Editorial
Hay que hilar muy fino.
La denuncia que se ha producido hasta prueba en contrario de que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macurrulla, fue beneficiado con la adjudicación de la construcción de uno de los pabellones de la nueva cárcel que sustituirá a la Penitenciaria Nacional de La Victoria, arroja muchas dudas sobre el manejo dado al asunto por el Poder Ejecutivo.
La revelación de la Directora de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción del Gobierno, Milagros Ortiz Bosch, de que hace cuatro meses que se reunió con el alto funcionario parece lanzar más dudas sobre el proceso que debió seguirse ante las imputaciones hechas al grupo que fue beneficiado con la referida obra, sobre todo porque en el caso de Macarrulla se agrega un elemento que complica la situación y es la versión de que el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue empleado de una de las empresas del Ministro de la Presidencia.
Lo otro que también genera dudas es que el Ministerio Público califica en el expediente como muy grave el manejo dado al presupuesto para la construcción de esa obra y los vicios de construcción de que adolece la misma, pero entonces por qué no han sido investigadas las compañías constructoras de la nueva cárcel, porque se supone que las mismas cuentan con ingenieros especialistas en suelo y en todo lo que implica una construcción de esa magnitud.
Entonces si de transparencia se habla por qué se ha dejado en una nebulosa la asignación de una obra pública afectada de tantos problemas de transparencia y por qué Macarrulla no ha dado su versión sobre lo dicho al respecto.
Cualquiera pudiera deducir, aunque no sea así, que su condición de alto funcionario del Gobierno y socio de tal vez el grupo económico más poderoso del país, ha provocado que no sea tomado en cuenta en el proceso de investigación.
No conoce el presidente de la República Luis Abinader los detalles de las imputaciones y que Macarrulla es parte del escándalo, lo cual no se despeja con denunciar una campaña de descrédito en su contra, porque lo publicado hasta ahora habla precisamente de por qué él no ha sido abordado por la autoridad competente y por el órgano persecutor para que explique los detalles de las irregularidades encontradas en el proceso y que están consignadas en el expediente de la Operación Medusa?
Nadie duda que la oposición, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se aprovecha de estas debilidades del proceso para alegar todo lo que le viene a su cabeza, porque esa organización ahora es la defensora de lo mal hecho sobre la base de decir lo que no se corresponde con la lógica y la transparencia.
El caso Macarrula toma cuerpo en el país, porque en honor a la verdad en este caso hay conexiones de los mismos grupos para depredar el Estado, sobre la base de la construcción de obras y para confabularse con los que no tienen ningún tipo de miramiento para alzarse con el patrimonio publico.
En el presente caso debe dar una explicación muy clara el Gobierno de Luis Abinader y los miembros del Ministerio Público que manejan la Operación Medusa, aunque todavía se podría alegar que la investigación está en desarrollo y que esas indagatorias se realizarán en el curso del proceso.
Cualquiera que sea la explicación, el pueblo dominicano la necesita para medir el nivel de transparencia que prevalece en un caso que resulta sumamente interesante para la vida nacional, porque nadie niega que la corrupción se traga el país, pero todos los procesos deben darse en el marco de la figura constitucional de la igualdad para que la medicina no sea peor que la enfermedad.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.