Economía
Hacienda y Economía elaborará la política fiscal y conducirá la planificación
Santo Domingo, R.D.-La nueva Ley 42-25 crea el Ministerio de Hacienda y Economía, a partir de la fusión que elimina al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), tendrá la responsabilidad de elaborar y proponer el Ejecutivo la política fiscal del Gobierno y conducir y coordinar el proceso de planificación de la política macroeconómica y de desarrollo del país, junto a otras 51 atribuciones a su cargo.
Entre estas, el Ministerio de Hacienda y Economía encabezará varios ministerios: de Presupuesto y calidad, de planificación e inversión pública y el de política fiscal.
Las funciones de dirigir la cooperación internacional que operaba el Mepyd pasan ahora al Ministerio de la Presidencia, institución que a su vez dirigirá el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, seguirá la política de gestión de riesgo de desastres y formulará y dirigirá las Asociaciones Sin Fines de Lucro.
Asimismo, son atribuciones del Ministerio de la Presidencia los asuntos delegados a los viceministerios de cooperación internacional, ordenamiento territorial, y al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, “que subsistan a partir de la entrada en vigencia de esta ley”.
De igual modo, el Ministerio de la Presidencia tendrá a su cargo, al Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel (IGN-JJHM), entidad que estaba adscrita al desaparecido Mepyd.
La Ley, da un doble valor en las votaciones del Ministro de la Presidencia en las decisiones del Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas, en su calidad de presidente del Consejo.
Asimismo, la pieza legislativa encarga al Ministerio de la Presidencia a dar continuidad a los préstamos del Mepyd, con la excepción del préstamos número 9490-DO entre el país y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el financiamiento del programa de modernización para el sector agua potable y saneamiento, el cual pasará a ser coordinado por la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa (UGCP) del Ministerio de Economía y Hacienda.
Atribuciones
Es función de Hacienda y Economía, como órgano rector: asegurar la articulación entre las finanzas públicas y el sistema de planificación e inversión, y conducir y coordinar las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible.
Dirigirá la política fiscal global del Gobierno, además de desarrollar, implantar y mantener el sistema de estadísticas fiscales, al igual que el sistema estadístico nacional y los indicadores complementarios. También, será su atribución realizar estudios económicos y fiscales, gestionar y evaluar los programas de cooperación técnica y financiera no reembolsable, entre otros.
La creación del Ministerio de Hacienda y Economía incluye una modificación a la Ley General de Electricidad 125-01, de forma que la Comisión Nacional de Energía (CNE) la presida el ministro de Energía y Minas, y la integren como miembros los de Hacienda y Economía, Industria, Comercio y Mipymes, el ministro de la Presidencia y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Reubicación del personal del Mepyd
En su artículo 27, la Ley 42-25 que crea el Ministerio de Hacienda y Economía establece la reubicación del personal activo del Mepyd y sus dependencias, previa evaluación, para determinar sus derechos adquiridos, la procedencia de su reubicación y otras medidas.
Los empleados activos asignados al Mepyd para el Sinacid y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro serán traspasados al Ministerio de la Presidencia.
El personal utilizado en áreas del Mepyd que sean incorporadas en otros ministerios y direcciones pasará a la institución correspondiente.
Asimismo, el proceso de administración de los activos del Mepyd será realizado por una comisión integrada por Bienes Nacionales y el Ministerio de Hacienda y Economía.
Digepres
La Dirección General de Presupuesto (Digepres) tendrá a su cargo las modificaciones necesarias para el traspaso de las asignaciones que tenía el Mepyd, al momento de la ley entrar en vigor.
En 180 días de entrar en vigor la Ley 42-25, el MAP y Hacienda y Economía someterá ante el presidente de la República la propuesta del Reglamento Orgánico Funcional , el cual establecerá las funciones específicas y la estructura interna de sus unidades orgánicas.
Viceministerios
La Ley 42-25 modifica varios artículos de la 6-06, de Crédito Público, que dan mayor potestad al ministro de Hacienda, incluyendo encabezar el consejo del Incabide (Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio).
Santo Domingo. — La tasa del dólar estadounidense ha experimentado una reducción sustancial, y continúa con una tendencia a la baja frente al peso dominicano, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para este miércoles 27 de mayo de 2026.
Según informó el organismo monetario, la tasa de compra del dólar se fijó en RD$58.0844 y la de venta en RD$58.8939, ambas por debajo de los RD$60 por unidad.
De acuerdo a economistas este comportamiento evidencia la estabilidad del mercado cambiario nacional y la efectividad de las políticas monetarias y macroeconómicas aplicadas en el país.
