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Editorial

Hay que hilar muy fino.

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La denuncia que se ha producido hasta prueba en contrario de que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macurrulla, fue beneficiado con la adjudicación de la construcción de uno de los pabellones de la nueva cárcel que sustituirá a la Penitenciaria Nacional de La Victoria, arroja muchas dudas sobre el manejo dado al asunto por el Poder Ejecutivo.

La revelación de la Directora de Ética, Transparencia y  Prevención de la Corrupción del Gobierno, Milagros Ortiz Bosch, de que hace cuatro meses que se reunió con el alto funcionario parece lanzar más dudas sobre el proceso que debió seguirse ante las imputaciones hechas al grupo que fue beneficiado con la referida obra, sobre todo porque en el caso de Macarrulla se agrega un elemento que complica la situación y es la versión de que el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue empleado de una de las empresas del Ministro de la Presidencia.

Lo otro que también genera dudas es  que el Ministerio Público califica en el expediente como muy grave el manejo dado al presupuesto para la construcción de esa obra y los vicios de construcción de que adolece la misma, pero entonces por qué no han sido investigadas las compañías constructoras de la nueva cárcel, porque se supone que las mismas cuentan con ingenieros especialistas en suelo y en todo lo que implica una construcción de esa magnitud.

Entonces si de transparencia se habla por qué se ha dejado en una nebulosa la asignación de una obra pública afectada de tantos problemas de transparencia y por qué Macarrulla no ha dado su versión sobre lo dicho al respecto.

Cualquiera pudiera deducir, aunque no sea así, que su condición de alto funcionario del Gobierno y socio de tal vez el grupo económico más poderoso del país, ha provocado que no sea tomado en cuenta en el proceso de investigación.

No conoce el presidente de la República Luis Abinader los detalles de las imputaciones y que  Macarrulla es  parte del escándalo, lo cual no se despeja con denunciar una campaña de descrédito en su contra, porque lo publicado hasta ahora habla precisamente de por qué él no ha sido abordado por la autoridad competente y por el órgano persecutor para que explique los detalles de las irregularidades encontradas en el proceso y que están consignadas en el expediente de la Operación Medusa?

Nadie duda que la oposición, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se aprovecha de estas debilidades del proceso para alegar todo lo que le viene a su cabeza, porque esa organización ahora es la defensora de lo mal hecho sobre la base de decir lo que no se corresponde con la lógica y la transparencia.

El caso Macarrula toma cuerpo en el país, porque en honor a la verdad en este caso hay conexiones de los mismos grupos para depredar el Estado, sobre la base de la construcción de obras y para confabularse con los que no tienen ningún tipo de miramiento para alzarse con el patrimonio publico.

En el presente caso debe dar una explicación muy clara el Gobierno de Luis Abinader y los miembros del Ministerio Público que manejan la Operación Medusa, aunque todavía se podría alegar que la investigación está en desarrollo y que esas indagatorias se realizarán en el curso del proceso.

Cualquiera que sea la explicación, el pueblo dominicano la necesita para medir el nivel de transparencia que prevalece en un caso que resulta sumamente interesante para la vida nacional, porque nadie niega que la corrupción se traga el país, pero todos los procesos deben darse en el marco de la figura constitucional de la igualdad para que la medicina no sea peor que la enfermedad.

 

 

 

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Editorial

Una Propuesta que sale de lo más profundo del alma.

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Negar la enorme influencia del papa e incluso a nivel de todas las corrientes religiosas, es estar fuera de la realidad, máxime cuando el máximo representante de la Iglesia Católica proyecta un nivel importante de sensibilidad social.

Cuando surge un papado marcado por el amor hacia los más débiles, que no se quede sólo en un discurso, sino en una práctica que deje huellas profundas en los pueblos, podría significar la llegada de una nueva era en este entorno.

Este interés no puede concretarse en hechos reales si no se hace a partir de las particularidades de cada nación, lo cual puede ser lograble sólo a través del papa.

Este propósito no es alcanzable ni siquiera mediante la buena voluntad de las iglesias locales, pese a que para lograrlo deben estar seriamente involucradas, pero dirigidas por el papa, el cual actualmente es un hombre que por su trayectoria, sensibilidad, vínculos y condiciones puede generar una gran transformación internacional, pero a partir de realidades muy particulares y concretas.

Es producir un cambio en el mundo a partir de lo pequeño a lo grande, de abajo hacia arriba, para entonces convertir ese logro en un asunto de alcance mundial.

En realidad, se trata de una visión de ir de lo particular a lo general, con metas concretas y específicas en las que intervengan los Estados, los ciudadanos y los medios de comunicación social para propagar la tarea a desarrollar con rapidez y largo alcance.

El mundo de hoy necesita de un líder de esa dimensión y a juicio de este diario esa condición sólo la reúne en estos momentos con el papa León X1V.

Las sociedades, sobre todo las que carecen de Estados fuertes, con alto nivel de institucionalidad, se sumergen cada día en una corrupción más profunda con tendencia a contaminarlo todo, absolutamente todo.

Lo preocupante del problema es el nivel de tolerancia de la gente con el proceso de descomposición que proyecta lo que está mal como lo normal, lo podrido como sano.

El Papa es el que tiene en sus manos la posibilidad de iniciar ese proceso de cambios que no puede quedarse sólo en el discurso, en las palabras, sino en una consistente gestión de llevar esperanza y sanidad a todos y cada uno de los pueblos del mundo.

