Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público ha acusado a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, de presidir la “Fundación Tornado Fuerzas Vivas”, que en principio pretendía ser una organización de beneficio público, pero fue nada más que “una vía de captación de fondos ilícitos utilizados en campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.Más Noticias
Hay más en el expediente de la «Operación Anti-Pulpo»
Vinculan ilícitos con campañas Danilo y Gonzalo
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público ha acusado a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, de presidir la “Fundación Tornado Fuerzas Vivas”, que en principio pretendía ser una organización de beneficio público, pero fue nada más que “una vía de captación de fondos ilícitos utilizados en campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.La Fundación, instituida el 18 de julio de 2016 por Alexis Medina, es sindicada como “el principal movimiento político del sector externo, en apoyo logístico y financiero” de las candidaturas del expresidente Danilo Medina en el período 2016-2020, y de Gonzalo Castillo, en el 2020.
De acuerdo con su resolución de incorporación, la Fundación, que se ubica en el Edificio RS de la avenida 27 de febrero No.328, tiene como objeto social “ser una organización de beneficio público, trabajo social, ayudas a personas de escasos recursos culturales educativos y deportivos”.
A través de la solicitud de Medida de Coerción y Declaratoria de Complejidad depositada el pasado 30 de noviembre por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se manifiesta que la Fundación se vincula con el entramado societario imputado por actos corruptos y testaferratos.
Entre los miembros de la organización acusados por el Ministerio Público figuran Juan Alexis Medina Sánchez, presidente de la Fundación; Julián Esteban Suriel Suazo, secretario; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero; Rafael Leónidas de Óleo, vocal, y Omalto Gutiérrez Remigio (fenecido), exchofer de Alexis Medina.
De estos, hasta el momento sólo Juan Alexis Medina Sánchez y Julián Esteban Suriel Suazo han sido apresados como parte de la “Operación Anti-Pulpo” del pasado fin de semana.
El Ministerio Público confirmó la vinculación del entramado social con la Fundación por medio de evidencias, que incluyen imágenes, videos e informes recibidos por el PLD sobre el estado de los ingresos y gastos para la campaña presidencial de Gonzalo Castillo.
“En dicho informe se visualiza que miembros del entramado directamente o mediante sociedades jurídicas, hicieron donaciones para la campaña política”, indica el documento.
Suriel Suazo y su compañía “Consorcio Dominicano del Sur” donaron más de 11 millones de pesos a la campaña de Gonzalo Castillo en 2020, lo que revela el financiamiento ilegal a través de una triangulación de recursos financieros.
Otro caso de las presuntas irregularidades realizadas dentro de la Fundación es el de Sonia Betsaida Domínguez, una empleada de Alexis Medina que figuraba como asesora en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), pero en la práctica era encargada de una “gran unidad” de hospitales del organismo.
Cajas montadas en vehículos oficiales, con contenido de evidencias. Miembros del Ministerio Público en movimiento durante las requisas. Carlos Salcedo, abogado de varios de los acusados.
Vínculos con empresas
Según el Ministerio Público, a través de la empresa General Supply Corporation SRL, propiedad de Alexis Medina, a los miembros de la “Fundación Tornado Fuerzas Vivas” se les otorgaba poder de representación financiera.
“Desde su fundación, dicha empresa estuvo directamente vinculada a la red de las empresas del entramado societario, estando constituida, desde el inicio, por el imputado Julián Esteban Suriel Suazo y el señor Messin Elías Márquez Sarraff, secretario y vocal de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, respectivamente”, agrega.
En 2015, al imputado Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de la Fundación, se le otorgó poder general de representación ante instituciones de intermediación financiera.
Ese mismo año, a Rafael Leónidas de Oleo, vocal de la organización, se le otorgó el poder de representación, en calidad de asesor financiero, para que firmara a nombre de la empresa, ante cualquier entidad bancaria o financiera.
Sobre Juan Alexis Medina, se indica que “el 22 de febrero también se le otorga el poder para firmar ante cualquier entidad bancaria o financiera”.
Otros miembros, como Luis Emilio Bautista, Messin Elías Márquez Sarraff, María Angelina Mireya Rodríguez Hermida; Francisco Brea Morel; Fulvio Antonio Cabreka Gómez; David Amaury Tavares López, integran las sociedades comerciales usadas por el entramado social.
CONTRATOS
Defensa de Alexis
El abogado de Alexis Medina dijo que las operaciones de su cliente con el Estado, donde obtuvo contratos con varias instituciones, son operaciones comerciales normales como “han hecho miles empresarios” en el país.
Salcedo también es el abogado de Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), imputado en los expedientes corrupción.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
Según Comprés, uno de los reclusos involucrados se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Moca, mientras que los otros dos fueron dados de alta tras recibir atención médica.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
El caso también resalta la falta de control por parte de los agentes penitenciarios, quienes, según Comprés, podrían estar involucrados en el tráfico de drogas dentro del penal.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Según informes, el gasto mensual en drogas dentro de este centro podía superar los 15,000 a 20,000 pesos, lo que sometía a las familias de los reclusos a una constante presión y chantaje.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Tal y como el presidente Luis Abinader recomendó en su proyecto que declaró “la necesidad” de una reforma constitucional, esta pieza legislativa varió la ley para adicionar al presidente del Tribunal Constitucional (TC) a la lista de integrantes del CNM.
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El abogado electo deberá ser favorecido con al menos cinco votos del pleno.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.