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Haití no deja de ser un dolor de cabeza para el país y la comunidad internacional y luce abandonado a su suerte.

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Por Elba García

La República Dominicana siempre ha mostrado mucha solidaridad con el pueblo haitiano y no es para menos a partir de los intereses comunes que vinculan a ambos países que ocupan la misma isla.

Nadie podría negar que la peor carga, como es natural, de la crisis haitiana recae sobre la República Dominicana por ser su hermano gemelo, pero no es tanto más lo que puede hacer el país frente a una crisis que ya ha tomado perfiles que dejan la idea de que se han agotado prácticamente todas las opciones al respecto.

La crisis haitiana siempre tiene algo nuevo en el contexto de su realidad de desborde de los grupos armados al servicio de delincuentes que no pueden ser controlados por las supuestas autoridades que representan la legitimidad de un Estado que solo existe de derecho, pero no de hecho.

La falta de institucionalidad de Haití es tal vez la principal razón de la pobreza y naturalmente de la anarquía que allí prevalece, cuya descomposición seguirá generando preocupación en una serie de naciones del mundo, sobre todo de las ubicadas en la Unión Europea y en el norte del continente americano.

Sin embargo, esa preocupación no se ha constituido en una razón suficiente para que hayan acciones dirigidas a una solución idónea a un problema que no representa, de ninguna manera, lo que en estos tiempos se conoce como una nación civilizada e insertada en la sociedad del conocimiento.

El ex-primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, acaba de introducir un ingrediente más a la crisis del hermano país con un llamado a la movilización general de esa nación en contra del actual ocupante de la posición, Ariel Henry, por alegadamente no emprender acciones en contra de las bandas armadas, los crímenes y secuestros.

En una publicación del diario haitiano Le Nouvelliste, Claude ha mostrado su decepción y su amargura ante la mala gobernanza y la laxitud mostrada por el equipo de gobierno encabezado por el primer ministro Ariel Henry.

Claude critica el silencio y la inacción de los gobernantes ante los macabros actos de secuestros y violencia, los crímenes deleznable cometidos durante durante todo el día por bandas armadas en casi todo el territorio nacional, principalmente en la región metropolitana de Puerto Príncipe.

Joseph lamenta la sordidez que se vive en el país, especialmente en este periodo de reapertura de clases cuando los precios de los artículos de primera necesidad y útiles escolares se disparan constantemente.

Sin embargo, la verdad es que el drama del pueblo haitiana no hay forma de darle solución a los problemas denunciados, porque Haití carece de los niveles de institucionalidad que le permita superar estas debilidades.

Por muchas criticas que se viertan sobre el caos que vive la hermana nación, las mismas  indican que hay mucho de demagogia en las declaraciones de Claude, por lo que se quedan en el marco de la politiquería.

Lo cierto es que lo dicho por este ex-primer ministro no contribuyen en nada para encaminar a Haití por el sendero de una sociedad mínimamente civilizada, porque es entendible que primero deben crearse los mecanismos institucionales para que el Estado haitiano pase de uno que existe en el marco meramente teórico a otro tambi§n de hecho.

Pero lo mismo habría que decir de la República Dominicana, donde si bien es cierto que el Estado existe de hecho y de derecho, pero con un nivel de contaminación tan grande que aquellos que han depredado el patrimonio público son los principales candidatos o aspirantes presidenciales, lo cual sirve de espejo para medir el rol del crimen organizado y de la corrupción administrativa en su democracia

Todo como resultado de que es un Estado, el dominicano, que no tiene la fuerza para enfrentar esos flagelos que hoy nadie puede negar que amenazan la propia existencia de la nación, lo cual no parece estar muy distante de la realidad de haitiana..

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El Ministerio Público dominicano exhibe unos altos niveles de deficiencia que permite decir  con toda seguridad que la impunidad lo arropa de arriba abajo y de abajo hacia arriba.

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Por Elba García

La crisis institucional de la República Dominicana se expresa en algunos niveles con mayor crudeza que en otros, lo cual es observable en el Ministerio Público.

El asunto resulta tan grave que no hay forma de que las cosas caminen aceptablemente en un órgano con tanta importancia en la persecución del crimen y el delito.

La función del Ministerio Público se queda en una pretensión que nunca se cumple, dado que su personal, principalmente los fiscales, nunca se interesan en darles la respuesta esperada o adecuada a las víctimas de los hechos delincuenciales que se producen regularmente en el país.

