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Haití es un buen espejo para que se mire la República Dominicana desde la perspectiva de sus deficiencias institucionales.
Esta madrugada se produjo en Haití el asesinato del presidente de la República, Jovenel Moise, en cuyo acontecimiento también está gravemente herida su esposa, lo cual revela la debilidad institucional de esta nación.
Los reportes llegados desde Haití indican que en el magnicidio están involucrados mercenarios que podría tratarse de colombianos y venezolanos, lo cual deja claro que la debilidad institucional es peor de lo que cualquiera pueda pensar en virtud de que son extranjeros que han logrado la ruptura del círculo de seguridad que rodea a un jefe de Estado.
Sin embargo, los hechos vistos desde la República Dominicana tienen que mandar el mensaje de que ambas naciones que ocupan la isla adolecen de muchos problemas comunes, aunque con diferencias significativas, pero lo ocurrido produce la alerta de que en el país se debe tratar de resolver una serie de falencias que lleva a pensar que cualquier cosa puede pasar en el curso del tiempo.
La situación haitiana está asociada a décadas de injusticias sociales generadoras de violencia, cuya causal primaria ha sido la corrupción y la mala distribución de las riquezas nacionales, lo que ha condenado a millones de personas a vivir en la más espantosa pobreza.
Este cuadro no está lejos de lo que ocurre en su vecino República Dominicana, donde si bien es cierto que existe un mayor nivel de institucionalidad y de fortaleza económica, pero podría afirmarse que ambos Estados adolecen de una serie de deficiencias que podrían provocar el desenlace de acontecimientos que constituyen un peligro para la estabilidad democrática, económica y social de la nación.
La población haitiana se ha refugiada en la violencia callejera y fenómenos como el secuestro como respuesta a su incapacidad de producir cambios sustantivos en el contexto de su vida democrática, sobre todo cuando el presidente de turno se había convertido en un dolor de cabeza para un país que necesita caminar por el sendero de su fortaleza institucional.
El hoy asesinado presidente hacía una serie de maniobras para burlar lo decidido incluso por la comunidad internacional y de alguna manera buscó aferrarse en el poder ilegitima e ilegalmente.
Este fenómeno ha creado en los últimos meses un nivel de violencia que se apropió de las calles y de todas las instancias de Haití, cuyo desenlace ha sido el asesinato del presidente de la República y de su esposa luego de un asalto aparentemente dirigido por un comandado conformado por extranjeros, aunque el mismo no significa nada en función del gran problema del Estado de la vecina nación.
La República Dominicana vive en los actuales momentos una etapa importante en su débil democracia, ya que el Ministerio Público ha logrado iniciar una serie de procesos que buscan enjuiciar a exfuncionarios gubernamentales que han sustraído recursos cuantiosos de la administración pública, lo cual es una causa más que suficiente para que se produzcan en el curso del tiempo acontecimientos similares.
La lección dejada en una nación donde se impone un clientelismo asqueroso e indignante es que en el futuro inmediato hay que producir una reforma constitucional que incorpore una serie de figuras jurídicas que blinden el Estado frente a sus depredadores para evitar la conversión del país en otro Haití.
Entre los cambios que debe incluir una reforma constitucional está el referendo revocatorio, la independencia del Ministerio Público, a fin de que esa condición sea de derecho y no sólo de hecho, porque si bien es cierto que el presidente Luis Abinader se acogió al pedido de la sociedad en este sentido, la realidad es que ello podría cambiar con el surgimiento de otro jefe de Estado.
Otro cambio que debía incluir la reforma constitucional es eliminar la reelección presidencial, ya que está más que demostrado que la cultura política y la psicología de los dominicanos no es para que exista la posibilidad de que un partido y un presidente dure más de un periodo en el poder, porque después de cuatro años con el control del Estado los funcionarios y dirigentes del partido oficial se creen dueño de la administración pública y de toda la sociedad.
Estas reformas son impostergables para evitar que fenómenos como la corrupción y su consecuente impunidad, así como la especulación, el agiotismo, entre otros, lleven a la República Dominicana hacia el colapso de la nación como consecuencia de la avaricia y las ansias de poder de amplios sectores de la vida nacional.
Otra gran debilidad de la sociedad dominicana es que los grupos fácticos, como la iglesia y el empresariado, no tienen una visión a futuro de la nación, porque debían ser los primeros que trabajen para restablecer una serie de valores sobre la base de su sacrificio antes de que en el país se produzcan fenómenos parecidos a los haitianos.
En los actuales momentos la República Dominicana sigue bajo el control de partidos y de otros sectores que se inclinan más por el contrabando, el lavado de activos y la corrupción en la administración pública en confabulación con los incumbentes de las funciones oficiales.
Todos estos factores ponen en riesgo a la República Dominicana de terminar con un Estado totalmente colapsado en el que saldrían afectados los que tienen y también los que no tienen nada, ya que podría llegar el momento de profundizarse su incapacidad para la satisfacción de mínimas necesidades sociales y entonces venir la violencia y la total inestabilidad de la nación.
El país está a tiempo de iniciar sin precipitación, pero a pasos firmes la transformación institucional que tanto se necesita para evitar que los antivalores de la avaricia y las ansias de poder arruinen sin posibilidades de recuperación a la sociedad dominicana, por lo que lo ocurrido en Haití es una alerta válida para poner la barba en remojo.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.