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Gobierno asegura La Vigía compensará déficit de agua creado por desvío del Masacre.

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Dajabón.-Productores agrícolas de Dajabón solicitaron al gobierno dominicano ir en su auxilio tras reportar que los haitianos desviaron de manera definitiva las aguas del río Masacre o Dajabón tras abrir las compuertas del canal construido del lado haitiano para llevar el vital recurso natural a su parte de la isla.

Al calificar la situación como «grave», los agricultores señalan que el desvío afecta las localidades de Carbonera, Los Socías y la Reserva de Vida Silvestre Laguna Saladillo, ya que «el río está seco».

«Cogieron toda el agua para ellos, están secos los canales y diques. Hay que ver ahora qué va a ser el gobierno con nosotros», manifestó el agricultor Rafael Leonel.

«Lo único que tenemos es esperanza en el gobierno a ver si mete la mano por nosotros con los canales, porque tienen una bomba ahí que la van a instalar, pero eso no se sabe cuándo», añadió.

Indrhi inicia operaciones en La Vigía

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) comenzó a operar este martes el sistema de bombeo en La Aduana Vieja, en el río Dajabón o Masacre, para alimentar con un metro cúbico por segundo el canal La Vigía, debido al bajo caudal que presenta el afluente, situación atribuida a «la baja pluviometría».

Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del Indrhi, informó a través de un comunicado que el director de Operaciones, Juan Carlos Nova, se encuentra en Dajabón para implementar las acciones que fueron diseñadas por el gobierno para garantizar el riego agrícola en las áreas bajo producción que se alimentan del referido canal y de las tomas en los diques Veterano Cero, Veterano Uno y Don Pedro. «Nosotros reiteramos que el riego les será garantizado», indicó.

Recordó que el sistema puesto en funcionamiento cuenta con tres bombas con capacidad de extracción conjunta de 15,500 galones de agua por minuto desde el río Masacre hasta el canal para su posterior distribución hacia los predios de esta demarcación fronteriza.

Caba Romano dijo que las bombas se mantenían listas para ser operadas ante situaciones requeridas y que previo a la actualidad, no se hizo necesario su uso por la cantidad de lluvia presentada en la demarcación que mantuvo un caudal suficiente del afluente.

Indicó, además, que iniciaron los trabajos de cableado para la conversión del sistema de motobombas a electrobombas, acción realizada junto a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), lo que dará paso a un ahorro de combustible y a bajar costos de operación.

Se recuerda que el canal La Vigía fue rehabilitado por el INDRHI el pasado año con la intervención en su obra de toma ubicada en La Aduana Vieja. También se rehabilitó el canal desde la obra de toma hasta la interconexión, en unos 3.5 kilómetros lineales, en donde nuevamente, parte de ese caudal podrá reintegrarse al río Dajabón para garantizar agua a los diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro.

En adición, se construyó un nuevo canal de 700 metros lineales de longitud para interconectar La Vigía con el río Dajabón aguas arriba de la toma del canal Veterano 0, para garantía de agua en ese sistema.

Pese a la situación de reportada por los agricultores, se mantiene la calma en el paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón.

A través de las redes sociales, ciudadanos haitianos celebran la culminación de la obra. «Cuando unimos nuestras cabezas, nada es imposible», manifestó Bertrhude Albert, en la red social X.

«El agua es vida, sin agua no hay agricultura. Culminado el canal de agua para la agricultura haitiana. El proceso no ha sido fácil, pero la recompensa valió la pena», reza un mensaje de la cuenta Haití en Español, en la citada red social.

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RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.

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Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.

El director de la Defensa CivilJuan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.

En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.

“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.

Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:

  • Mantener la calma
  • Identificar salidas seguras
  • Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Delfín Rodríguez, sub director de la Defensa Civil
Delfín Rodríguez, sub director de la Defensa Civil

Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.

“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.

Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.

“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.

También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.

En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:

Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.

Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.

Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.

“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.

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TC dispone devolver RD$8 millones a hombre y fija límites a retención de bienes

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.

En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.

La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.

Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.

La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.

Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.

Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.

El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.

«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.

La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.

Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.

Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.

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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

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Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo  del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.

Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.

Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.

Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.

El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.

No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.

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