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Gobierno asegura La Vigía compensará déficit de agua creado por desvío del Masacre.
Dajabón.-Productores agrícolas de Dajabón solicitaron al gobierno dominicano ir en su auxilio tras reportar que los haitianos desviaron de manera definitiva las aguas del río Masacre o Dajabón tras abrir las compuertas del canal construido del lado haitiano para llevar el vital recurso natural a su parte de la isla.
Al calificar la situación como «grave», los agricultores señalan que el desvío afecta las localidades de Carbonera, Los Socías y la Reserva de Vida Silvestre Laguna Saladillo, ya que «el río está seco».
«Cogieron toda el agua para ellos, están secos los canales y diques. Hay que ver ahora qué va a ser el gobierno con nosotros», manifestó el agricultor Rafael Leonel.
«Lo único que tenemos es esperanza en el gobierno a ver si mete la mano por nosotros con los canales, porque tienen una bomba ahí que la van a instalar, pero eso no se sabe cuándo», añadió.
Indrhi inicia operaciones en La Vigía
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) comenzó a operar este martes el sistema de bombeo en La Aduana Vieja, en el río Dajabón o Masacre, para alimentar con un metro cúbico por segundo el canal La Vigía, debido al bajo caudal que presenta el afluente, situación atribuida a «la baja pluviometría».
Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del Indrhi, informó a través de un comunicado que el director de Operaciones, Juan Carlos Nova, se encuentra en Dajabón para implementar las acciones que fueron diseñadas por el gobierno para garantizar el riego agrícola en las áreas bajo producción que se alimentan del referido canal y de las tomas en los diques Veterano Cero, Veterano Uno y Don Pedro. «Nosotros reiteramos que el riego les será garantizado», indicó.
Recordó que el sistema puesto en funcionamiento cuenta con tres bombas con capacidad de extracción conjunta de 15,500 galones de agua por minuto desde el río Masacre hasta el canal para su posterior distribución hacia los predios de esta demarcación fronteriza.
Caba Romano dijo que las bombas se mantenían listas para ser operadas ante situaciones requeridas y que previo a la actualidad, no se hizo necesario su uso por la cantidad de lluvia presentada en la demarcación que mantuvo un caudal suficiente del afluente.
Indicó, además, que iniciaron los trabajos de cableado para la conversión del sistema de motobombas a electrobombas, acción realizada junto a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), lo que dará paso a un ahorro de combustible y a bajar costos de operación.
Se recuerda que el canal La Vigía fue rehabilitado por el INDRHI el pasado año con la intervención en su obra de toma ubicada en La Aduana Vieja. También se rehabilitó el canal desde la obra de toma hasta la interconexión, en unos 3.5 kilómetros lineales, en donde nuevamente, parte de ese caudal podrá reintegrarse al río Dajabón para garantizar agua a los diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro.
En adición, se construyó un nuevo canal de 700 metros lineales de longitud para interconectar La Vigía con el río Dajabón aguas arriba de la toma del canal Veterano 0, para garantía de agua en ese sistema.
Pese a la situación de reportada por los agricultores, se mantiene la calma en el paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón.
A través de las redes sociales, ciudadanos haitianos celebran la culminación de la obra. «Cuando unimos nuestras cabezas, nada es imposible», manifestó Bertrhude Albert, en la red social X.
«El agua es vida, sin agua no hay agricultura. Culminado el canal de agua para la agricultura haitiana. El proceso no ha sido fácil, pero la recompensa valió la pena», reza un mensaje de la cuenta Haití en Español, en la citada red social.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.