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Gobierno asegura La Vigía compensará déficit de agua creado por desvío del Masacre.
Dajabón.-Productores agrícolas de Dajabón solicitaron al gobierno dominicano ir en su auxilio tras reportar que los haitianos desviaron de manera definitiva las aguas del río Masacre o Dajabón tras abrir las compuertas del canal construido del lado haitiano para llevar el vital recurso natural a su parte de la isla.
Al calificar la situación como «grave», los agricultores señalan que el desvío afecta las localidades de Carbonera, Los Socías y la Reserva de Vida Silvestre Laguna Saladillo, ya que «el río está seco».
«Cogieron toda el agua para ellos, están secos los canales y diques. Hay que ver ahora qué va a ser el gobierno con nosotros», manifestó el agricultor Rafael Leonel.
«Lo único que tenemos es esperanza en el gobierno a ver si mete la mano por nosotros con los canales, porque tienen una bomba ahí que la van a instalar, pero eso no se sabe cuándo», añadió.
Indrhi inicia operaciones en La Vigía
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) comenzó a operar este martes el sistema de bombeo en La Aduana Vieja, en el río Dajabón o Masacre, para alimentar con un metro cúbico por segundo el canal La Vigía, debido al bajo caudal que presenta el afluente, situación atribuida a «la baja pluviometría».
Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del Indrhi, informó a través de un comunicado que el director de Operaciones, Juan Carlos Nova, se encuentra en Dajabón para implementar las acciones que fueron diseñadas por el gobierno para garantizar el riego agrícola en las áreas bajo producción que se alimentan del referido canal y de las tomas en los diques Veterano Cero, Veterano Uno y Don Pedro. «Nosotros reiteramos que el riego les será garantizado», indicó.
Recordó que el sistema puesto en funcionamiento cuenta con tres bombas con capacidad de extracción conjunta de 15,500 galones de agua por minuto desde el río Masacre hasta el canal para su posterior distribución hacia los predios de esta demarcación fronteriza.
Caba Romano dijo que las bombas se mantenían listas para ser operadas ante situaciones requeridas y que previo a la actualidad, no se hizo necesario su uso por la cantidad de lluvia presentada en la demarcación que mantuvo un caudal suficiente del afluente.
Indicó, además, que iniciaron los trabajos de cableado para la conversión del sistema de motobombas a electrobombas, acción realizada junto a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), lo que dará paso a un ahorro de combustible y a bajar costos de operación.
Se recuerda que el canal La Vigía fue rehabilitado por el INDRHI el pasado año con la intervención en su obra de toma ubicada en La Aduana Vieja. También se rehabilitó el canal desde la obra de toma hasta la interconexión, en unos 3.5 kilómetros lineales, en donde nuevamente, parte de ese caudal podrá reintegrarse al río Dajabón para garantizar agua a los diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro.
En adición, se construyó un nuevo canal de 700 metros lineales de longitud para interconectar La Vigía con el río Dajabón aguas arriba de la toma del canal Veterano 0, para garantía de agua en ese sistema.
Pese a la situación de reportada por los agricultores, se mantiene la calma en el paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón.
A través de las redes sociales, ciudadanos haitianos celebran la culminación de la obra. «Cuando unimos nuestras cabezas, nada es imposible», manifestó Bertrhude Albert, en la red social X.
«El agua es vida, sin agua no hay agricultura. Culminado el canal de agua para la agricultura haitiana. El proceso no ha sido fácil, pero la recompensa valió la pena», reza un mensaje de la cuenta Haití en Español, en la citada red social.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.