Análisis Noticiosos
Hay condiciones para desplazar al PLD, pero se requiere de un eficaz liderazgo opositor
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Analistas políticos consideran que la virtual división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un desgaste que le impide resolver los graves problemas e insatisfacciones nacionales abren cada vez más posibilidades de que pueda ser desplazado del poder en las elecciones del próximo año.
Pero concuerdan también en que para ello se requiere un liderazgo opositor más coherente y firme que capitalice el hastío y las ansias de cambio que recogen las encuestas y desmitifique los éxitos de los peledeístas, basados en el endeudamiento y factores externos como las remesas y la inversión extranjera, y que fundamente un nuevo modelo de desarrollo.
El PLD llegará debilitado
En los diversos ámbitos del análisis político social hay coincidencia en que cualquiera que sea el resultado de su elección primaria a distancia de dos semanas, el PLD saldrá debilitado por el nivel que han alcanzado sus confrontaciones internas, tanto que hasta algunos de sus dirigentes las dan por insuperables. Empero hay quienes estiman que sus grandes intereses podrían obligarlos a pactar algún entendimiento, pero como quiera la unidad quedaría afectada.
La prueba más difícil la tendrán los peledeístas en las vísperas y en su jornada de elección interna del 6 de Octubre, cuando 6 mil 710 precandidatos saldrán a las calles a incentivar a cualquier ciudadano para que vaya a votar por ellos, porque estarán en juego no sólo la candidatura presidencial, sino también las congresuales y municipales, que totalizan 4 mil 113. Como muchos de ellos, especialmente los que aspiran a repetir como senadores, diputados y alcaldes, disponen de amplios recursos, se teme que desaten un mercado de compra de votos. Y es un secreto a voces que los dos reales contendientes por la candidatura presidencial acopian recursos para “llevar votantes a los colegios electorales”.
Será la primera vez que un partido dominicano escoge sus candidatos con el padrón universal, impuesto por la facción del presidente Danilo Medina, que lo peleó por dos años en el Congreso. En diciembre del 2015 los peledeístas utilizaron su propio padrón y sólo para elegir candidatos a regidores y vocales, y a algunos alcaldes y directores municipales, porque se impuso el pacto de “reelección por reelección” que abarcó a senadores, diputados y casi todos los alcaldes. La candidatura presidencial ya había sido zanjada tras los acuerdos que generaron la reforma constitucional de junio del mismo año. Aun así la contienda arrojó cuatro muertos y una decena de heridos, y pasaron dos semanas contando los votos.
Los fracaso de dos décadas
Entre las debilidades de los gobiernos del PLD resalta el no poderse atribuir la solución de ninguno de los grandes problemas estructurales o sociales de la nación al agotar su quinto período de gobierno, con un interregno de cuatro años. Ni los de salud o seguridad social, de educación, de energía eléctrica, de transporte, o de la precariedad de las viviendas que mantienen en estado de vulnerabilidad a una apreciable proporción de personas.
Llegó obligado a invertir en educación, tras gobernar doce años, pero sin poder revertir los enormes retrasos acumulados, y el partido que proclamaba que le dieran la administración del sistema eléctrico y en un año resolvía, mantiene al 53% de la población con apagones sobre 4 horas diarias, 26% entre 10 y 14 horas, y 13% entre 15 y 23 horas, según la encuesta nacional Enhogar 2018, que registra el 47.5% de las viviendas aún sin agua corriente dentro.
Tampoco han podido enfrentar, siquiera medianamente, problemas de alta sensibilidad como la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la inmigración desenfrenada, la epidemia de los accidentes de tránsito en lo que el país sólo supera proporcionalmente en el mundo a Niue, una islita de 3 mil habitantes. Mucho menos la corrupción, que con su correlato de impunidad, se ha disparado a niveles insospechados durante la gestión de un partido que dividía el país “entre peledeístas y corruptos”.
Es interminable el listado de renglones en que la RD aparece rezagada en todas las mediciones y evaluaciones internacionales, resaltando la malversación, la mortalidad materno-infantil, matrimonio precoz y embarazo de adolescentes, falta de transparencia y de rendición de cuentas, calidad de la educación, en inversión en salud y vivienda popular, en desigualdad y desaprovechamiento del crecimiento económico para convertirlo en desarrollo humano.
