Editorial
Hay que hilar muy fino.
La denuncia que se ha producido hasta prueba en contrario de que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macurrulla, fue beneficiado con la adjudicación de la construcción de uno de los pabellones de la nueva cárcel que sustituirá a la Penitenciaria Nacional de La Victoria, arroja muchas dudas sobre el manejo dado al asunto por el Poder Ejecutivo.
La revelación de la Directora de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción del Gobierno, Milagros Ortiz Bosch, de que hace cuatro meses que se reunió con el alto funcionario parece lanzar más dudas sobre el proceso que debió seguirse ante las imputaciones hechas al grupo que fue beneficiado con la referida obra, sobre todo porque en el caso de Macarrulla se agrega un elemento que complica la situación y es la versión de que el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue empleado de una de las empresas del Ministro de la Presidencia.
Lo otro que también genera dudas es que el Ministerio Público califica en el expediente como muy grave el manejo dado al presupuesto para la construcción de esa obra y los vicios de construcción de que adolece la misma, pero entonces por qué no han sido investigadas las compañías constructoras de la nueva cárcel, porque se supone que las mismas cuentan con ingenieros especialistas en suelo y en todo lo que implica una construcción de esa magnitud.
Entonces si de transparencia se habla por qué se ha dejado en una nebulosa la asignación de una obra pública afectada de tantos problemas de transparencia y por qué Macarrulla no ha dado su versión sobre lo dicho al respecto.
Cualquiera pudiera deducir, aunque no sea así, que su condición de alto funcionario del Gobierno y socio de tal vez el grupo económico más poderoso del país, ha provocado que no sea tomado en cuenta en el proceso de investigación.
No conoce el presidente de la República Luis Abinader los detalles de las imputaciones y que Macarrulla es parte del escándalo, lo cual no se despeja con denunciar una campaña de descrédito en su contra, porque lo publicado hasta ahora habla precisamente de por qué él no ha sido abordado por la autoridad competente y por el órgano persecutor para que explique los detalles de las irregularidades encontradas en el proceso y que están consignadas en el expediente de la Operación Medusa?
Nadie duda que la oposición, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se aprovecha de estas debilidades del proceso para alegar todo lo que le viene a su cabeza, porque esa organización ahora es la defensora de lo mal hecho sobre la base de decir lo que no se corresponde con la lógica y la transparencia.
El caso Macarrula toma cuerpo en el país, porque en honor a la verdad en este caso hay conexiones de los mismos grupos para depredar el Estado, sobre la base de la construcción de obras y para confabularse con los que no tienen ningún tipo de miramiento para alzarse con el patrimonio publico.
En el presente caso debe dar una explicación muy clara el Gobierno de Luis Abinader y los miembros del Ministerio Público que manejan la Operación Medusa, aunque todavía se podría alegar que la investigación está en desarrollo y que esas indagatorias se realizarán en el curso del proceso.
Cualquiera que sea la explicación, el pueblo dominicano la necesita para medir el nivel de transparencia que prevalece en un caso que resulta sumamente interesante para la vida nacional, porque nadie niega que la corrupción se traga el país, pero todos los procesos deben darse en el marco de la figura constitucional de la igualdad para que la medicina no sea peor que la enfermedad.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana