Análisis Noticiosos
Hay condiciones para desplazar al PLD, pero se requiere de un eficaz liderazgo opositor
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Analistas políticos consideran que la virtual división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un desgaste que le impide resolver los graves problemas e insatisfacciones nacionales abren cada vez más posibilidades de que pueda ser desplazado del poder en las elecciones del próximo año.
Pero concuerdan también en que para ello se requiere un liderazgo opositor más coherente y firme que capitalice el hastío y las ansias de cambio que recogen las encuestas y desmitifique los éxitos de los peledeístas, basados en el endeudamiento y factores externos como las remesas y la inversión extranjera, y que fundamente un nuevo modelo de desarrollo.
El PLD llegará debilitado
En los diversos ámbitos del análisis político social hay coincidencia en que cualquiera que sea el resultado de su elección primaria a distancia de dos semanas, el PLD saldrá debilitado por el nivel que han alcanzado sus confrontaciones internas, tanto que hasta algunos de sus dirigentes las dan por insuperables. Empero hay quienes estiman que sus grandes intereses podrían obligarlos a pactar algún entendimiento, pero como quiera la unidad quedaría afectada.
La prueba más difícil la tendrán los peledeístas en las vísperas y en su jornada de elección interna del 6 de Octubre, cuando 6 mil 710 precandidatos saldrán a las calles a incentivar a cualquier ciudadano para que vaya a votar por ellos, porque estarán en juego no sólo la candidatura presidencial, sino también las congresuales y municipales, que totalizan 4 mil 113. Como muchos de ellos, especialmente los que aspiran a repetir como senadores, diputados y alcaldes, disponen de amplios recursos, se teme que desaten un mercado de compra de votos. Y es un secreto a voces que los dos reales contendientes por la candidatura presidencial acopian recursos para “llevar votantes a los colegios electorales”.
Será la primera vez que un partido dominicano escoge sus candidatos con el padrón universal, impuesto por la facción del presidente Danilo Medina, que lo peleó por dos años en el Congreso. En diciembre del 2015 los peledeístas utilizaron su propio padrón y sólo para elegir candidatos a regidores y vocales, y a algunos alcaldes y directores municipales, porque se impuso el pacto de “reelección por reelección” que abarcó a senadores, diputados y casi todos los alcaldes. La candidatura presidencial ya había sido zanjada tras los acuerdos que generaron la reforma constitucional de junio del mismo año. Aun así la contienda arrojó cuatro muertos y una decena de heridos, y pasaron dos semanas contando los votos.
Los fracaso de dos décadas
Entre las debilidades de los gobiernos del PLD resalta el no poderse atribuir la solución de ninguno de los grandes problemas estructurales o sociales de la nación al agotar su quinto período de gobierno, con un interregno de cuatro años. Ni los de salud o seguridad social, de educación, de energía eléctrica, de transporte, o de la precariedad de las viviendas que mantienen en estado de vulnerabilidad a una apreciable proporción de personas.
Llegó obligado a invertir en educación, tras gobernar doce años, pero sin poder revertir los enormes retrasos acumulados, y el partido que proclamaba que le dieran la administración del sistema eléctrico y en un año resolvía, mantiene al 53% de la población con apagones sobre 4 horas diarias, 26% entre 10 y 14 horas, y 13% entre 15 y 23 horas, según la encuesta nacional Enhogar 2018, que registra el 47.5% de las viviendas aún sin agua corriente dentro.
Tampoco han podido enfrentar, siquiera medianamente, problemas de alta sensibilidad como la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la inmigración desenfrenada, la epidemia de los accidentes de tránsito en lo que el país sólo supera proporcionalmente en el mundo a Niue, una islita de 3 mil habitantes. Mucho menos la corrupción, que con su correlato de impunidad, se ha disparado a niveles insospechados durante la gestión de un partido que dividía el país “entre peledeístas y corruptos”.
Es interminable el listado de renglones en que la RD aparece rezagada en todas las mediciones y evaluaciones internacionales, resaltando la malversación, la mortalidad materno-infantil, matrimonio precoz y embarazo de adolescentes, falta de transparencia y de rendición de cuentas, calidad de la educación, en inversión en salud y vivienda popular, en desigualdad y desaprovechamiento del crecimiento económico para convertirlo en desarrollo humano.
