objetivos utilizando para ello cualquier instrumento, cualquier medio y cualquier vía.
Suponer que la única manera de, desplazar, sustituir o derrocar un gobierno elegido por el pueblo es a través de un golpe de estado es simplificar la política, lo cual sirve a objetivos propagandísticos, pero esconde el trasfondo del problema y la esencia de clases que tiene la dominación. Además, es desmovilizador y no ayuda a formar y organizar al pueblo para su objetivo último y supremo que es la toma del poder. Desde el punto de vista estratégico, es dañino que los revolucionarios aparezcan defendiendo la democracia representativa como panacea de liberación, cuando la propia historia de Venezuela en los últimos 12 años ha mostrado muchas veces sus carencias, insuficiencias y debilidades, haciendo constar -en hechos tan trascendentes como los posteriores al golpe de estado de abril de 2002- que la democracia debe ser participativa y debe poseer un protagonismo popular como condición imprescindible de su existencia y permanencia en el tiempo.
Todo esta larga introducción para preguntarme y preguntar si hay alguna diferencia entre lo que ocurrió en Paraguay cuando se destituyó al presidente Lugo y lo que acaba de acontecer en México cuando se ha concretado el fraude más estruendoso de los últimos tiempos en América Latina y posiblemente en el mundo. ¿Importa la forma? Seguramente si, como material de estudio para investigadores y analistas, como recurso para que los afectados instrumenten sus respuestas, pero para efectos de los intereses populares ha ocurrido lo mismo: se ha desconocido la voluntad popular expresada en las urnas, que son expresión de la competencia que hace surgir partidos seleccionados periódicamente para gobernar según alguna de las definiciones más clásicas.
He ahí, lo peligroso del asunto. Paraguay y México demuestran -desde experiencias y contextos distintos- que cuando la democracia representativa no responde a los intereses de quienes la crearon para eternizarse en el poder, ella misma genera los mecanismos para ser burlada. Lo sucedido en ambos países expone que los pueblos de Nuestra América han recorrido un camino desde que despertó en Venezuela a finales de 1998 y que hoy reclama una democracia radical donde los mecanismos de participación y decisión no puedan ser torcidos por la voluntad de los aparatos partidistas ni mucho menos por los medios de comunicación.
En ese contexto y, más allá de nuestro rechazo al alevoso atropello al que fueron sometidos los pueblos de Paraguay y México, vale la pena revisar algunos elementos que motivaron la creación de las condiciones que permitieron tan impúdica violación de las normas más elementales de la democracia. Se puede observar a través de la pluma de dos prestigiosos y respetados conocedores de la realidad de ambos países.
Respecto de Paraguay, Frei Betto, sacerdote al igual que Fernando Lugo, en un reciente artículo publicado en el portal de la Agencia Latinoamericana de Información, al analizar la gestión de Lugo como presidente expone que “el nuevo gobierno se volvió vulnerable al no cumplir importantes promesas de campaña, como la reforma agraria, y distanciarse de los movimientos sociales” y continúa diciendo, “Falló después, al aprobar la ley antiterrorista y la militarización del norte del país, desarticulando los liderazgos de campesinos y criminalizando a los movimientos sociales. Tampoco supo depurar el aparato policial, herencia maldita de Stroessner.”
El humanista brasileño es sumamente crítico al señalar que “Lugo ni siquiera pensó, al ser apartado, en convocar a los movimientos sociales para presentar resistencia, aunque contase con la solidaridad unánime de los gobiernos de la UNASUR” y establece un paralelo con Jean-Bertrand Aristide, dos veces presidente de Haití al decir que “ambos decepcionaron a sus bases de apoyo. No supieron llevar a la práctica el discurso de la ‘opción por los pobres’. Dubitativos delante de las elites, a las que hicieron importantes concesiones, no confiaron en las organizaciones populares”.
En otro plano, al referirse a las elecciones mexicanas, Alejandro Nadal, economista mexicano escribió un artículo en el periódico La Jornada de Ciudad de México bajo el título “La armadura del enemigo” en el que sintetiza el momento previo a las elecciones de su país diciendo que “Algo sorprendente ocurrió durante la campaña electoral. La crisis mundial del neoliberalismo estuvo ausente. Poco importó que Europa estuviera en medio de un cataclismo que hasta pone en entredicho la viabilidad del euro. Tampoco fue relevante que Estados Unidos hubiera sido el epicentro del colapso y que ahora nuevamente se estuviera hundiendo en una segunda recesión. Tampoco se consideró de interés el que las réplicas de esta crisis se transmiten ya al planeta entero. Todo lo anterior pareció irrelevante: ningún candidato hizo referencias significativas a este fenómeno de importancia histórica que dejará una cicatriz profunda sobre la cara del planeta”.
Sin sorprenderse por el hecho de que la candidata y los dos candidatos neoliberales evadieron esos temas cruciales para el futuro de la humanidad, Nadal si muestra su asombro porque el candidato de la izquierda eludiera referirse a los mismos. Reconoce que en sus discursos emitió opiniones en torno al manejo del presupuesto, a la corrupción y evasión fiscal y a la necesidad de “luchar para mejorar la situación de los pobres”, sin embargo las evalúa como “referencias incidentales sobre aspectos aislados de la economía mexicana [que] no son suficientes para articular un discurso de cambio y alternativas de economía política”.
Nadal concluye diciendo que “En resumen, no es una buena estrategia considerar que el modelo neoliberal es inamovible y que sus bases no van a ser discutidas. Eso conduce a una gran confusión en el electorado, sobre todo en las capas de la población más golpeadas y de menores recursos. La izquierda no debe aceptar que todo el espectro del debate político sea desplazado hacia la derecha de tal manera que las propuestas más sensatas sean vistas como radicales“.
Visto de esta manera, es claro que tanto Lugo como López Obrador acudieron a sus citas con la historia desde la desventaja que le daba no haber puesto en el centro del debate la crisis del capitalismo, su carácter depredador y gestor de las peores miserias a las que está sometida la humanidad. En esa situación no apertrecharon a sus seguidores con los instrumentos necesarios para asumir la salvaguarda de su voluntad expresada en las urnas.
Recurrieron además, a confiar en las instituciones que la democracia representativa ha creado, suponiendo que ellas por si solas bastan para llegar al gobierno, o para mantenerse en él, entendiendo que el gobierno es la plataforma esencial para que -por medios pacíficos- se puedan iniciar los procesos de transformación de la sociedad. En ambos casos, se tenía que contar por encima de todo con un pueblo movilizado y dispuesto en defensa de sus intereses. A los líderes, -cuando lo son realmente- les corresponde crear los mecanismos e instrumentos para garantizar dichas tareas inherentes a toda democracia. Es la única manera de tratar de hacer política “sin efusión de sangre”.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.