Economía dominicana registra crecimiento promedio de 4.0 % en cuatro meses
El desempeño de la moneda estadounidense ocurre en un contexto de dinamismo económico sostenido, impulsado por el crecimiento del turismo, el flujo constante de remesas, el incremento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones. Estos factores han contribuido a una mayor disponibilidad de divisas y a la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo, las reservas internacionales del Banco Central superan actualmente los US$15,000 millones.
De acuerdo con estándares internacionales, los países deben mantener reservas suficientes para cubrir al menos tres meses de importaciones. En el caso de la República Dominicana, las reservas internacionales cubren más de seis meses de importaciones y equivalen a más del 12 % del producto interno bruto (PIB), indicadores que respaldan la solidez macroeconómica del país y la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales.
El Banco Popular Dominicano (BPD) participó en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), un encuentro de alcance regional que reúne a especialistas del sector público y privado de América Latina.
En la actividad se abordaron los desafíos actuales en la prevención y detección de fraudes y crímenes financieros.
El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, centró su agenda en estrategias para fortalecer la investigación financiera frente a la complejidad de los ecosistemas digitales y la creciente sofisticación de los delitos.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre sectores y el rol de la capacitación especializada y la educación en la prevención temprana, elementos que están presentes en la visión de la gestión de riesgos cibernéticos del Banco Popular.
El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, en un reciente artículo planteó que el banco está convencido de que “la IA es una herramienta para servir mejor a nuestros clientes, mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de nuestra infraestructura tecnológica y de nuestros clientes, con lo que consolidamos nuestro liderazgo regional”.
En este contexto, el Banco Popular cuenta con una probada experiencia en el análisis de grandes volúmenes de información para la detección de fraudes.
Con ese objetivo, mantiene una operación de monitoreo continuo a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de vanguardia, el cual posee certificaciones internacionales que respaldan sus estándares en seguridad y protegen la integridad de sus sistemas y la protección de la información de los clientes en un entorno digital cada vez más sofisticado.
“Gracias a esta infraestructura y una labor de monitoreo permanente, en 2025 el banco pudo monitorear en promedio 38,000 eventos por segundo, con picos de hasta 40,000, lo que representó más de 3,283 millones de eventos diarios, evidenciando su enfoque preventivo y su alta capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas”, expresa en un comunicado de prensa.
Colaboración interinstitucional ante las ciberamenazas
Cita que, como parte de su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, la entidad bancaria continúa incorporando soluciones basadas en IA que apoyan el desarrollo de aplicaciones, la automatización de procesos internos y la mejora de la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor experiencia para colaboradores y clientes.
Además, con respecto a la colaboración con otras instancias, es relevante destacar que en 2024 el Popular se convirtió en el primer banco dominicano en formar parte del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST).
“Sus profesionales de ciberseguridad participan en esta red global que facilita el intercambio de conocimientos y fortalece la respuesta ante amenazas cibernéticas, agrupando a más de 700 equipos de respuesta ante emergencias informáticas en todo el mundo”, indica la declaración de prensa.
Concienciación y educación en ciberseguridad
En el ámbito de la concienciación y capacitación en ciberseguridad, la entidad pone a disposición del público la plataforma “Pistas de Seguridad”, orientada a promover buenas prácticas digitales a través de formatos como artículos, videos y pódcast, entre otros.
El Banco Popular refirió también que cada año celebra en octubre el Mes de la Concientización de la Ciberseguridad, desarrollando diversas acciones dirigidas a clientes, pymes, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés.
Resiliencia operativa y confianza digital
Este enfoque preventivo y proactivo para fortalecer la ciberseguridad forma parte de la visión de la organización financiera por garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital, un activo esencial para el progreso y la estabilidad del sistema financiero.
Con su participación en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), el Popular subraya su enfoque continuo de fortalecimiento de capacidades en la prevención de delitos financieros y la protección de la información, en línea con las mejores prácticas internacionales y en colaboración con los actores clave del ecosistema financiero regional.
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial advirtió este miércoles que varios puntos contenidos en la propuesta de reforma al Código de Trabajo podrían incrementar los costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultar la creación de empleos formales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue fijada mediante un documento conjunto encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones empresariales y entidades representativas de distintos sectores productivos del país.
En el comunicado, las entidades hicieron un llamado a los legisladores a actuar con “prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” durante el proceso de discusión del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional.
Sostuvieron que una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero al mismo tiempo contribuir a enfrentar desafíos estructurales como la informalidad, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.
“Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad”, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
El sector privado insistió en la necesidad de continuar el diálogo para lograr una reforma que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.
Entre las entidades firmantes figuran además la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), así como asociaciones vinculadas a las zonas francas, comercio, turismo, construcción, industria y pequeñas empresas.