Pesquisa. La fiscal Olga Diná Llaverías aseguró que las indagatorias llevarán hasta los responsables del crimen del abogado y profesor de la UASD, Yuniol Ramírez Ferreras.
Santo Domingo.- La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, aseguró que las investigaciones en torno al asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras son profundizadas en base a hallazgos aporta- dos gracias a pistas en dominio de las autoridades.
Llaverías dijo ayer al Listín Diario que las pesquisas en marcha darán al traste con el o los responsables del crimen de Ramírez Ferreras, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, con dos bloques amarrados sobre el pecho y un disparo en el rostro.
Sostuvo que aunque es extemporáneo dar declaraciones, se está trabajando arduamente en el proceso para recabar las pruebas y establecer responsabilidades.
La fiscal estuvo ayer trabajando durante varias horas junto a los investigadores policiales en el destacamento de Las Caobas, en Herrera.
La investigación policial
El portavoz del organismo uniformado, Frank Durán, reveló ayer el hallazgo de dos recibos de entidades financieras dentro de un bolsillo del pantalón de Ramírez Ferreras. Uno de ellos, según las autoridades, acreditaba un retiro de más de 56 mil pesos.
Familiares de Yuniol Ramírez ascienden por las escalinatas internas del Palacio de la Policía, adonde acudieron para dar información a los investigadores sobre su pariente, cuyo cuerpo fue encontrado flotando, atado a dos blocks y con un disparo en la cabeza, en el arroyo Manoguayabo.
Además, Durán indicó que en la zona donde fue raptado el también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no había cámaras de seguridad que pudieran ayudar a esclarecer el crimen.
No obstante, el vocero policial señaló que en la yipeta del abogado se encontraron dos celulares que eran utilizados habitualmente por la víctima.
También informó que se ha entrevistado a diferentes personas de interés, en su mayoría familiares del fallecido, para fines de asistencia a la solución del caso.
Según versiones de sus estudiantes en la UASD, Ramírez Ferreras, en plena docencia, interrumpió las clases que impartía desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00, para contestar una llamada.
Posteriormente, salió del aula 201 del edificio Nueva Unidad (NU) y firmó el libro de asistencia. Sin embargo, después de ahí, nunca se le volvió a ver con vida.
Yuniol Ramírez Ferreras era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y era catedrático en Derecho de la UASD.
REVELACIONES SOBRE EL CASO YUNIOL
Una fuente en la Policía adelantó ayer a Listín Diario que de acuerdo a los informes que ha obtenido, Ramírez Ferreras habría sido víctima de sus actividades privadas.
Familiares del occiso permanecieron ayer varias horas en la sala digital de la Policía Nacional, incluidos la esposa e hija de crianza de Ramírez Ferreras, quienes por segundo día consecutivo fueron interrogadas respecto al hecho, a fin de recopilar datos que sean vitales para esclarecer el horrendo crimen.
Uno de los puntos de partida que tienen las autoridades son las últimas llamadas que le hicieron al profesor y que motivaron que saliera del aula en donde estaba impartiendo clases en el edificio del NU, en la UASD.
Velatorio de restos
El cuerpo del abogado y profesor era velado ayer en la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, donde parientes, amigos y compañeros acudieron a darle el último adiós.
La prensa no tuvo acceso al lugar ya que los familiares no deseaban cámaras en la capilla.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