En el marco de esta deficiencia parece existir una cierta complacencia por parte de los jueces de instrucción, quienes generalmente siguen las mismas líneas del Ministerio Público en los casos de delitos y crímenes que se les presentan.

Es una crisis de una dimensión insospechada, ya que de la gran cantidad de denuncias y querellas que se presentan muy pocas tienen el seguimiento que garantiza el sistema.

Los únicos casos que tienen un cierto seguimiento son aquellos que tienen un profundo componente político, como los que se inscriben en el marco de la corrupción administrativa.

Ahora no hay forma de que los accidentes automovilísticos tenga la respuesta que debe corresponderse cuando hay pérdidas de vidas humanas, los cuales quedan generalmente impune porque casi siempre la recomendación del Ministerio Público es que el caso se quede en la instancia civil.

La explicación de esta conducta del Ministerio Público tiene que ver con el hecho de que los conductores responsables de los accidentes que han provocado muertes reciben inexplicablemente una especie de protección que raya en lo inconcebible.

En estos momentos el país está frente al caso de la joven venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata, quien es señalada como la responsable de causarle la muerte al hijo del presidente de una organización que lucha en contra de la corrupción en el país.

En este caso se ha determinado que la joven extranjera no tiene documentos migratorios en el país y que además no tiene licencia de conducir, aunque tiene un vehículo registrado a su nombre.

Pero igual situación han tenido familiares de personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito en Santiago y en otros lugares del territorio nacional, donde los miembros del Ministerio Publico mantienen un pulso con los familiares de los fallecidos para que los casos no se conozcan en un tribunal penal, sino a nivel civil, a fin de que el responsable de la desgracia no reciba la sanción que establece la ley, aparentemente por haber recibido alguna compensación para exhibir esa conducta.

La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial establece sanciones muy claras y contundentes en lo que respecta a la conducción de un vehículo de motor sin licencia y seguro, entre otros requerimientos en esta materia, pero en realidad esta norma no surte el efecto esperado y los fiscales están más atentos al dinero que reciben de paga para su inacción que a cumplir con su rol en la sociedad.

 Skarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, es acusada de violar varios artículos de la Ley 63-17  de República Dominica, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción contra la imputada que entregaron las fiscales Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, adscritas a la Fiscalía de la Casa del Conductor, aunque se había producido una denuncia del padre de la víctima de algún tipo de componenda.

A Mujica Zapata, de 27 años, la acusan de ocasionar la muerte del ciudadano Julio César de la Rosa Peralta y de violar el artículo 303, numeral 5, que está contenido en la norma, según las fiscales.

El Ministerio Público también le imputa conducir de manera temeraria o descuidada, cuyo agravio está consignado en el artículo 220 de la Ley 63-17.

Asimismo, las fiscales le imputan la violación al artículo 207 y 208, sobre licencia extranjera y no cumplimiento con la obtención de una licencia en el país, respectivamente.

El artículo 207 establece que “los titulares de una licencia de conducir extranjera que residan en el país podrán solicitar la expedición de una acreditación nacional cuando el documento extranjero mantenga su vigencia, así como  previo cumplimiento de las formalidades que mediante el reglamento correspondiente establezca el Intrant”.

Mujica Zapata también es acusada, de acuerdo al documento, de violar el artículo 306 sobre responsabilidad del conductor frente a un accidente.

“El conductor de un vehículo implicado en un accidente del cual resulten personas lesionadas, daños a otro vehículo, a la propiedad pública o privada, detendrá inmediatamente su vehículo en el lugar del accidente de manera que no obstruya el tránsito, y dará cumplimiento a todas las obligaciones que esta ley dispone, sin arriesgar su seguridad”, establece la ley en el artículo 306.

MP acusa a la extranjera que atropelló a Julio César de Rosa Peralta de mentir y abandonar a la víctima y considero que una medida de coerción como una forma de garantizar la presencia de la imputada en el proceso.

El órgano de la justicia argumentó que la coerción es necesaria por el comportamiento de la imputada después de la ocurrencia de los hechos, además, porque la imputada no tiene arraigo en el país, debido a que se su pasaporte está vencido.

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Constitucionalismo contemporáneo en contraposición con justicia ordinaria por inaplicación de doctrinas y jurisprudencias.

