Editorial
Hay que desenmascarar la doble moral en el país.
Es ampliamente conocido que las campañas electorales se desarrollan sin ningún control en el país y que esa realidad hace que muchos con sólo ser candidatos presidenciales de los partidos más grandes tienen garantizada la entrada de grandes fortunas.
La economía subterránea que hay en el país permite que cualquier persona con real vocación de poder sea beneficiada con grandes donaciones económicas provenientes de diferentes sectores que buscan cobijarse con la sombrilla del Estado.
Grupos económicos y delincuentes de todas las procedencias se acercan al que ven como posible triunfador en las elecciones para buscar protección y otras veces para aumentar sus fortunas con favores oficiales.
Por esta razón, hay tantas fortunas económicas que nadie puede justificar, sobre todo porque en el país pesa más la apariencia que la realidad.
Sin embargo, cuando las cosas ocurren como ahora que un imputado en un escándalo de corrupción dice haber donado 400 millones de pesos al entonces candidato y ahora presidente de la República, debe producirse alguna aclaración al respecto.
Sobre todo, porque quien hizo la supuesta donación es un hombre que no es un empresario de grandes éxitos, sino un sujeto que ha estado involucrado en una serie de actos de corrupción y que sencillamente se trata de un abogado que sabe de muchas maniobras para defraudar al Estado, pero no tiene las condiciones para hacer buenos negocios.
Su revelación, de que donó ese dinero a Abinader quiere decir que una asociación de malhechores le roba al Estado más de 19 mil millones de pesos y que pudo haber calculado el seguro triunfo del actual presidente y que en esa virtud la aportación de esa alta suma de dinero, le permitió salirse con la suya.
Sería de un gran valor para la sociedad dominicana que estas cosas se aclaren, porque resulta irresistible que haya un presidente que promueva un supuesto adecentamiento nacional y al propio tiempo esté involucrado en el recibimiento de una donación de campaña de una persona que todo el mundo sabe que no posee una gran fortuna económica, por lo menos bien habida.
Estas son de las cosas que le quitan credibilidad a los procesos que se llevan a cabo en contra de un lastre tan pesado y dañino para el patrimonio nacional como la corrupción administrativa.
El presidente Luis Abinader está compelido a dar una explicación al respecto e incluso el propio Ministerio Público debe comprobar si ciertamente esa donación existió, porque de no hacerlo entonces sí que podría estarse ante la promoción de una falsa percepción de que el órgano persecutor del crimen y el delito actúa con total independencia.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana