Pesquisa. La fiscal Olga Diná Llaverías aseguró que las indagatorias llevarán hasta los responsables del crimen del abogado y profesor de la UASD, Yuniol Ramírez Ferreras.
Santo Domingo.- La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, aseguró que las investigaciones en torno al asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras son profundizadas en base a hallazgos aporta- dos gracias a pistas en dominio de las autoridades.
Llaverías dijo ayer al Listín Diario que las pesquisas en marcha darán al traste con el o los responsables del crimen de Ramírez Ferreras, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, con dos bloques amarrados sobre el pecho y un disparo en el rostro.
Sostuvo que aunque es extemporáneo dar declaraciones, se está trabajando arduamente en el proceso para recabar las pruebas y establecer responsabilidades.
La fiscal estuvo ayer trabajando durante varias horas junto a los investigadores policiales en el destacamento de Las Caobas, en Herrera.
La investigación policial
El portavoz del organismo uniformado, Frank Durán, reveló ayer el hallazgo de dos recibos de entidades financieras dentro de un bolsillo del pantalón de Ramírez Ferreras. Uno de ellos, según las autoridades, acreditaba un retiro de más de 56 mil pesos.
Familiares de Yuniol Ramírez ascienden por las escalinatas internas del Palacio de la Policía, adonde acudieron para dar información a los investigadores sobre su pariente, cuyo cuerpo fue encontrado flotando, atado a dos blocks y con un disparo en la cabeza, en el arroyo Manoguayabo.
Además, Durán indicó que en la zona donde fue raptado el también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no había cámaras de seguridad que pudieran ayudar a esclarecer el crimen.
No obstante, el vocero policial señaló que en la yipeta del abogado se encontraron dos celulares que eran utilizados habitualmente por la víctima.
También informó que se ha entrevistado a diferentes personas de interés, en su mayoría familiares del fallecido, para fines de asistencia a la solución del caso.
Según versiones de sus estudiantes en la UASD, Ramírez Ferreras, en plena docencia, interrumpió las clases que impartía desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00, para contestar una llamada.
Posteriormente, salió del aula 201 del edificio Nueva Unidad (NU) y firmó el libro de asistencia. Sin embargo, después de ahí, nunca se le volvió a ver con vida.
Yuniol Ramírez Ferreras era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y era catedrático en Derecho de la UASD.
REVELACIONES SOBRE EL CASO YUNIOL
Una fuente en la Policía adelantó ayer a Listín Diario que de acuerdo a los informes que ha obtenido, Ramírez Ferreras habría sido víctima de sus actividades privadas.
Familiares del occiso permanecieron ayer varias horas en la sala digital de la Policía Nacional, incluidos la esposa e hija de crianza de Ramírez Ferreras, quienes por segundo día consecutivo fueron interrogadas respecto al hecho, a fin de recopilar datos que sean vitales para esclarecer el horrendo crimen.
Uno de los puntos de partida que tienen las autoridades son las últimas llamadas que le hicieron al profesor y que motivaron que saliera del aula en donde estaba impartiendo clases en el edificio del NU, en la UASD.
Velatorio de restos
El cuerpo del abogado y profesor era velado ayer en la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, donde parientes, amigos y compañeros acudieron a darle el último adiós.
La prensa no tuvo acceso al lugar ya que los familiares no deseaban cámaras en la capilla.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.