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Por Elba García

El constitucionalismo contemporáneo se apoya en valores, principios y derechos fundamentales y cuya visión fortalece una serie de teorías sobre la interpretación, tanto jurídica como constitucional, la ponderación y la argumentación que, si bien es cierto que todas estas figuras han impactado a las altas cortes, máxime a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional, lo cierto es que la corriente resulta ajena al derecho ordinario, es decir, a los jueces inferiores y hasta aquellos de las cortes de apelación.

En ese contexto es muy poco lo asimilado por los jueces dominicanos de los tribunales inferiores, cuyas decisiones se circunscriben a una interpretación medalaganaria de las normas, sin detenerse a pensar que los tiempos demandan decisiones en función del neo-constitucionalismo que parte de los valores, principios y derechos fundamentales.

 Aunque el asunto no parece ser tan sencillo, debe decirse que el principal problema para que el juzgador judicial se ajuste a la nueva corriente del pensamiento en materia jurídica es que el sistema está concebido a partir de los códigos napoleónicos que caracterizaban el derecho francés.

En esas condiciones resulta prácticamente imposible que los jueces fallen los casos sobre la base de la nueva concepción del derecho, que se apoya en el constitucionalismo contemporáneo, ya que hasta las sentencias de los tribunales superiores, las cuales se apoyan en las figuras de la interpretación, la ponderación y la argumentación no son aplicadas por los juzgadores que están colocados en la parte más baja de la pirámide judicial del país.

Dr. Juan Antonio García Amado

Manuel Atienza

Sin embargo, el debate sobre esta cuestión, que tiene una gran importancia, sólo está presente en la élite de la intelectualidad y de las academias o universidades, pero es prácticamente desconocido en la parte de la justicia que necesita mucho más digerirla y aplicarla para que en la República Dominicana no colapse el estado de derecho y la democracia.

La realidad es que, sin un mejoramiento de la institucionalidad, la cual debe impactar a los tres poderes del Estado, no se puede hablar del cambio del paradigma que necesita la justicia nacional, ya que todo ello es parte de un problema sistémico que una cosa no está desvinculada de la otra.

El año 2010 implicó el inicio de una etapa interesante en el marco del derecho porque fue cuando entró en vigencia la nueva Constitución, la cual, aunque con algunas falencias, ha marcado un antes y un después en lo que respecta a que el sistema de justicia nacional sea impactado por el neo-constitucionalismo fundamentado en valores, principios y derechos.

Sin embargo, como parte del gran abstáculo para tener mayores avances en esta materia está el hecho de que lo decidido por el Constitucional no parece ser digerido por los jueces de la parte más baja del sistema, quienes generalmente se resisten a aplicar los precedentes vinculantes de éste, a pesar de que tienen un efecto erga hommes, tal vez por no entenderlos, pero principalmente porque no hay un parámetro de lo que debe ser su comportamiento.

Hans Kelsen

En realidad, se trata de un desarrollo desigual, pese a que Hans Kelsen, filósofo del derecho de origen austriaco, dejó clara su tesis sobre la jerarquía de las normas jurídicas, cuya principalía la ocupa la carta magna, pero los jueces de primera instancia y de las cortes de apelación manejan el derecho en función de sus interpretación personales, cuyo resultado es  la evacuación de sentencias que se salen del propósito del neo-constitucionalismo y generalmente se resisten a acoger lo decidido por el Tribunal Constitucional.

El problema es tan grave en la mayoría de los Distritos Judiciales que mientras la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional se manejan en función de lo que consignan las figuras jurídicas de la interpretación, la ponderación y la argumentación, principalmente a partir de los postulados del constitucionalismo contemporáneo, el cual se apoya en valores, principios y derechos constitucionales, sus pares de los tribunales inferiores hacen lo contrario.

 Observadores de la distorsión con que se maneja la justicia en sus niveles más bajo, consideran que la gran cantidad de sentencias en este nivel en las que no se sopesa la importancia de poner en una balanza cuando un valor, principio o derecho colisiona con otros de su misma categoría y que requiere de una decisión a partir de la preponderancia de aquel que más peso tenga en el caso, no habrá un cambio sustantivo en el sistema de justicia nacional.

Pero ante la práctica que se arrastra del derecho francés napoleónico, el cual regía todo el sistema de justicia nacional desde el año 1865 cuando todas las leyes del país europeo fueron copiadas y aplicadas en el país a pesar de las diferencias sociales, económicas y políticas entre ambas naciones, lo cual todavía pesa en la vida nacional.

