Editorial
Hay que desenmascarar la doble moral en el país.
Es ampliamente conocido que las campañas electorales se desarrollan sin ningún control en el país y que esa realidad hace que muchos con sólo ser candidatos presidenciales de los partidos más grandes tienen garantizada la entrada de grandes fortunas.
La economía subterránea que hay en el país permite que cualquier persona con real vocación de poder sea beneficiada con grandes donaciones económicas provenientes de diferentes sectores que buscan cobijarse con la sombrilla del Estado.
Grupos económicos y delincuentes de todas las procedencias se acercan al que ven como posible triunfador en las elecciones para buscar protección y otras veces para aumentar sus fortunas con favores oficiales.
Por esta razón, hay tantas fortunas económicas que nadie puede justificar, sobre todo porque en el país pesa más la apariencia que la realidad.
Sin embargo, cuando las cosas ocurren como ahora que un imputado en un escándalo de corrupción dice haber donado 400 millones de pesos al entonces candidato y ahora presidente de la República, debe producirse alguna aclaración al respecto.
Sobre todo, porque quien hizo la supuesta donación es un hombre que no es un empresario de grandes éxitos, sino un sujeto que ha estado involucrado en una serie de actos de corrupción y que sencillamente se trata de un abogado que sabe de muchas maniobras para defraudar al Estado, pero no tiene las condiciones para hacer buenos negocios.
Su revelación, de que donó ese dinero a Abinader quiere decir que una asociación de malhechores le roba al Estado más de 19 mil millones de pesos y que pudo haber calculado el seguro triunfo del actual presidente y que en esa virtud la aportación de esa alta suma de dinero, le permitió salirse con la suya.
Sería de un gran valor para la sociedad dominicana que estas cosas se aclaren, porque resulta irresistible que haya un presidente que promueva un supuesto adecentamiento nacional y al propio tiempo esté involucrado en el recibimiento de una donación de campaña de una persona que todo el mundo sabe que no posee una gran fortuna económica, por lo menos bien habida.
Estas son de las cosas que le quitan credibilidad a los procesos que se llevan a cabo en contra de un lastre tan pesado y dañino para el patrimonio nacional como la corrupción administrativa.
El presidente Luis Abinader está compelido a dar una explicación al respecto e incluso el propio Ministerio Público debe comprobar si ciertamente esa donación existió, porque de no hacerlo entonces sí que podría estarse ante la promoción de una falsa percepción de que el órgano persecutor del crimen y el delito actúa con total independencia.
En las sociedades donde se producen profundas crisis de valores cualquier cosa puede ocurrir, porque como dice la canción da lo mismo ser un burro que un intelectual.
Son muchos los casos de personas que llegan a la cima del poder sin reunir las condiciones para ello y que de cualquier manera que se vea representan un gran peligro para el desarrollo que reclama la nación.
Un caso muy notable de este fenómeno fue el triunfo de la candidatura presidencial de Hipólito Mejía, de quien todo el mundo sabe que no tiene la menor idea de lo que es el Estado.
Igual podría decirse de Luis Abinader, quien proyecta una sanidad que todavía falta ponerla a prueba, porque muy bien podría tratarse de una pose, pero que también ha dejado la idea de que no sabe muy bien lo que es el Estado.
Y ciertamente no proyecta una buena formación y tener las herramientas que necesita el país para salir de los niveles de atraso que le afectan.
Así se podría hacer un recorrido de una serie de figuras que no tienen la formación cultural para concebir un plan estratégico de desarrollo nacional.
En ese contexto entra la candidatura de Abel Martínez, quien proyecta la idea de ser un inquieto muchacho de un pueblo cualquiera del país, pero no una figura presidenciable con las condiciones para producir una verdadera transformación nacional.
Incluso, igual debe decirse de Leonel Fernández, aunque sus principales limitaciones consisten en que está muy comprometido con lo peor que tiene el país, lo cual representa una gran preocupación y obstáculo nacional ante un eventual triunfo electoral suyo.
Además, es un hombre de muchas poses, tantas que hay una que se puede observar a leguas cuando saluda a alguien y es que cualquiera cree que él está afectado de tétano, lo que en cierto modo define su personalidad poco transparente.
Sin embargo, de todos los aspirantes presidenciales para el 2024 el que luce más amenazado, incluso, por su propio partido, es Abel Martínez, dado que su figura no hay forma de que encaje en la que debe ser la de un candidato a la primera magistratura del Estado.
