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Una isla golpeada por una pobreza material e institucional que inhabilita a las dos naciones que la ocupan.
La República Dominicana tiene siglos con diagnósticos y soluciones retóricas al problema haitiano, pero la realidad demuestra que el país ha sido inhabilitado para por lo menos controlar la migración de los vecinos por su falta de planes a medianos y largos plazos.
El presidente Luis Abinader acaba de plantear su visión sobre el problema haitiano durante una intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde ha proclamado que el país no puede solo con los problemas de su vecino, pero falta abordar el asunto desde una perspectiva diferente sin contar mucho con la comunidad internacional.
Naturalmente, no está mal que se haga la advertencia de las implicaciones de inestabilidad de las democracias de la región que puede generar la crisis humanitaria que vive Haití, pero la República Dominicana debe darse sus propias políticas públicas al respecto sin dejar de bregar con el aspecto humano del problema.
El país debe continuar con su política de solidaridad ante el sufrimiento de los haitianos, pero no puede cargar con todos los problemas que padece este pueblo, sobre todo porque los responsables de la desgracia haitiana son potencias que se aprovecharon hasta más no poder cuando Haití era más productivo.
Estados Unidos, Canadá y Francia tienen una responsabilidad histórica con Haití, pero la República Dominicana no puede sentarse a esperar que estos países asuman su obligación con la nación más pobre del hemisferio y en consecuencia debe desde ya desarrollar políticas públicas en el ámbito migratorio para tener un verdadero control de quien debe entrar o no al territorio nacional.
Se sabe de más que en este tema también entra en juego un problema geopolítico, de dominación y colonización política, económica y social por parte de potencias como los Estados Unidos que regularmente impone su criterio y la forma en que se debe manejar el problema haitiano.
Pero como aquí siempre se habla en los discursos de una supuesta independencia que nadie cree, ésta es la oportunidad de que el Gobierno demuestre que realmente somos libres e independientes y que el derecho a la autodeterminación es una una conquista que nadie puede arrebatar a los dominicanos.
El asunto, aunque parezca ser muy poco realista, la verdad es que sólo con políticas públicas realmente independientes podrá salirse a buen camino con el problema haitiano.
Es importante que todos los sectores que conforman la vida nacional de la República Dominicana sepan que el país colapsaría con la responsabilidad que tendría el Estado de dotar de salud, educación y empleos a más de veinte millones de personas que habitan la isla.
Ese cuadro sería preocupante y catastrófico para el país, ya que aumentaría la pobreza extrema y relativa, la insalubridad, la falta de educación y convertiría a la Republica Dominicana en otro pedacito de la Africa Sudsahariana en el Caribe y por consiguiente en toda Latinoamérica.
Lo peor de todo es que el mismo problema de los haitianos lo tiene la República Dominicana, aunque con algunas diferencias, el cual consiste en que carece de planes como consecuencia de que su clase política actúa al azar y en consecuencia los resultados siempre serán desastrosos.
Para afrontar el problema haitiano se necesita de la misma planificación que requiere el país para mejorar todas las desgracias que vive la sociedad dominicana, como la corrupción generalizada, pública y privada, la falta de institucionalidad y la arropante impunidad.
De cualquier modo, el asunto no es tan fácil como plantearlo en el papel o en los discursos, porque una cosa que se hace prácticamente imposible es pedirle peras al olmo o plantear que se haga lo que no es entendido por los responsables de desarrollar planes para tener un mejor país.
Ese detalle pesa más que la propia dominación o colonización del país por parte de aquellos intereses extranjeros que sólo buscan aprovecharse de las riquezas nacionales sin importar el destino de la sociedad.
Realmente, la República Dominicana está entrampada en un problema que no parece de fácil solución, porque los gobernantes carecen de la vocación y de la formación para darles salida a las grandes dificultades nacionales.
Haití es una amenaza eterna y preocupante en el corazón de América, cuya peor parte corresponde a la República Dominicana por ser su hermano gemelo y que para llegar a su territorio las personas del país vecino sólo tienen el riesgo de cruzar el rio Masacre o pagar un soborno en la parte vigilada de la frontera.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.