Análisis Noticiosos
Hay condiciones para desplazar al PLD, pero se requiere de un eficaz liderazgo opositor
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Analistas políticos consideran que la virtual división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un desgaste que le impide resolver los graves problemas e insatisfacciones nacionales abren cada vez más posibilidades de que pueda ser desplazado del poder en las elecciones del próximo año.
Pero concuerdan también en que para ello se requiere un liderazgo opositor más coherente y firme que capitalice el hastío y las ansias de cambio que recogen las encuestas y desmitifique los éxitos de los peledeístas, basados en el endeudamiento y factores externos como las remesas y la inversión extranjera, y que fundamente un nuevo modelo de desarrollo.
El PLD llegará debilitado
En los diversos ámbitos del análisis político social hay coincidencia en que cualquiera que sea el resultado de su elección primaria a distancia de dos semanas, el PLD saldrá debilitado por el nivel que han alcanzado sus confrontaciones internas, tanto que hasta algunos de sus dirigentes las dan por insuperables. Empero hay quienes estiman que sus grandes intereses podrían obligarlos a pactar algún entendimiento, pero como quiera la unidad quedaría afectada.
La prueba más difícil la tendrán los peledeístas en las vísperas y en su jornada de elección interna del 6 de Octubre, cuando 6 mil 710 precandidatos saldrán a las calles a incentivar a cualquier ciudadano para que vaya a votar por ellos, porque estarán en juego no sólo la candidatura presidencial, sino también las congresuales y municipales, que totalizan 4 mil 113. Como muchos de ellos, especialmente los que aspiran a repetir como senadores, diputados y alcaldes, disponen de amplios recursos, se teme que desaten un mercado de compra de votos. Y es un secreto a voces que los dos reales contendientes por la candidatura presidencial acopian recursos para “llevar votantes a los colegios electorales”.
Será la primera vez que un partido dominicano escoge sus candidatos con el padrón universal, impuesto por la facción del presidente Danilo Medina, que lo peleó por dos años en el Congreso. En diciembre del 2015 los peledeístas utilizaron su propio padrón y sólo para elegir candidatos a regidores y vocales, y a algunos alcaldes y directores municipales, porque se impuso el pacto de “reelección por reelección” que abarcó a senadores, diputados y casi todos los alcaldes. La candidatura presidencial ya había sido zanjada tras los acuerdos que generaron la reforma constitucional de junio del mismo año. Aun así la contienda arrojó cuatro muertos y una decena de heridos, y pasaron dos semanas contando los votos.
Los fracaso de dos décadas
Entre las debilidades de los gobiernos del PLD resalta el no poderse atribuir la solución de ninguno de los grandes problemas estructurales o sociales de la nación al agotar su quinto período de gobierno, con un interregno de cuatro años. Ni los de salud o seguridad social, de educación, de energía eléctrica, de transporte, o de la precariedad de las viviendas que mantienen en estado de vulnerabilidad a una apreciable proporción de personas.
Llegó obligado a invertir en educación, tras gobernar doce años, pero sin poder revertir los enormes retrasos acumulados, y el partido que proclamaba que le dieran la administración del sistema eléctrico y en un año resolvía, mantiene al 53% de la población con apagones sobre 4 horas diarias, 26% entre 10 y 14 horas, y 13% entre 15 y 23 horas, según la encuesta nacional Enhogar 2018, que registra el 47.5% de las viviendas aún sin agua corriente dentro.
Tampoco han podido enfrentar, siquiera medianamente, problemas de alta sensibilidad como la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la inmigración desenfrenada, la epidemia de los accidentes de tránsito en lo que el país sólo supera proporcionalmente en el mundo a Niue, una islita de 3 mil habitantes. Mucho menos la corrupción, que con su correlato de impunidad, se ha disparado a niveles insospechados durante la gestión de un partido que dividía el país “entre peledeístas y corruptos”.
Es interminable el listado de renglones en que la RD aparece rezagada en todas las mediciones y evaluaciones internacionales, resaltando la malversación, la mortalidad materno-infantil, matrimonio precoz y embarazo de adolescentes, falta de transparencia y de rendición de cuentas, calidad de la educación, en inversión en salud y vivienda popular, en desigualdad y desaprovechamiento del crecimiento económico para convertirlo en desarrollo humano.
Hastío y deseo de cambio
Las encuestas registran la alta insatisfacción de la población, con hasta un 58%, en Gallup-Hoy de mayo, que se manifiesta porque gobierne otro partido. La Marcha Verde no dejó dudas sobre la extensión del hastío y estrés que ya genera la gestión del PLD, sin respuesta ni explicación de ninguno de los escándalos de corrupción, impunidad, o de narcotráfico, sin importar su dimensión internacional, como los de Odebrecht, Tucanos y El abusador.
Con el agravante de que durante los últimos catorce años de gobierno han contado con el absoluto control de los poderes legislativo y judicial, degradados en su independencia y subordinados al igual que las demás instituciones de control, como el ministerio público, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y hasta en los órganos electorales, donde el PLD mantiene significativa representación.
La estructura de dominación, cooptación o neutralización peledeístas se ha extendido a gran parte del tejido social, incluyendo entidades sindicales, gremios profesionales y empresariales, universidades, gran proporción de los medios de comunicación y una red de miles de comentaristas, periodistas e intelectuales, a pesar de lo cual no ha podido materializar las reformas necesarias para desconcentrar el ingreso y las riquezas y superar la pobreza.
La degradación de la institucionalidad democrática ha alcanzado niveles astronómicos, configurando una concentración del poder que no ha respetado ni los ayuntamientos, acogotados financieramente, e incentivando una anomia social, que empieza por el desconocimiento de leyes como la de Estrategia Nacional de Desarrollo y sus pactos eléctricos y fiscal, o la de salarios públicos.
Desmitificar el gran éxito
El mayor éxito que han tenido los gobiernos del PLD es el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, proclamando reducción de la pobreza, y hasta eso puede ser desmitificado, porque en gran medida tienen el esteroides del enorme endeudamiento público, del extraordinario incremento de las remesas del millón y medio de dominicanos que han huido del país, y persisten aún en yolas, y de la inversión extranjera que impulsa el turismo y las zonas francas.
El ingreso de las remesas formales creció 79% sólo entre el 2010 y el 2018, pasando de 3,683 millones a 6,500 millones de dólares, que el año pasado representaron unos 325 mil millones de pesos, más de 20% superior a los 362 mil millones de pesos que pagó el Estado en salarios, pensiones y programas sociales. Es a ese factor que hay que atribuir el relativo mejoramiento del ingreso familiar y reducción de la pobreza.
Las remesas y el turismo son los responsables fundamentales de la estabilidad macroeconómica, porque subsidian sistemáticamente las importaciones, que el año pasado casi duplican las estancadas exportaciones, 20.2 a 10.9 mil millones de dólares, respectivamente. Mientras la nómina estatal se duplicaba, al igual que la a deuda pública consolidada, para cubrir los déficits crónicos de la última década.
Con coherencia y firmeza
Luis AbinaderCon todos esos factores a favor del cambio la dispersión de la oposición, y sus dificultades de concertación podrían llevarla otra vez al “matadero electoral” que acuñó Juan Bosch en los años setenta, sobre todo si permiten que el PLD vuelva a sacar todo el Estado a la campaña electoral, lo que no deben dudar ya que el presidente Danilo Medina lo está haciendo en la actual campaña interna del propio partido.
Las encuestas indican que la oposición política no ha logrado una suficiente reducción de las preferencias por el PLD, por su fragmentación e incoherencia, porque todavía el poder estatal incide en su seno, y porque están demasiado ocupados en las luchas internas por las candidaturas, especialmente el Partido Revolucionario Moderno, principal agrupamiento alternativo.
Las posibilidades de que el PRM encarne una real opción están asociadas a que salga revitalizado de su elección primaria, que hasta ahora transcurre sin mayores confrontaciones, y de que pronto se pueda cohesionar en torno a un candidato presidencial en capacidad de realizar un juego grande contra el dominio peledeístas, de capitalizar las insatisfacciones y proyectar una imagen de real alternabilidad que atraiga las clases medias más exigentes y a la vez más influyentes en la opinión pública, las redes y ante los trabajadores informales no dependientes de la nómina o los subsidios públicos. No podrá lograrlo presentándose como “más de lo mismo”.
Sin remachar hasta la saciedad la necesidad de un nuevo modelo de desarrolle que potencie más la inversión y la producción privada, la productividad y el mejoramiento del salario y la reducción de la desigualdad, será difícil alcanzar el gran consenso social que se requiere para vencer la maquinaria de dominación peledeístas, que saldrá dividida o debilitada de la actual confrontación entre sus caudillos, ambos con ínfulas mesiánicas de insustituibles, ni siquiera por sus propios compañeros de partido.-
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.