Análisis Noticiosos
Hay que mantener el voto preferencial
Por Juan Bolívar Díaz
El Senado debe seguir la pauta trazada por los diputados que en septiembre aprobaron un proyecto de ley ratificando la institución democrática del voto preferencial que la Junta Central Electoral (JCE) propuso eliminar lo que aumentaría el poder de las cúpulas partidarias y reduciría la independencia del Poder Legislativo.
En vez de restringir el derecho a elegir y ser electo, debería ser ampliado separando la elección de los diputados de los senadores y de los regidores de los alcaldes concomitantemente con una ley que fortalezca la democracia interna de los partidos y evite la imposición del dinero sobre la voluntad democrática.
Proyecto congelado. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que ratifica el voto preferencial que rigió en las tres últimas elecciones legislativas, el 11 de septiembre pasado, las cúpulas de los partidos dominantes hacen esfuerzo por evitar su ratificación por parte del Senado de la República.
Tanto el doctor Leonel Fernández como el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se han manifestado públicamente contra el voto preferencial. El primero tiene notable influencia sobre gran parte de los 31 senadores de su partido. El otro es el reformista Amable Aristy Castro, mientras el PRD no tiene representación en esa cámara. Fernández y Vargas prefieren las listas cerradas con las que aumentan los poderes de quienes inscriben las candidaturas, al reservarse el orden en que aparecen los diputados, garantizando la elección a los primeros.
Entre los diputados, que favorecieron el proyecto abrumadoramente al aprobarlo en dos lecturas consecutivas con votación de131 a 11 y 121 a 14, se teme que los senadores atiendan la opinión de las cúpulas. Uno de los argumentos para bloquear la pieza ha sido que esa materia debe incluirse en la Ley de Partidos que se viene debatiendo desde 1998 y que ha ingresado infructíferamente una decena de veces a la agenda legislativa.
Como los actuales diputados fueron electos por el voto preferencial, y la mayoría prefiere mantener un sistema de elección que les garantizó su escogencia, lo que muchos, sobre todo los más independientes, creen que no hubiese ocurrido de haber dependido del orden de colocación en las boletas, como establecía el sistema tradicional. Distinto es el caso de los senadores, ya que muchos de ellos fueron señalados por la dirección partidaria.
Principales objeciones. En octubre del 2010, tras la última elección congresual y municipal, separadas de la presidencial, mediante su resolución 74-20l0, la JCE dejó sin efecto su resolución 05 del 2001 que había instituido el voto preferencial como resultado de un amplio consenso político-social que implicó la Reforma de la Ley Electoral 275-97, aprobada en diciembre del 2001. El órgano de administración electoral consideró que “no había tiempo” para implementarla en los comicios del 2002 por lo que se dejó para el 2004, y evadió aplicarlo para los regidores, como se había aprobado.
La eliminación del voto preferencial no fue fruto del consenso como su instauración, pero la mayoría de la JCE recogió las objeciones que le venían haciendo los líderes políticos, agregándole el hecho de que resulta más trabajoso el cómputo y que muchos gerentes de los colegios electorales no lograron cuadrar los resultados del escrutinio, evidenciándose las carencias matemáticas de los dominicanos.
Las mayores objeciones han sido que el voto preferencial origina competencias y divisiones al interior de los partidos, y favorece a los candidatos con mayor poder económico que sacan ventajas de la publicidad y arrancan con más anticipación, y encarece las campañas de los partidos. También que el preferencial impide garantizar la cuota femenina y la de los aliados.
En el 2010 tras la última elección congresual, la Cámara Contenciosa de la JCE fue apoderada de una treintena de impugnaciones por candidatos a diputados de los mismos partidos, incluyendo la repetida denuncia de que algunos “invertían” en delegados a las mesas para obtener votos fraudulentos.
Esencia de la democracia. La esencia de la democracia es que el elector tenga oportunidad de elegir directamente, no a través de listados cerrados determinados a conveniencia de los líderes partidarios. El preferencial se instauró junto a las circunscripciones en la reforma a la ley electoral de 1997. Su artículo 79 expresa su esencia democrática: “Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los elijan”.