Hastío y deseo de cambio
Las encuestas registran la alta insatisfacción de la población, con hasta un 58%, en Gallup-Hoy de mayo, que se manifiesta porque gobierne otro partido. La Marcha Verde no dejó dudas sobre la extensión del hastío y estrés que ya genera la gestión del PLD, sin respuesta ni explicación de ninguno de los escándalos de corrupción, impunidad, o de narcotráfico, sin importar su dimensión internacional, como los de Odebrecht, Tucanos y El abusador.
Con el agravante de que durante los últimos catorce años de gobierno han contado con el absoluto control de los poderes legislativo y judicial, degradados en su independencia y subordinados al igual que las demás instituciones de control, como el ministerio público, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y hasta en los órganos electorales, donde el PLD mantiene significativa representación.
La estructura de dominación, cooptación o neutralización peledeístas se ha extendido a gran parte del tejido social, incluyendo entidades sindicales, gremios profesionales y empresariales, universidades, gran proporción de los medios de comunicación y una red de miles de comentaristas, periodistas e intelectuales, a pesar de lo cual no ha podido materializar las reformas necesarias para desconcentrar el ingreso y las riquezas y superar la pobreza.
La degradación de la institucionalidad democrática ha alcanzado niveles astronómicos, configurando una concentración del poder que no ha respetado ni los ayuntamientos, acogotados financieramente, e incentivando una anomia social, que empieza por el desconocimiento de leyes como la de Estrategia Nacional de Desarrollo y sus pactos eléctricos y fiscal, o la de salarios públicos.
Desmitificar el gran éxito
El mayor éxito que han tenido los gobiernos del PLD es el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, proclamando reducción de la pobreza, y hasta eso puede ser desmitificado, porque en gran medida tienen el esteroides del enorme endeudamiento público, del extraordinario incremento de las remesas del millón y medio de dominicanos que han huido del país, y persisten aún en yolas, y de la inversión extranjera que impulsa el turismo y las zonas francas.
El ingreso de las remesas formales creció 79% sólo entre el 2010 y el 2018, pasando de 3,683 millones a 6,500 millones de dólares, que el año pasado representaron unos 325 mil millones de pesos, más de 20% superior a los 362 mil millones de pesos que pagó el Estado en salarios, pensiones y programas sociales. Es a ese factor que hay que atribuir el relativo mejoramiento del ingreso familiar y reducción de la pobreza.
Las remesas y el turismo son los responsables fundamentales de la estabilidad macroeconómica, porque subsidian sistemáticamente las importaciones, que el año pasado casi duplican las estancadas exportaciones, 20.2 a 10.9 mil millones de dólares, respectivamente. Mientras la nómina estatal se duplicaba, al igual que la a deuda pública consolidada, para cubrir los déficits crónicos de la última década.
Con coherencia y firmeza
Luis AbinaderCon todos esos factores a favor del cambio la dispersión de la oposición, y sus dificultades de concertación podrían llevarla otra vez al “matadero electoral” que acuñó Juan Bosch en los años setenta, sobre todo si permiten que el PLD vuelva a sacar todo el Estado a la campaña electoral, lo que no deben dudar ya que el presidente Danilo Medina lo está haciendo en la actual campaña interna del propio partido.
Las encuestas indican que la oposición política no ha logrado una suficiente reducción de las preferencias por el PLD, por su fragmentación e incoherencia, porque todavía el poder estatal incide en su seno, y porque están demasiado ocupados en las luchas internas por las candidaturas, especialmente el Partido Revolucionario Moderno, principal agrupamiento alternativo.
Las posibilidades de que el PRM encarne una real opción están asociadas a que salga revitalizado de su elección primaria, que hasta ahora transcurre sin mayores confrontaciones, y de que pronto se pueda cohesionar en torno a un candidato presidencial en capacidad de realizar un juego grande contra el dominio peledeístas, de capitalizar las insatisfacciones y proyectar una imagen de real alternabilidad que atraiga las clases medias más exigentes y a la vez más influyentes en la opinión pública, las redes y ante los trabajadores informales no dependientes de la nómina o los subsidios públicos. No podrá lograrlo presentándose como “más de lo mismo”.
Sin remachar hasta la saciedad la necesidad de un nuevo modelo de desarrolle que potencie más la inversión y la producción privada, la productividad y el mejoramiento del salario y la reducción de la desigualdad, será difícil alcanzar el gran consenso social que se requiere para vencer la maquinaria de dominación peledeístas, que saldrá dividida o debilitada de la actual confrontación entre sus caudillos, ambos con ínfulas mesiánicas de insustituibles, ni siquiera por sus propios compañeros de partido.-
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.