Hastío y deseo de cambio
Las encuestas registran la alta insatisfacción de la población, con hasta un 58%, en Gallup-Hoy de mayo, que se manifiesta porque gobierne otro partido. La Marcha Verde no dejó dudas sobre la extensión del hastío y estrés que ya genera la gestión del PLD, sin respuesta ni explicación de ninguno de los escándalos de corrupción, impunidad, o de narcotráfico, sin importar su dimensión internacional, como los de Odebrecht, Tucanos y El abusador.
Con el agravante de que durante los últimos catorce años de gobierno han contado con el absoluto control de los poderes legislativo y judicial, degradados en su independencia y subordinados al igual que las demás instituciones de control, como el ministerio público, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y hasta en los órganos electorales, donde el PLD mantiene significativa representación.
La estructura de dominación, cooptación o neutralización peledeístas se ha extendido a gran parte del tejido social, incluyendo entidades sindicales, gremios profesionales y empresariales, universidades, gran proporción de los medios de comunicación y una red de miles de comentaristas, periodistas e intelectuales, a pesar de lo cual no ha podido materializar las reformas necesarias para desconcentrar el ingreso y las riquezas y superar la pobreza.
La degradación de la institucionalidad democrática ha alcanzado niveles astronómicos, configurando una concentración del poder que no ha respetado ni los ayuntamientos, acogotados financieramente, e incentivando una anomia social, que empieza por el desconocimiento de leyes como la de Estrategia Nacional de Desarrollo y sus pactos eléctricos y fiscal, o la de salarios públicos.
Desmitificar el gran éxito
El mayor éxito que han tenido los gobiernos del PLD es el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, proclamando reducción de la pobreza, y hasta eso puede ser desmitificado, porque en gran medida tienen el esteroides del enorme endeudamiento público, del extraordinario incremento de las remesas del millón y medio de dominicanos que han huido del país, y persisten aún en yolas, y de la inversión extranjera que impulsa el turismo y las zonas francas.
El ingreso de las remesas formales creció 79% sólo entre el 2010 y el 2018, pasando de 3,683 millones a 6,500 millones de dólares, que el año pasado representaron unos 325 mil millones de pesos, más de 20% superior a los 362 mil millones de pesos que pagó el Estado en salarios, pensiones y programas sociales. Es a ese factor que hay que atribuir el relativo mejoramiento del ingreso familiar y reducción de la pobreza.
Las remesas y el turismo son los responsables fundamentales de la estabilidad macroeconómica, porque subsidian sistemáticamente las importaciones, que el año pasado casi duplican las estancadas exportaciones, 20.2 a 10.9 mil millones de dólares, respectivamente. Mientras la nómina estatal se duplicaba, al igual que la a deuda pública consolidada, para cubrir los déficits crónicos de la última década.
Con coherencia y firmeza
Luis AbinaderCon todos esos factores a favor del cambio la dispersión de la oposición, y sus dificultades de concertación podrían llevarla otra vez al “matadero electoral” que acuñó Juan Bosch en los años setenta, sobre todo si permiten que el PLD vuelva a sacar todo el Estado a la campaña electoral, lo que no deben dudar ya que el presidente Danilo Medina lo está haciendo en la actual campaña interna del propio partido.
Las encuestas indican que la oposición política no ha logrado una suficiente reducción de las preferencias por el PLD, por su fragmentación e incoherencia, porque todavía el poder estatal incide en su seno, y porque están demasiado ocupados en las luchas internas por las candidaturas, especialmente el Partido Revolucionario Moderno, principal agrupamiento alternativo.
Las posibilidades de que el PRM encarne una real opción están asociadas a que salga revitalizado de su elección primaria, que hasta ahora transcurre sin mayores confrontaciones, y de que pronto se pueda cohesionar en torno a un candidato presidencial en capacidad de realizar un juego grande contra el dominio peledeístas, de capitalizar las insatisfacciones y proyectar una imagen de real alternabilidad que atraiga las clases medias más exigentes y a la vez más influyentes en la opinión pública, las redes y ante los trabajadores informales no dependientes de la nómina o los subsidios públicos. No podrá lograrlo presentándose como “más de lo mismo”.
