Análisis Noticiosos
Hay condiciones para desplazar al PLD, pero se requiere de un eficaz liderazgo opositor
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Analistas políticos consideran que la virtual división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un desgaste que le impide resolver los graves problemas e insatisfacciones nacionales abren cada vez más posibilidades de que pueda ser desplazado del poder en las elecciones del próximo año.
Pero concuerdan también en que para ello se requiere un liderazgo opositor más coherente y firme que capitalice el hastío y las ansias de cambio que recogen las encuestas y desmitifique los éxitos de los peledeístas, basados en el endeudamiento y factores externos como las remesas y la inversión extranjera, y que fundamente un nuevo modelo de desarrollo.
El PLD llegará debilitado
En los diversos ámbitos del análisis político social hay coincidencia en que cualquiera que sea el resultado de su elección primaria a distancia de dos semanas, el PLD saldrá debilitado por el nivel que han alcanzado sus confrontaciones internas, tanto que hasta algunos de sus dirigentes las dan por insuperables. Empero hay quienes estiman que sus grandes intereses podrían obligarlos a pactar algún entendimiento, pero como quiera la unidad quedaría afectada.
La prueba más difícil la tendrán los peledeístas en las vísperas y en su jornada de elección interna del 6 de Octubre, cuando 6 mil 710 precandidatos saldrán a las calles a incentivar a cualquier ciudadano para que vaya a votar por ellos, porque estarán en juego no sólo la candidatura presidencial, sino también las congresuales y municipales, que totalizan 4 mil 113. Como muchos de ellos, especialmente los que aspiran a repetir como senadores, diputados y alcaldes, disponen de amplios recursos, se teme que desaten un mercado de compra de votos. Y es un secreto a voces que los dos reales contendientes por la candidatura presidencial acopian recursos para “llevar votantes a los colegios electorales”.
Será la primera vez que un partido dominicano escoge sus candidatos con el padrón universal, impuesto por la facción del presidente Danilo Medina, que lo peleó por dos años en el Congreso. En diciembre del 2015 los peledeístas utilizaron su propio padrón y sólo para elegir candidatos a regidores y vocales, y a algunos alcaldes y directores municipales, porque se impuso el pacto de “reelección por reelección” que abarcó a senadores, diputados y casi todos los alcaldes. La candidatura presidencial ya había sido zanjada tras los acuerdos que generaron la reforma constitucional de junio del mismo año. Aun así la contienda arrojó cuatro muertos y una decena de heridos, y pasaron dos semanas contando los votos.
Los fracaso de dos décadas
Entre las debilidades de los gobiernos del PLD resalta el no poderse atribuir la solución de ninguno de los grandes problemas estructurales o sociales de la nación al agotar su quinto período de gobierno, con un interregno de cuatro años. Ni los de salud o seguridad social, de educación, de energía eléctrica, de transporte, o de la precariedad de las viviendas que mantienen en estado de vulnerabilidad a una apreciable proporción de personas.
Llegó obligado a invertir en educación, tras gobernar doce años, pero sin poder revertir los enormes retrasos acumulados, y el partido que proclamaba que le dieran la administración del sistema eléctrico y en un año resolvía, mantiene al 53% de la población con apagones sobre 4 horas diarias, 26% entre 10 y 14 horas, y 13% entre 15 y 23 horas, según la encuesta nacional Enhogar 2018, que registra el 47.5% de las viviendas aún sin agua corriente dentro.
Tampoco han podido enfrentar, siquiera medianamente, problemas de alta sensibilidad como la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la inmigración desenfrenada, la epidemia de los accidentes de tránsito en lo que el país sólo supera proporcionalmente en el mundo a Niue, una islita de 3 mil habitantes. Mucho menos la corrupción, que con su correlato de impunidad, se ha disparado a niveles insospechados durante la gestión de un partido que dividía el país “entre peledeístas y corruptos”.
Es interminable el listado de renglones en que la RD aparece rezagada en todas las mediciones y evaluaciones internacionales, resaltando la malversación, la mortalidad materno-infantil, matrimonio precoz y embarazo de adolescentes, falta de transparencia y de rendición de cuentas, calidad de la educación, en inversión en salud y vivienda popular, en desigualdad y desaprovechamiento del crecimiento económico para convertirlo en desarrollo humano.
