Santo Domingo, R.D.-A través de la denominada “Operación Camaleón”, el Ministerio Público anunció el desmantelamiento de una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco y estafa contra el Estado.

Durante el despliegue de esta operación fue arrestado José “Jochi” Ángel Gómez-Canaán, tras ser interrogado a mediados de la semana en la Procuraduría General de la República (PGR) sobre presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).

Sobre esta licitación, los fiscales aseguraron que Transcore Latam, la empresa vinculada a Gómez-Canaán que le fue adjudicada el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fueron contratados.

Igualmente aseveraron que esta empresa agregó otros elementos de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, que tampoco formaban parte de la oferta técnica original. También aseguraron que instaló 55 cámaras.

¿Con qué fin? De acuerdo con el Ministerio Público, estas cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un “esquema ilegal de espionaje” dirigido por Jochi y Carlos Peguero, otro de los imputados.

“La manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento crea una amenaza directa a la privacidad y seguridad, configurando delitos contra la seguridad pública y otros crímenes conexos”, leía parte del referido documento.

Además, los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, asegurando que esto no solo implica espionaje ilegal, sino que también las informaciones recogidas utilizando esta tecnología podría ser utilizada en actos de extorsión.

SIN JUSTIFICACIÓN

El órgano persecutor indicó que durante la auditoría, los peritos observaron que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real. De manera similar almacenaban un “volumen significativo” de datos.

Pero, los fiscales resaltaron que Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.

Asimismo, indicaron que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de datos almacenados.

Santo Domingo, R.D.-Carlos Balcacer, defensa técnica de Jochi Gómez, implicado en el caso Camaleón, aseguró que «no procede» que su cliente sea procesado por terrorismo como lo ha indicado el Ministerio Público.

Al ser abordado por los medios de comunicación a su llegada a la Procuraduría General de la República, Carlos Balcacer explicó que el caso no reúne los elementos para que se presente una acusación por terrorismo contra su cliente.

«Cada infracción tiene los elementos que los caracterizan, yo decía que el jovencito ese que lanzó la bomba en el Metro no se conjugan los elementos que caracterizan eso; ni siquiera apagar un semáforo, 100 semáforos, eso no entra dentro de terrorismo de acuerdo a lo que dice la ley del terrorismo», explicó Balcacer.

«Eso es muy lejos, el terrorismo requiere de una entidad, de una organización, un concierto de voluntades dirigidas específicamente a eso con un financiamiento específico», detalló el jurista.

No merece «la complejidad que le han dado»

Balcacer agregó que a su entender las autoridades le han dado una «complejidad al caso», que no corresponde con la realidad de la situación.

«Lo único que ha hecho Jochi ha sido, en primer lugar, otorgar a través de tecnología, instrumentos, más del porcentaje de dinero que abonó el Estado Dominicano. Dos, los temas de seguridad son muy delicados y fueron plasmados en contratos, firmados tanto con la pasada administración, como con la actual», añadió.

Empezó el interrogatorio

A pesar de que llevaba más de dos horas al momento de la llegada de sus abogados, la segunda ronda de interrogatorios de Jochi Gómez empezó alrededor de las siete de la noche con la llegada de su defensa.

Gómez es acusado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Junto a Gómez, también está detenido e implicado el exdirector del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant), además de otras cinco personas.

Santo Domingo, R.D.-Tras sospechas de posibles prácticas que atentan contra el comercio licito, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informaron este jueves que iniciaron un proceso de fiscalización a la empresa Industria del Papel SIDO, SRL.

Según una nota de prensa, la visita de las autoridades fiscalizadoras se realizó conforme a lo que establecen el Código Tributario vigente y las leyes que lo modifican y complementan, así como a la Ley de Aduanas 168-21, y sus reglamentos de aplicación, a fin de detectar posibles delitos tributarios y aduaneros por parte de empresas que operan en el país.

La misma se enmarcan en la estrategia conjunta que realizan ambas direcciones, de cara a los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y la competencia desleal, indica una nota de prensa.

Tanto el director general de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, como de la DGII, Luis Valdez Veras, reafirmaron su compromiso de proteger al comercio lícito de aquellos que quieren inobservar le ley en perjuicio del Estado dominicano.

La DGA y la DGII reiteraron que las visitas y auditorías a empresas se realizan con base al resultado del cruce de información entre ambas instituciones.