Sin remachar hasta la saciedad la necesidad de un nuevo modelo de desarrolle que potencie más la inversión y la producción privada, la productividad y el mejoramiento del salario y la reducción de la desigualdad, será difícil alcanzar el gran consenso social que se requiere para vencer la maquinaria de dominación peledeístas, que saldrá dividida o debilitada de la actual confrontación entre sus caudillos, ambos con ínfulas mesiánicas de insustituibles, ni siquiera por sus propios compañeros de partido.-
Análisis Noticiosos
Ultraderecha aspira a ganar las siete elecciones presidenciales en Latinoamérica
Por Efe
Este año y el próximo buscarán entrar en los palacios presidenciales de Bolivia, Honduras Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil con planes de gobierno que repudien a la «derecha blanda», a la que acusan de pretener «gestionar lo que la izquierda construyó», evitar el conflicto y no ofrecer resistencia.
Los miembros del Foro Madrid, una alianza internacional de partidos, líderes y organizaciones conservadoras y de derecha y ultraderecha de España e Iberoamérica, manifestaron hoy que su objetivo es ganar las siete elecciones generales previstas en la región para este año y el que viene, según proclamaron en la clausura del encuentro celebrado ayer y hoy en Asunción.
Los participantes en el IV Encuentro Regional del Foro Madrid, que fue ianugurado este jueves por el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguraron que las opciones conservadoras y ultraconservadoras tienen una gran oportunidad de ganar las elecciones que tendrán lugar de aquí a finales de 2026.
«Por primera vez en muchas décadas existe una posibilidad real de abrir una nueva era de libertad y prosperidad con la derrota del socialismo en la región y en todo Occidente», dijo la coordinadora de proyectos de Foro Madrid, Edmaly Maucó, al leer la declaración aprobada al final de la cita celebrada este jueves y viernes en Asunción.
Este año habrá elecciones generales en agosto en Bolivia, y en Honduras y Chile en noviembre, mientras que en 2026 se celebrarán comicios en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil.
Según la declaración final del encuentro, los países de la región han sufrido «en carne propia los estragos» de gobiernos de izquierda, y «han comprendido que el socialismo corrompe las sociedades, destruye la economía, arrasa con las libertades».
«Desde Asunción enviamos a toda la región y al mundo un mensaje de optimismo y esperanza: el triunfo de las libertades, la democracia y el Estado de derecho en Iberoamérica es posible y está al alcance de todos nuestros pueblos», señala el texto.
Santiago Abascal y el presidente de Paraguay
El Foro Madrid es promovido por la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas del partido español de ultraderecha Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, participó ayer jueves en la inauguración de la reunión, junto con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.
El director de Foro Madrid, Eduardo Cader, afirmó este viernes que las fuerzas de derecha pueden volver al poder a menos que, según él, «la izquierda recurra al fraude» o las inhabilitaciones de las candidaturas adversarias.
«Cada elección será una batalla, y cada victoria requerirá coraje, estrategia y, sobre todo, unidad», enfatizó.
Cader cargó contra la que llamó «derecha blanda», a la que atribuyó la pretensión de «gestionar lo que la izquierda construyó», evitar el conflicto y no ofrecer resistencia.
Análisis Noticiosos
Empieza una temporada de huracanes más activa que el promedio y con la amenaza de los recortes de Estados Unidos
A los despidos en la NOAA, se suma la suspensión de varios programas de USAID dirigidos a la gestión del riesgo de desastres
Bogotá.-La temporada de huracanes en al Atlántico acaba de empezar cuando el sinsabor que dejaron tormentas como Milton, Beryl o Helene en 2024 aún no se ha ido. Con un pronóstico de entre 13 y 19 tormentas tropicales, de las cuales entre seis y diez se pueden convertir en huracanes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha dicho que, a pesar de esperar una temporada menos activa que la del año pasado, lo que viene en 2025 sigue por encima del promedio normal.