El momento es oportuno con la elección de un nuevo Papa que entiende este tema y que podría convertirse en el principal agente de cambios positivos en sociedades altamente contaminadas.

Manos a la obra.

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Editorial

Es algo del pasado en Estados Unidos el «Check and Balance».

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La tradición y las enseñanzas en derecho constitucional que ha representado los Estados Unidos para todo el mundo parece que ha llegado a su fin.

Ahora mismo en la potencia más grande del mundo no hay ningún referente de que se respeten los controles y equilibrios del constitucionalismo que se establecieron allí desde su nacimiento como nación fuerte y poderosa.

Parece que este gran país ha retrocedido a los tiempos de las cavernas, ya que los derechos no tienen ningún tipo de importancia en un referente tan valioso para el derecho constitucional mundial.

Lo peor de todo esto es que el Parlamento y la propia Suprema Corte lucen que ha perdido su fortaleza frente a un presidente que todas sus medidas constituyen un exceso y grave atropello al Estado de Derecho.

Hoy la gente tiembla, sobre todo el inmigrante, no importa que sea indocumentado, residente o ciudadano, dado que tiene miedo hasta salir a las calles porque no sabe con qué le puede salir la autoridad competente.

Se trata de un fenómeno que nadie se podía imaginar en un país que es un paladín en derecho constitucional y en el respeto de los derechos humanos y fundamentales.

Es una realidad que amenaza a todo el planeta, porque da pie a que cualquier presidente del mundo con vocación dictatorial escoja el camino de la barbarie y que no haya nadie con moral para detener sus acciones.

Conjuntamente con la violación del Estado de Derecho en los Estados Unidos se restringe la libertad que se supone tiene cada nación para establecer relaciones con quien les parezca.

Hay una persecución que también preocupa en un mundo donde los respectivos países se supone que tienen la libertad de diseñar sus políticas en lo que respecta a relaciones internacionales con otros Estados.

En realidad, se trata de un retroceso que deja clara la idea de que las democracias occidentales han entrado en crisis y que su destino a partir de lo que ocurre en la potencia del norte será de un mayor deterioro.

 

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Editorial

Peligra en el país el Estado Social Democrático y de Derecho?

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No hay otra explicación de que lo que se produce entre los que defienden y los que rechazan las candidaturas independientes no es otra cosa que lo que muchos tratadistas del tema han calificado como una fuerte confrontación entre la ciencia política y el derecho.

Y no es menos de ahí, porque todo el mundo sabe que los partidos políticos tienen el control total del poder público, desde el poder Legislativo hasta el Ejecutivo y el Judicial, pero además este tipo de organización también tiene el monopolio del sistema electoral.

De tal suerte que cuenta con las herramientas para sabotear cualquier alternativa de participación democrática que permita por lo menos modificar la democracia que se ha construido en el país, la cual hasta el año 2010 era totalmente desigual, pero que falta ver si toma fuerza la corriente de proteger los derechos fundamentales o que la Constitución sea un pedazo de papel o una pantalla, que no tiene nada que ver con el nuevo constitucionalismo que se practica e impacta  mundo.

El derecho comparado habla muy claro con respecto a la referida figura jurídica de las candidaturas independientes, las cuales tienen su aparición y vigencia en prácticamente todos los países del hemisferio, como Colombia, Paraguay, argentina, Chile, El Salvador, Honduras, entre muchos otros.

El director de este diario ha dicho en muchos de los escenarios en los que ha hecho sentir su enfoque sobre las candidaturas independientes, que éstas no representan necesariamente una vía para que por ahí aparezca sólo un santo, sino también un diablo, pero que en razón de que los partidos son instrumentos muy corrompidos, las mismas tienen que ser una opción inaplazable para buscar mejorar la democracia nacional.

Este es un riesgo que debe correrse la democracia nacional, porque ya ha habido otros tantos que sólo han traído malestar y violación de los derechos sociales y fundamentales, total que tanto los que preconizan el Estado Liberal como el Estado Social defienden la libertad individual y la igualdad social, es decir, que ambos al final de cuentas abogan por causas que giran alrededor de los derechos ciudadanos.

Lo otro es que con esta figura jurídica se pone a prueba el Estado Social Democrático y de Derecho de que tanto se habla en el país y que está consignado en el artículo 8 de la Constitución de la República.

Es un verdadero reto para la democracia nacional, la cual es un principio de la Constitución, cuya  amenaza a este respecto proviene del órgano que tiene la misión de dirigir y montar el proceso electoral, el cual ha presentado un proyecto de ley para reglamentar las candidaturas independientes que borra los avances que ha tenido el país en torno al derecho, valor y principio de igualdad.

El tema luce interesante en función de que el constitucionalismo dominicano siga por el camino trazado por la Constitución del 2010 y todo el derecho internacional, lo cual parece distorsionarse de una mala manera en algunas circunstancias como la que ocurre actualmente con las candidaturas independientes.

Todas las violaciones que se cometan en los actuales momentos implican que el país se dirige a un sistema de fuerza que se sale del principio de razonabilidad y de legalidad que caracteriza a todas las sociedades que han abrazado el neo-constitucionalismo y consecuentemente el Estado Social Democrático y de Derecho.

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