Hastío y deseo de cambio
Las encuestas registran la alta insatisfacción de la población, con hasta un 58%, en Gallup-Hoy de mayo, que se manifiesta porque gobierne otro partido. La Marcha Verde no dejó dudas sobre la extensión del hastío y estrés que ya genera la gestión del PLD, sin respuesta ni explicación de ninguno de los escándalos de corrupción, impunidad, o de narcotráfico, sin importar su dimensión internacional, como los de Odebrecht, Tucanos y El abusador.
Con el agravante de que durante los últimos catorce años de gobierno han contado con el absoluto control de los poderes legislativo y judicial, degradados en su independencia y subordinados al igual que las demás instituciones de control, como el ministerio público, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y hasta en los órganos electorales, donde el PLD mantiene significativa representación.
La estructura de dominación, cooptación o neutralización peledeístas se ha extendido a gran parte del tejido social, incluyendo entidades sindicales, gremios profesionales y empresariales, universidades, gran proporción de los medios de comunicación y una red de miles de comentaristas, periodistas e intelectuales, a pesar de lo cual no ha podido materializar las reformas necesarias para desconcentrar el ingreso y las riquezas y superar la pobreza.
La degradación de la institucionalidad democrática ha alcanzado niveles astronómicos, configurando una concentración del poder que no ha respetado ni los ayuntamientos, acogotados financieramente, e incentivando una anomia social, que empieza por el desconocimiento de leyes como la de Estrategia Nacional de Desarrollo y sus pactos eléctricos y fiscal, o la de salarios públicos.
Desmitificar el gran éxito
El mayor éxito que han tenido los gobiernos del PLD es el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, proclamando reducción de la pobreza, y hasta eso puede ser desmitificado, porque en gran medida tienen el esteroides del enorme endeudamiento público, del extraordinario incremento de las remesas del millón y medio de dominicanos que han huido del país, y persisten aún en yolas, y de la inversión extranjera que impulsa el turismo y las zonas francas.
El ingreso de las remesas formales creció 79% sólo entre el 2010 y el 2018, pasando de 3,683 millones a 6,500 millones de dólares, que el año pasado representaron unos 325 mil millones de pesos, más de 20% superior a los 362 mil millones de pesos que pagó el Estado en salarios, pensiones y programas sociales. Es a ese factor que hay que atribuir el relativo mejoramiento del ingreso familiar y reducción de la pobreza.
Las remesas y el turismo son los responsables fundamentales de la estabilidad macroeconómica, porque subsidian sistemáticamente las importaciones, que el año pasado casi duplican las estancadas exportaciones, 20.2 a 10.9 mil millones de dólares, respectivamente. Mientras la nómina estatal se duplicaba, al igual que la a deuda pública consolidada, para cubrir los déficits crónicos de la última década.
Con coherencia y firmeza
Luis AbinaderCon todos esos factores a favor del cambio la dispersión de la oposición, y sus dificultades de concertación podrían llevarla otra vez al “matadero electoral” que acuñó Juan Bosch en los años setenta, sobre todo si permiten que el PLD vuelva a sacar todo el Estado a la campaña electoral, lo que no deben dudar ya que el presidente Danilo Medina lo está haciendo en la actual campaña interna del propio partido.
Las encuestas indican que la oposición política no ha logrado una suficiente reducción de las preferencias por el PLD, por su fragmentación e incoherencia, porque todavía el poder estatal incide en su seno, y porque están demasiado ocupados en las luchas internas por las candidaturas, especialmente el Partido Revolucionario Moderno, principal agrupamiento alternativo.
Las posibilidades de que el PRM encarne una real opción están asociadas a que salga revitalizado de su elección primaria, que hasta ahora transcurre sin mayores confrontaciones, y de que pronto se pueda cohesionar en torno a un candidato presidencial en capacidad de realizar un juego grande contra el dominio peledeístas, de capitalizar las insatisfacciones y proyectar una imagen de real alternabilidad que atraiga las clases medias más exigentes y a la vez más influyentes en la opinión pública, las redes y ante los trabajadores informales no dependientes de la nómina o los subsidios públicos. No podrá lograrlo presentándose como “más de lo mismo”.
Sin remachar hasta la saciedad la necesidad de un nuevo modelo de desarrolle que potencie más la inversión y la producción privada, la productividad y el mejoramiento del salario y la reducción de la desigualdad, será difícil alcanzar el gran consenso social que se requiere para vencer la maquinaria de dominación peledeístas, que saldrá dividida o debilitada de la actual confrontación entre sus caudillos, ambos con ínfulas mesiánicas de insustituibles, ni siquiera por sus propios compañeros de partido.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.