Monitorear huracanes con una NOAA minimizada
Las cifras no son claras, pero lo cierto es que la NOAA, encargada de hacer investigación y monitoreo de las tormentas a lo largo de todo el continente, ha sido víctima del tijeretazo de Trump. Medios como la BBC reportan despidos de casi 800 trabajadores, mientras que expertos cercanos al sector han escuchado que a uno de cada cinco trabajadores les han terminado su contrato.
Esto, asegura Mario Salgado, oficial para Conocimiento del Riesgo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riegos de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, se podría traducir en menos datos y de menor calidad. “Es un trabajo que se hace con casi 120 radares Doppler, 16 satélites ambientales y lo que se conoce como cazadores de huracanes”, recuerda. Y, aunque hasta el momento no hay cómo saber si todo este sistema se está viendo golpeado, las señales serán evidentes cuando se rastree la primera tormenta de 2025.
“Hasta ese momento, podremos medir qué tan grande es el impacto”, agrega el doctor Rafael Méndez Tejeda, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y miembro del Comité de Cambio Climático del Gobierno de la isla. “No hay que olvidar que la NOAA está dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos porque, precisamente, los pronósticos sirven para informar las decisiones de los cruceros, de los buques petroleros, de los aviones”. Así que, si el cambio climático no le preocupa a Trump, quizá sí lo haga el comercio.
Prepararse sin USAID
Si una posible falta de información inquieta, el desasosiego es aún mayor sobre cómo se vivirá la primera temporada de huracanes tras la pausa de las ayudas de USAID a lo largo de América Latina y el Caribe. Cálculos realizados por el Centro del Desarrollo Global (CGD) a partir de los últimos documentos compartidos por el Congreso en marzo, estiman que 265.038.208 dólares fueron cortados para la preparación ante catástrofes a nivel mundial.
“USAID ha sido una fuente muy confiable de financiamiento para diferentes actividades de reducción, preparación y respuesta de desastres”, insiste Salgado. “En la región, una de las iniciativas que se ha visto altamente afectada es la de sistemas de alerta temprana para todas las personas que, es, además, una iniciativa encomendada por el secretario General de las Naciones Unidas”. Un aviso de 24 horas, recuerda, puede reducir las pérdidas económicas y de subsistencia en hasta un 30%.
Toda esa cadena, desde la alerta temprana hasta poder recuperarse tras un huracán, se ha tambaleado en la región. Saber hasta qué punto es difícil por la poca transparencia del Gobierno de Estados Unidos, pero hay casos específicos. La periodista de ciencia Justine Calma reveló en The Verge que el Programa Regional de Asistencia en Casos de Desastre (RDAP) que USAID financiaba desde 1989 fue terminado en América Latina y el Caribe. Este incluía actividades como realizar simulacros, comprar insumos para los refugios de evacuación o garantizar acceso a recursos para personas en condición de discapacidad.
En una carta pública, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción del Riesgo de Catástrofes (GNDR) también denunció que un proyecto dirigido a Honduras, Colombia y Guatemala para aumentar la resiliencia de las comunidades en riesgo de catástrofes, incluyendo las relacionadas con el cambio climático, fue cancelado.
Desde Honduras, Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana, confirma ambas cosas: que no se ha “percibido una baja en la información técnica de la NOAA” hasta el momento y que la ausencia de USAID sí ha limitado ciertas acciones de gestión del riesgo. En el valle de Sula, en concreto, se hacían ejercicios de alerta temprana de inundaciones junto a la agencia estadunidense. De todas formas, Reyes prefiere quedarse con un parte de esperanza. “Se va a cubrir el hueco”, dice, comentando que hay otros cooperantes, como Alemania e Irlanda, que ya los apoyan.
La sensación es similar en el Caribe. La semana pasada, ante la temporada de huracanes, Elizabeth Riley, directora de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA), explicó que los recortes de USAID no han perjudicado a la agencia directamente, ya que no recibe financiación de Estados Unidos. Sin embargo, confirmó que los países bajo esta sombrilla, incluyendo los 15 miembros de la Comunidad del Caribe, Caricom, han visto algunos frentes desprotegidos con la suspensión de los programas de asistencia.