Y eso que en este editorial no se ha tocado el aspecto ético moral de estos aspirantes, los cuales si se someten al escrutinio correspondiente no tienen nada que exhibir en esa materia a la sociedad dominicana, sino acabar con la credibilidad que necesita cualquier nación para echar hacia delante su economía y una cultura nacional de transparencia y de amor a lo suyo.
Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han reaccionado ante las declaraciones sobre corrupción del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, con una serie de acusaciones y descalificaciones en su contra.
Este funcionario siempre ha tenido la imagen de ser una persona de una gran integridad y excelente formación profesional.
Sin embargo, si algo se puede decir de Ceara Hatton es que él no es un especialista en Medio Ambiente y que sin dudas es un motivo para sostener que no está en el cargo para el que tiene competencia.
Pero de ahí a querer condenar las medidas tomadas por Ceara Hatton en contra de una serie de irregularidades encontradas en Medio Ambiente y de las que por lo menos una de ella ha sido confirmada por el propio protagonista de la misma, el periodista Guillermo Gómez, quien ha buscado justificar esas acciones con el argumento de que los beneficiados son perremeístas pobres que se fajaron en la pasada campaña electoral.
Lo que no se entiende cómo Guillermo Gómez se la pasa llamándoles corruptos a los peledeístas cuando recurre a la misma mala práctica.
Este periódico saluda la denuncia hecha por Ceara Hatton, porque precisamente eso fue lo que se prometió durante la campaña electoral.
Querer los perremeistas sacrificar a un técnico que prestigia su partido y su gobierno, constituye una falta de sensatez que al final es como amolar cuchillo para su propia garganta.
Este tipo de situaciones son las que constituyen una desgracia nacional, cuya principal responsable es la llamada partidocracia, la cual está conformada por los partidos Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, entre otros.
Son muchos los que si mantienen la conducta de Ceara Hatton no son bienvenidos ni en el partido ni en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno /PRM), pero menos en otras organizaciones que son iguales o peores.
Con la conducta de los perremeistas de buscar callar los que denuncian las botellas y las mafias que operan a lo interno del Gobierno, sólo pierde el país y la democracia.
La verdad es que cualquiera siente vergüenza ajena cuando se ve como se busca sacrificar y hacer saltar de un puesto público a un profesional capaz y además honesto a carta cabal.
La República Dominicana no sale de un escándalo que pone en entredicho la credibilidad de la democracia.
Ahora es la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), cuyos responsables de estos mensajes equivocados que se le envían diariamente a la ciudadanía tienen como protagonistas principales a los partidos políticos.
Todo se reduce a la manipulación del poder por parte de la llamada partidocracia, la cual está conformada por prácticamente todos los partidos, los grandes y los pequeños, que conforman la vida política nacional.
Son los grandes y los pequeños los que mantienen sumergido el país en un pantano que no parece tener salida en el futuro inmediato, porque su papel es sólo buscar dinero sin importar a qué precio.
La Cámara de Cuentas, que no hay forma de que cumpla con su rol, y por su parte la propia Junta Central Electoral, otro órgano corrompido hasta los tuétanos, pero que en el presente caso referido a la resolución emitida sobre la reserva de candidaturas, tiene toda la razón y algo más.
Sólo basta recordar el procedimiento del PRM, PLD, PRD y la propia Fuerza del Pueblo cuando de elegir un candidato democráticamente se trata.
Es de muy mala recordación la conducta del PRM cuando se debió escoger candidatos en algunas circunscripciones, cuya circunstancia fue aprovechada para violarlo todo, absolutamente todo, cuya conducta no es exclusiva de uno de los que conforman la partidocracia, sino de todos, absolutamente todos.
La reserva de candidaturas, aparte de que lesiona la democracia interna de los partidos, representa una forma de presentar como candidatos a personas seriamente comprometidas con el bajo mundo y la ilegalidad nacional e internacional.
Ahí está la explicación de que el Congreso Nacional esté saturado de personas que no reúnen las condiciones éticas y morales para hacer las leyes que regirán la sociedad.
Por esta y por muchas más razones tienen toda la razón el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral con la emisión de una resolución que busca mejorar el derecho constitucional de elegir y ser elegible.
También es una forma de recuperar, aunque sea mínimamente, la credibilidad perdida por la democracia a través de los órganos y entes del Estado, así como de los mecanismos creados por éste para tener una mejor nación.
De manera, que la reacción de los partidos políticos no tiene otro propósito que darle continuación a maniobras poco éticas e inmorales a través de los procesos internos para escoger los candidatos a los diferentes cargos electicos que habrán de seleccionarse en el próximo certamen electoral.