Análisis Noticiosos
Hay condiciones para desplazar al PLD, pero se requiere de un eficaz liderazgo opositor
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Analistas políticos consideran que la virtual división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un desgaste que le impide resolver los graves problemas e insatisfacciones nacionales abren cada vez más posibilidades de que pueda ser desplazado del poder en las elecciones del próximo año.
Pero concuerdan también en que para ello se requiere un liderazgo opositor más coherente y firme que capitalice el hastío y las ansias de cambio que recogen las encuestas y desmitifique los éxitos de los peledeístas, basados en el endeudamiento y factores externos como las remesas y la inversión extranjera, y que fundamente un nuevo modelo de desarrollo.
El PLD llegará debilitado
En los diversos ámbitos del análisis político social hay coincidencia en que cualquiera que sea el resultado de su elección primaria a distancia de dos semanas, el PLD saldrá debilitado por el nivel que han alcanzado sus confrontaciones internas, tanto que hasta algunos de sus dirigentes las dan por insuperables. Empero hay quienes estiman que sus grandes intereses podrían obligarlos a pactar algún entendimiento, pero como quiera la unidad quedaría afectada.
La prueba más difícil la tendrán los peledeístas en las vísperas y en su jornada de elección interna del 6 de Octubre, cuando 6 mil 710 precandidatos saldrán a las calles a incentivar a cualquier ciudadano para que vaya a votar por ellos, porque estarán en juego no sólo la candidatura presidencial, sino también las congresuales y municipales, que totalizan 4 mil 113. Como muchos de ellos, especialmente los que aspiran a repetir como senadores, diputados y alcaldes, disponen de amplios recursos, se teme que desaten un mercado de compra de votos. Y es un secreto a voces que los dos reales contendientes por la candidatura presidencial acopian recursos para “llevar votantes a los colegios electorales”.
Será la primera vez que un partido dominicano escoge sus candidatos con el padrón universal, impuesto por la facción del presidente Danilo Medina, que lo peleó por dos años en el Congreso. En diciembre del 2015 los peledeístas utilizaron su propio padrón y sólo para elegir candidatos a regidores y vocales, y a algunos alcaldes y directores municipales, porque se impuso el pacto de “reelección por reelección” que abarcó a senadores, diputados y casi todos los alcaldes. La candidatura presidencial ya había sido zanjada tras los acuerdos que generaron la reforma constitucional de junio del mismo año. Aun así la contienda arrojó cuatro muertos y una decena de heridos, y pasaron dos semanas contando los votos.
Los fracaso de dos décadas
Entre las debilidades de los gobiernos del PLD resalta el no poderse atribuir la solución de ninguno de los grandes problemas estructurales o sociales de la nación al agotar su quinto período de gobierno, con un interregno de cuatro años. Ni los de salud o seguridad social, de educación, de energía eléctrica, de transporte, o de la precariedad de las viviendas que mantienen en estado de vulnerabilidad a una apreciable proporción de personas.
Llegó obligado a invertir en educación, tras gobernar doce años, pero sin poder revertir los enormes retrasos acumulados, y el partido que proclamaba que le dieran la administración del sistema eléctrico y en un año resolvía, mantiene al 53% de la población con apagones sobre 4 horas diarias, 26% entre 10 y 14 horas, y 13% entre 15 y 23 horas, según la encuesta nacional Enhogar 2018, que registra el 47.5% de las viviendas aún sin agua corriente dentro.
Tampoco han podido enfrentar, siquiera medianamente, problemas de alta sensibilidad como la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la inmigración desenfrenada, la epidemia de los accidentes de tránsito en lo que el país sólo supera proporcionalmente en el mundo a Niue, una islita de 3 mil habitantes. Mucho menos la corrupción, que con su correlato de impunidad, se ha disparado a niveles insospechados durante la gestión de un partido que dividía el país “entre peledeístas y corruptos”.
Es interminable el listado de renglones en que la RD aparece rezagada en todas las mediciones y evaluaciones internacionales, resaltando la malversación, la mortalidad materno-infantil, matrimonio precoz y embarazo de adolescentes, falta de transparencia y de rendición de cuentas, calidad de la educación, en inversión en salud y vivienda popular, en desigualdad y desaprovechamiento del crecimiento económico para convertirlo en desarrollo humano.
Hastío y deseo de cambio
Las encuestas registran la alta insatisfacción de la población, con hasta un 58%, en Gallup-Hoy de mayo, que se manifiesta porque gobierne otro partido. La Marcha Verde no dejó dudas sobre la extensión del hastío y estrés que ya genera la gestión del PLD, sin respuesta ni explicación de ninguno de los escándalos de corrupción, impunidad, o de narcotráfico, sin importar su dimensión internacional, como los de Odebrecht, Tucanos y El abusador.
Con el agravante de que durante los últimos catorce años de gobierno han contado con el absoluto control de los poderes legislativo y judicial, degradados en su independencia y subordinados al igual que las demás instituciones de control, como el ministerio público, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y hasta en los órganos electorales, donde el PLD mantiene significativa representación.
La estructura de dominación, cooptación o neutralización peledeístas se ha extendido a gran parte del tejido social, incluyendo entidades sindicales, gremios profesionales y empresariales, universidades, gran proporción de los medios de comunicación y una red de miles de comentaristas, periodistas e intelectuales, a pesar de lo cual no ha podido materializar las reformas necesarias para desconcentrar el ingreso y las riquezas y superar la pobreza.
La degradación de la institucionalidad democrática ha alcanzado niveles astronómicos, configurando una concentración del poder que no ha respetado ni los ayuntamientos, acogotados financieramente, e incentivando una anomia social, que empieza por el desconocimiento de leyes como la de Estrategia Nacional de Desarrollo y sus pactos eléctricos y fiscal, o la de salarios públicos.
Desmitificar el gran éxito
El mayor éxito que han tenido los gobiernos del PLD es el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, proclamando reducción de la pobreza, y hasta eso puede ser desmitificado, porque en gran medida tienen el esteroides del enorme endeudamiento público, del extraordinario incremento de las remesas del millón y medio de dominicanos que han huido del país, y persisten aún en yolas, y de la inversión extranjera que impulsa el turismo y las zonas francas.
El ingreso de las remesas formales creció 79% sólo entre el 2010 y el 2018, pasando de 3,683 millones a 6,500 millones de dólares, que el año pasado representaron unos 325 mil millones de pesos, más de 20% superior a los 362 mil millones de pesos que pagó el Estado en salarios, pensiones y programas sociales. Es a ese factor que hay que atribuir el relativo mejoramiento del ingreso familiar y reducción de la pobreza.
Las remesas y el turismo son los responsables fundamentales de la estabilidad macroeconómica, porque subsidian sistemáticamente las importaciones, que el año pasado casi duplican las estancadas exportaciones, 20.2 a 10.9 mil millones de dólares, respectivamente. Mientras la nómina estatal se duplicaba, al igual que la a deuda pública consolidada, para cubrir los déficits crónicos de la última década.
Con coherencia y firmeza
Luis AbinaderCon todos esos factores a favor del cambio la dispersión de la oposición, y sus dificultades de concertación podrían llevarla otra vez al “matadero electoral” que acuñó Juan Bosch en los años setenta, sobre todo si permiten que el PLD vuelva a sacar todo el Estado a la campaña electoral, lo que no deben dudar ya que el presidente Danilo Medina lo está haciendo en la actual campaña interna del propio partido.
Las encuestas indican que la oposición política no ha logrado una suficiente reducción de las preferencias por el PLD, por su fragmentación e incoherencia, porque todavía el poder estatal incide en su seno, y porque están demasiado ocupados en las luchas internas por las candidaturas, especialmente el Partido Revolucionario Moderno, principal agrupamiento alternativo.
Las posibilidades de que el PRM encarne una real opción están asociadas a que salga revitalizado de su elección primaria, que hasta ahora transcurre sin mayores confrontaciones, y de que pronto se pueda cohesionar en torno a un candidato presidencial en capacidad de realizar un juego grande contra el dominio peledeístas, de capitalizar las insatisfacciones y proyectar una imagen de real alternabilidad que atraiga las clases medias más exigentes y a la vez más influyentes en la opinión pública, las redes y ante los trabajadores informales no dependientes de la nómina o los subsidios públicos. No podrá lograrlo presentándose como “más de lo mismo”.
Sin remachar hasta la saciedad la necesidad de un nuevo modelo de desarrolle que potencie más la inversión y la producción privada, la productividad y el mejoramiento del salario y la reducción de la desigualdad, será difícil alcanzar el gran consenso social que se requiere para vencer la maquinaria de dominación peledeístas, que saldrá dividida o debilitada de la actual confrontación entre sus caudillos, ambos con ínfulas mesiánicas de insustituibles, ni siquiera por sus propios compañeros de partido.-
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.
Análisis Noticiosos
Santo Domingo está entre los destinos para viajar en 2026, según la BBC de Londres
Santo Domingo figura entre los destinos recomendados para viajar en el año 2026, de acuerdo con una selección especial de BBC Travel, que destaca destinos mundiales con capacidad para de ofrecer experiencias mientras promueven el turismo sostenible y la preservación del patrimonio cultural.
La capital dominicana aparece en una lista que incluye 11 destinos internacionales, cinco de ellos ubicados en América Latina, elegidos a partir de recomendaciones de periodistas de la BBC, expertos en viajes y autoridades globales en turismo responsable.
El criterio central fue identificar lugares que reciben al visitante con entusiasmo y donde el impacto del turismo sea positivo y duradero.
Según la BBC, 2026 será un año clave para Santo Domingo, ya que la ciudad albergará los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto, en el marco del centenario de la competencia. Este evento reunirá a atletas de 37 países y ha impulsado una serie de mejoras urbanas y deportivas en la capital.
Asimismo, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue modernizado, incorporando infraestructura inclusiva como senderos de pavimentación táctil para personas con discapacidad visual.
La BBC subraya que Santo Domingo ofrece mucho más que historia. La ciudad es el epicentro del merengue y la bachata, ritmos que marcan el pulso de celebraciones como el Carnaval de febrero y el Festival del Merengue.
En 2026, además, regresan grandes citas musicales como el Isle of Light, en marzo, y el Presidente Festival, que vuelve tras una pausa de una década como uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina.
Puerta al ecoturismo del Caribe
BBC Travel también resalta la conexión de Santo Domingo con Samaná, conocida por sus calas, selvas tropicales y aguas turquesas. El hotel Ocama, por ejemplo, ofrece traslados en helicóptero desde la capital hacia esta región, facilitando el acceso a uno de los destinos naturales más atractivos del país.
Otros destinos citados por la BBC, según el orden alfabético
- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- Costa de Oregón, Estados Unidos
- Costa Rica
- Guimarães, Portugal
- Islas Hébridas, Escocia
- Ishikawa, Japón
- Loreto, Baja California Sur, México
- Montenegro
- Uruguay
- Valle de Colchagua, Chile