En ese orden, si la mejoría institucional permite iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia nacional en el que prevalezca la visión y la tendencia que se observa en el Tribunal Constitucional, entonces hablarse de que las diferentes teorías clásicas y contemporáneas sobre el tema abordado en este reportaje interpretativo podrían surtir un efecto no solo teórico, sino también práctico en la sociedad dominicana.

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Juventud biológica, pero vieja de pensamientos e intereses, busca con superficialidad continuar legado de padres y abuelos.

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Desde hace algunos años que los hijos y nietos de personajes siniestro para la historia nacional y de un pasado que marca muy negativamente a la República Dominicana buscan reeditar conductas y un legado que no augura nada bueno para el país.

En ese contexto hay una serie de jóvenes físicamente, pero muy viejo de pensamiento, ya que sólo saben repetir conceptos que no tienen nada que ver con sus reales sentimientos y conocimientos para tener un rol dirigencial en un país resquebrajado por la mala gestión de personajes siniestro para la historia nacional.

En esta tesitura habría que ubicar a Omar Fernández, quien es mencionado por algunos como posible futuro candidato presidencial, sobre todo después de haber triunfado en la senaduría del Distrito Nacional.

Omar, hijo de Leonel Fernández, parece incurrir en el mismo error de su padre de mantener una pose que  no tiene nada que ver con la verdad, ya que su progenitor gobernó a la República Dominicana durante tres periodos y con intenciones de volver a la administración de la cosa pública, quien no sólo tiene una deuda económica con el pueblo dominicano, sino también ética y moral porque fue la pieza clave para sumergir el país en el llamado neoliberalismo salvaje y de esa manera acabar con las riquezas económicas producto de la corrupción del dictador Rafael Leonídas Trujillo, entre otras.

 Este joven político, que parece moverse bien en las redes sociales, pero con poses e incluso simulaciones de que conoce la situación nacional, no es más que un muchacho seriamente comprometido con los intereses de su padre, que no son los mejores, el cual ha logrado embotellarse muy bien términos y conceptos que él no bien entiende.

Así lo hizo durante el debate con Guillermo Moreno, cuyo mal desempeño de este político, lo posesionó para derrotar al partido de gobierno en la tal vez la plaza más importante del Distrito Nacional, lo cual ahora usa como arma para continuar su marcha hacia una dirección del Estado que no augura nada nuevo por venir de un hombre como Leonel que si bien es un sofista, tiene además muchas cosas pendientes que explicarle al país.

Este periódico lo ha planteado en reiteradas ocasiones que los jóvenes viejos no garantizan el cambio, sobre todo institucional, amén de tampoco en lo ético y lo moral, porque tienen un compromiso con el pasado que los convierte en viejos de ideas y de compromisos con el futuro, porque no creen verdaderamente en el porvenir y sólo persiguen preservar el legado de sus ascendientes.

Todo el país recuerda el discurso de Leonel Fernández cuando asumió la presidencia de la República, pero que algunos años después asumió un compromiso irrenunciable con la corrupción, quien a nivel del discurso tiene solución para todos los problemas nacionales, aunque en realidad no resuelve nada.

Entonces, en ese espejo hay que ver a prácticamente todos los hijos de los que fueron a la administración y no sólo se enriquecieron desde el Estado, sino que además promovieron la creación de una casta política que constituye una continuación de la desgracia nacional.

El pueblo dominicano ha dejado claro con su precaria participación en las elecciones municipales, las presidenciales y las congresuales, caracterizadas por un  alto de nivel de abstención, de que el Estado debe ser un instrumento para mejorar los niveles de institucionales de la nación y para eliminar los bajos índices de pobreza, educación y salud de las amplias mayorías nacionales.

Los hijos de estos políticos, algunos ya en el ocaso de sus vidas, se apoyan en las redes sociales para vender una imagen que no tiene nada que ver con el mejor futuro del país, porque la realidad es que al final de la jornada pesan más los intereses que comprometen a sus padres y abuelos que los de la patria.

En ese contexto, no sólo se encuentra Omar Fernández, sino además otros jóvenes que han entrado al ruedo político para conseguir dinero fácil y continuar las andanzas de sus progenitores, los cuales tienen serios compromisos con la corrupción administrativa y podría decirse con el camino equivocado a que ha sido conducido el país.

En ese tenor, los dominicanos deben entender que juventud física o biológica no implica de ninguna manera una visión nueva de hacer política, sino muchas veces de darle continuidad a los vínculos dejados por sus padres y abuelos con lo mal hecho y la sustracción del patrimonio nacional.

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