Se dejó en manos de la JCE reglamentar el voto por circunscripciones y preferencial y se mantuvo el arrastre del senador por la elección de los diputados. Desde entonces las organizaciones sociales abogaron porque tanto la boleta legislativa como la municipal permitieran al elector votar separadamente por el senador y los diputados como por el síndico, ahora alcalde, y los regidores, lo que sería más democrático.
Al no depender del lugar en que los coloquen en las boletas, tanto los diputados como los regidores tendrían más posibilidades de independencia, de ser más fieles a sus electores que a las directrices de un sistema partidario donde no predominan las ideologías ni los proyectos de bien común.
Ahora que las elecciones congresuales y municipales volverán a realizarse en el mismo año que las presidenciales, con pocas semanas de diferencia, sería más democrático mantener el voto preferencial al menos para los diputados a fin de reducir los efectos del arrastre del voto por los candidatos a la presidencia y dejar un mayor margen de independencia a la cámara baja.
Falta reglamentación. Es cierto que tal como ha operado en el país el voto preferencial genera efectos secundarios no deseados, como los antes señalados. Pero todos se pueden controlar mediante reglamentación, que es lo que no quieren los líderes políticos. Tienen razón también en considerar que esa materia debe ser parte de la ley de partidos, pero ésta no acaba de ser aprobada. El primer proyecto de Ley de Partidos fue fruto de un amplio consenso entre líderes políticos y sociales en el marco de la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en el primer gobierno del doctor Fernández Reyna (l996-00), a quien le fue entregado en 1999.
Durante el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía (2000-04), esa Comisión, rebautizada como Consejo Nacional para Reforma del Estado, volvió a consensuar la ley de partidos. El PRD mantuvo mayoría en las cámaras legislativas hasta el 2006, desde cuando la tiene el PLD, pero ninguno ha aprobado la ley, aunque ha sido objeto del pacto del 2005 entre Leonel Fernández y Vargas Maldonado, y de un compromiso firmado en la campaña electoral del 2012 que prometía aprobarla en seis meses.
Para garantizar un buen desempeño del voto preferencial sería preciso limitar el tiempo de campañas y la inversión, que los candidatos a diputados no puedan promoverse individualmente en la prensa, radio y televisión, sino directamente y sólo en su circunscripción.
No es cierto que la eliminación del voto preferencial reduzca el clientelismo ni las marrullerías al interior de los partidos. Del mismo se llegó a registrar más de una lista por partido, porque había un tráfico de influencia por los primeros lugares. La eliminación de los barrilitos y cofrecitos sería también esencial para garantizar igualdad democrática, más ahora cuando los actuales legisladores habrán estado seis años recibiendo financiamiento para promoverse, en detrimento de quienes se presenten como alternativa.
Retroceden las reformas
El voto preferencial fue parte del proceso de reformas políticas e institucionales con que avanzó la nación en los años noventa hasta el 2002, cuando el PRD y Mejía anularon la prohibición de la reelección presidencial establecida en la Constitución de 1994 para reducir los abusos del patrimonio público en aras del continuismo.
La reforma constitucional del 94 también incluyó la separación de las elecciones, el voto de los residentes en el exterior, la doble nacionalidad y la mayoría del 50 por ciento para elegir al presidente.
La reforma de la ley electoral incluyó la cuota mínima del 33 por ciento de las postulaciones para la mujer, y el financiamiento estatal a los partidos políticos y las consultas de la JCE a los partidos como elemento necesario para sus decisiones.
Hubo un largo proceso de seminarios y consultas entre los sectores políticos y sociales, donde se fraguaron las reformas políticas, como también las sociales, incluyendo el código laboral y la ley de seguridad social. Varias de esas reformas han sido revocadas y algunas, como las de partido y participación social, no se han materializado, por clara resistencia del liderazgo político que ha impuesto un pragmatismo salvaje con el clientelismo, la manipulación electoral y la corrupción.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.