Pesquisa. La fiscal Olga Diná Llaverías aseguró que las indagatorias llevarán hasta los responsables del crimen del abogado y profesor de la UASD, Yuniol Ramírez Ferreras.
Santo Domingo.- La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, aseguró que las investigaciones en torno al asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras son profundizadas en base a hallazgos aporta- dos gracias a pistas en dominio de las autoridades.
Llaverías dijo ayer al Listín Diario que las pesquisas en marcha darán al traste con el o los responsables del crimen de Ramírez Ferreras, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, con dos bloques amarrados sobre el pecho y un disparo en el rostro.
Sostuvo que aunque es extemporáneo dar declaraciones, se está trabajando arduamente en el proceso para recabar las pruebas y establecer responsabilidades.
La fiscal estuvo ayer trabajando durante varias horas junto a los investigadores policiales en el destacamento de Las Caobas, en Herrera.
La investigación policial
El portavoz del organismo uniformado, Frank Durán, reveló ayer el hallazgo de dos recibos de entidades financieras dentro de un bolsillo del pantalón de Ramírez Ferreras. Uno de ellos, según las autoridades, acreditaba un retiro de más de 56 mil pesos.
Familiares de Yuniol Ramírez ascienden por las escalinatas internas del Palacio de la Policía, adonde acudieron para dar información a los investigadores sobre su pariente, cuyo cuerpo fue encontrado flotando, atado a dos blocks y con un disparo en la cabeza, en el arroyo Manoguayabo.
Además, Durán indicó que en la zona donde fue raptado el también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no había cámaras de seguridad que pudieran ayudar a esclarecer el crimen.
No obstante, el vocero policial señaló que en la yipeta del abogado se encontraron dos celulares que eran utilizados habitualmente por la víctima.
También informó que se ha entrevistado a diferentes personas de interés, en su mayoría familiares del fallecido, para fines de asistencia a la solución del caso.
Según versiones de sus estudiantes en la UASD, Ramírez Ferreras, en plena docencia, interrumpió las clases que impartía desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00, para contestar una llamada.
Posteriormente, salió del aula 201 del edificio Nueva Unidad (NU) y firmó el libro de asistencia. Sin embargo, después de ahí, nunca se le volvió a ver con vida.
Yuniol Ramírez Ferreras era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y era catedrático en Derecho de la UASD.
REVELACIONES SOBRE EL CASO YUNIOL
Una fuente en la Policía adelantó ayer a Listín Diario que de acuerdo a los informes que ha obtenido, Ramírez Ferreras habría sido víctima de sus actividades privadas.
Familiares del occiso permanecieron ayer varias horas en la sala digital de la Policía Nacional, incluidos la esposa e hija de crianza de Ramírez Ferreras, quienes por segundo día consecutivo fueron interrogadas respecto al hecho, a fin de recopilar datos que sean vitales para esclarecer el horrendo crimen.
Uno de los puntos de partida que tienen las autoridades son las últimas llamadas que le hicieron al profesor y que motivaron que saliera del aula en donde estaba impartiendo clases en el edificio del NU, en la UASD.
Velatorio de restos
El cuerpo del abogado y profesor era velado ayer en la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, donde parientes, amigos y compañeros acudieron a darle el último adiós.
La prensa no tuvo acceso al lugar ya que los familiares no deseaban cámaras en la capilla.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