Otros Estados, sin embargo, ya están llenando un rompecabezas que veían desmoronarse. CDEMA y el Reino Unido, por ejemplo, firmaron un memorando para garantizar el apoyo financiero para la respuesta rápida ante emergencias como las que se podrían dar con las venideras tormentas. Cada país miembro puede recibir hasta 375.000 dólares de apoyo por esta alianza.
La temporada de huracanes será una de las primeras pruebas de realidad para medir el nuevo orden mundial que quiere instaurar Trump. “Personalmente, creo que lo que vamos a ver no es una falta de información, sino una privatización de esta”, lanza con cierto miedo Salgado. Los datos científicos, del clima, de los huracanes, se necesitan para los seguros y para los bonos catastróficos que emiten los países para cubrir los riesgos soberanos. “Nadie se puede dar el lujo de desaparecer esa información, pero la duda es si su acceso seguirá siendo gratis”, se pregunta. Como concluye Tejeda, ahora mismo “se puede dar un pronóstico del tiempo, pero no un pronóstico de Trump”.
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Washington.-El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de la Administración de Donald Trump y permite que se retire el permiso de residencia temporal (TPS) a 350.000 venezolanos. La Corte respondió a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno, que quiere acabar con la protección humanitaria que la Administración de Joe Biden concedió a los venezolanos por entender que el país era demasiado peligroso bajo el régimen de Nicolás Maduro. El caso sigue ahora en tribunales inferiores, pero el dictamen del Tribunal Supremo deja a los afectados vulnerables ante las deportaciones.
“Mi hija y yo no podemos regresar de forma segura a Venezuela, que está en crisis. La pérdida inmediata de nuestro TPS causa un increíble daño. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, declaró E.R., demandante en el caso.
La orden del Supremo, de mayoría conservadora, solo contó con el voto en contra de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson y suspende el fallo de un juez federal de San Francisco, que mantuvo vigente el TPS para los venezolanos. Este estatus permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros debido a los desastres naturales o los conflictos civiles.
En respuesta a la demanda presentada por venezolanos afectados y varias organizaciones de defensa de los migrantes, el juez federal Ed Chen dictaminó en marzo que la cancelación del TPS violaba las normas procesales y probablemente estaba motivada por animosidad racial. El magistrado dijo que la eliminación del programa “amenaza con causar daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”. El dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
La decisión de la Corte Suprema solo afecta a quienes obtuvieron el TPS en 2023. Unos 250.000 venezolanos a quienes se les otorgó en 2021 no se verán afectados y conservan su estatus legal y autorización de empleo.
La cancelación del TPS fue una de las primeras medidas de la campaña antiinmigración emprendida por la Administración Trump. La defensa del Gobierno había declarado ante el Alto Tribunal que una extensión de 18 meses, como aprobó Biden antes de dejar la presidencia, “perjudicaría la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, al tiempo que saturaría las comisarías, los refugios municipales y los servicios de ayuda en comunidades locales que habían llegado a la quiebra”.
Esas fueron también las razones que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alegó para anular la prórroga otorgada por Biden en febrero, antes de que entrara en vigor. Además de considerar que los venezolanos eran una carga para los recursos locales, Noem justificó que muchos de ellos son miembros de la pandilla venezolana El Tren de Aragua, considerada organización terrorista por el Gobierno de Trump, por lo que representaban una amenaza para la seguridad pública.
“Esta es la mayor medida que retira el estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, declaró Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de UCLA y uno de los abogados de los demandantes. “Que la Corte Suprema la haya autorizado en una orden de dos párrafos sin justificación es verdaderamente impactante. El efecto humanitario y económico se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”.
Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la Administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema. La semana pasada, el Gobierno solicitó cancelar el programa de parole humanitario, que dejaría a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sin su permiso de residencia.
La semana pasada, el Supremo falló en contra del Gobierno por la deportación de venezolanos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y solo se ha usado en tiempos de conflicto armado. El Alto Tribunal reprochó a la Administración no haber informado a los migrantes sobre sus planes de deportación y aunque no se pronuncia directamente sobre la norma, que se decide en los tribunales, el fallo del Supremo supone en la práctica la suspensión de su aplicación.
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