Editorial
Hay que hilar muy fino.
La denuncia que se ha producido hasta prueba en contrario de que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macurrulla, fue beneficiado con la adjudicación de la construcción de uno de los pabellones de la nueva cárcel que sustituirá a la Penitenciaria Nacional de La Victoria, arroja muchas dudas sobre el manejo dado al asunto por el Poder Ejecutivo.
La revelación de la Directora de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción del Gobierno, Milagros Ortiz Bosch, de que hace cuatro meses que se reunió con el alto funcionario parece lanzar más dudas sobre el proceso que debió seguirse ante las imputaciones hechas al grupo que fue beneficiado con la referida obra, sobre todo porque en el caso de Macarrulla se agrega un elemento que complica la situación y es la versión de que el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue empleado de una de las empresas del Ministro de la Presidencia.
Lo otro que también genera dudas es que el Ministerio Público califica en el expediente como muy grave el manejo dado al presupuesto para la construcción de esa obra y los vicios de construcción de que adolece la misma, pero entonces por qué no han sido investigadas las compañías constructoras de la nueva cárcel, porque se supone que las mismas cuentan con ingenieros especialistas en suelo y en todo lo que implica una construcción de esa magnitud.
Entonces si de transparencia se habla por qué se ha dejado en una nebulosa la asignación de una obra pública afectada de tantos problemas de transparencia y por qué Macarrulla no ha dado su versión sobre lo dicho al respecto.
Cualquiera pudiera deducir, aunque no sea así, que su condición de alto funcionario del Gobierno y socio de tal vez el grupo económico más poderoso del país, ha provocado que no sea tomado en cuenta en el proceso de investigación.
No conoce el presidente de la República Luis Abinader los detalles de las imputaciones y que Macarrulla es parte del escándalo, lo cual no se despeja con denunciar una campaña de descrédito en su contra, porque lo publicado hasta ahora habla precisamente de por qué él no ha sido abordado por la autoridad competente y por el órgano persecutor para que explique los detalles de las irregularidades encontradas en el proceso y que están consignadas en el expediente de la Operación Medusa?
Nadie duda que la oposición, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se aprovecha de estas debilidades del proceso para alegar todo lo que le viene a su cabeza, porque esa organización ahora es la defensora de lo mal hecho sobre la base de decir lo que no se corresponde con la lógica y la transparencia.
El caso Macarrula toma cuerpo en el país, porque en honor a la verdad en este caso hay conexiones de los mismos grupos para depredar el Estado, sobre la base de la construcción de obras y para confabularse con los que no tienen ningún tipo de miramiento para alzarse con el patrimonio publico.
En el presente caso debe dar una explicación muy clara el Gobierno de Luis Abinader y los miembros del Ministerio Público que manejan la Operación Medusa, aunque todavía se podría alegar que la investigación está en desarrollo y que esas indagatorias se realizarán en el curso del proceso.
Cualquiera que sea la explicación, el pueblo dominicano la necesita para medir el nivel de transparencia que prevalece en un caso que resulta sumamente interesante para la vida nacional, porque nadie niega que la corrupción se traga el país, pero todos los procesos deben darse en el marco de la figura constitucional de la igualdad para que la medicina no sea peor que la enfermedad.
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.
Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.
Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.
El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.
Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.
La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.
En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.
El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.
Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.
La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.
La elección de Mandami no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.